Herbert Danilo Vega dice ser un abogado independiente que está cansado de la mala situación económica, política y social de El Salvador. Por eso, en los últimos cuatro años, ha puesto alrededor de 250 demandas que afectan los intereses de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el expresidente Mauricio Funes, la exprimera dama Vanda Pignato, Arena, el FMLN, jueces, diputados... Vega, como él mismo lo define, 'protesta' contra todo lo que está mal hecho, y su protesta se transforma en sendos escritos jurídicos que terminan evacuándose, la mayoría, en la Sala de los Constitucional.
Algunas de sus demandas han provocado rotundos parteaguas en una Corte Suprema acostumbrada a la inacción. Por ejemplo, sin su exigencia en 2015 por la liberación de la declaración patrimonial del magistrado Rodolfo González, los informes en poder de la sección de Probidad -aquellos que permitieron conocer los extraños enriquecimientos de figuras como el expresidente Funes- probablemente seguirían como reservados.
Sus reclamos han sido muchos y variopintos, pero baste otro ejemplo para sintetizar sus contundencias. Vega ha puesto en aprietos a la presidencia de la República y al secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez. El gobierno de Funes declaró como información reservada los gastos en publicidad y todo lo concerniente a los viajes de la pareja presidencial. Luego de que dos peticionarios argumentaran ante el Instituto de Acceso a la Información que esa información debía de ser pública, el IAIP falló a favor de la Presidencia, con dos argumentos que contrariaban el espíritu de la ley. 'El IAIP es controlado por la Secretaría de Transparencia', denuncia Vega, quien vio ahí una vulneración al derecho de acceso a la información. Entonces acudió a la Sala y ganó. De nuevo. Ahora la Presidencia debe revelar esos gastos en publicidad y viajes del gobierno de Funes -y de todos sus antecesores- con la complicación de que la de Funes está, curiosamente, extraviada. O como se defiende Marcos Rodríguez: 'no se encuentra'.
Vega, de 52 años, asegura que no representa a ningún partido, sector u organización y que actúa por cuenta propia, porque su única motivación es intentar arreglar al país. Estudió derecho en la Universidad de El Salvador, pero terminó graduándose en 1994 en la Universidad Salvadoreña. Nunca ha dado clases porque dice que prefiere vivir de su trabajo como litigante. Cuenta que lo inspiró a actuar aquel dicho de los magistrados de la Sala, cuando para perfilar su independencia decían que eran 'incoloros, inodoros e insaboros'. Cuatro años después, hasta a esos magistrados cuestiona este abogado, y cuenta episodios en los que, a su juicio, las resoluciones de la Sala no han sido transparentes o han estado inclinadas para proteger a la Corte o a partidos políticos.
Su última aventura toca de manera directa a los intereses de los sectores más conservadores de la sociedad salvadoreña, y para sacarla adelante incluso ha pedido apoyo económico a través de su cuenta en Twitter. 'Recibo donaciones para discutir ante Sala matrimonio del mismo sexo en El Salvador', tuiteó el 15 de septiembre. En un país con claras tendencias homofóbicas en la sociedad, en las instituciones del Estado -la Policía, por ejemplo- y en la clase política -los partidos de derecha en la Asamblea, por ejemplo-, Vega se ha metido con la prohibición del matrimonio igualitario. Según él es inconstitucional, y ya le argumentó a la Sala al respecto. La Sala , por el momento, le ha pedido una ampliación de la demanda.
¿A usted no le da miedo que en este país alguien le diga que el matrimonio igualitario es una locura?
Es que no es un país conservador. La sociedad no es conservadora. La sociedad está engañada, mentalmente confundida. Dice que respeta a la gente que tiene ese tipo de inclinaciones, pero se opone a que se les respeten sus derechos. Es una gran contradicción. Dicen que Dios es el que creó al ser humano, sí, pero ellos son seres humanos. Este es un tema técnico, jurídico, humano, social, que no es compatible con un tema teológico. No se puede abordar desde ese punto de vista.
¿Y en El Salvador con qué argumentos jurídicos se puede declarar una inconstitucionalidad de la exclusión del matrimonio entre personas del mismo sexo?
Es una inconstitucionalidad parcial, porque no se está impugnando el matrimonio. No. Se está impugnando la habilitación del matrimonio solamente entre hombre y mujer. Eso es lo que se está impugnando, porque la Constitución no hace esa distinción, esa limitación. La Constitución habla de la persona humana. Este tipo de personas humanas han existido desde el origen del ser humano, a lo largo de la historia vemos personas con inclinaciones sexuales distintas, variadas, diferentes, a nivel de monarquías, principados, reinados, funcionarios, empresarios, sacerdotes, monjas, deportistas, militares, personas comunes, mujeres, hombres. Aquí han estado siempre. Nos los encontramos en todas partes donde vayamos. Han sido discriminados por la sociedad, pero no pueden ser discriminados por las leyes. De eso se trata, de que estas personas humanas se les respeten sus derechos y por eso he sometido a discusión ese tema en la Sala. Yo espero un análisis técnico, jurídico, excluido de una perspectiva teológica para que la Sala acepte que este tipo de personas existen y que tienen sus derechos, que aportan a la sociedad, aportan al Estado, tienen sus trabajos, pagan sus impuestos, sufren y gozan igual que todos. Muchos son docentes universitarios, estudiantes, estudiantes de escuelas y colegios. Son una realidad que no se puede negar. No debe negarse. Es imposible que a estas alturas del siglo XXI se sigan manteniendo en la edad media. Allá en el medio oriente el estado islámico los mata. Eso no puede ser.
¿Hay suficientes argumentos jurídicos para favorecer o para que se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo?
Hay suficientes argumentos porque la Constitución de 1983, en realidad, no se vive. Por eso es inaceptable decir que hay que cambiarla, porque no es la ley la que tienen que cambiar. Es el ser humano el que tiene que cambiar. El código penal y el procesal penal sufrió desde el 2002 hasta esta fecha más de 300 reformas porque el problema no es la ley, es el salvadoreño, que no es disciplinado, que no es ordenado, que no se apega al orden jurídico establecido. Siempre quiere contradecirlo, incumplirlo, violentarlo. La Constitución de 1983 tiene como base a la persona, al ser humano, la persona humana. Sobre eso tiene que girar todo, y este tipo de personas son personas humanas. Tienen que ser valoradas y, si es posible, tienen que tener una ley especial para ellos, un marco jurídico que sea para ellos, porque su pensamiento es distinto, sus problemas son distintos, sus padecimientos físicos son distintos. Son diferentes, pero son personas humanas y por lo tanto se les tienen que reivindicar sus derechos. Aquí la gente ve a un homosexual y se burla. Eso no puede ser. Hay infinidad de historias de jóvenes que los han echado de la casa por eso. No puede ser. Uno tiene que aceptar lo que la naturaleza le ha dado. Si le dio un hijo o una hija así, ¿por qué lo va a dejar de querer? ¿Por qué lo va a echar? Están discriminados, marginados, excluidos. Este país tiene que cambiar. Yo no he sometido este tema a discusión de la gente ni de la Iglesia, no, yo he sometido este tema a discusión en la Sala de lo Constitucional. Mi discusión es técnica jurídica con los magistrados. A la luz del Derecho.
¿Se reunió en algún momento con organizaciones de la diversidad para formular esta demanda?
No, para nada. Yo ando aquí en la calle y yo veo. Por ejemplo, allá están aquellas dos personas, están pidiendo. Hay dos sentados. Hay niños pidiendo, adultos mayores pidiendo, gente discapacitada pidiendo, eso es inaceptable. ¿Qué dice la Constitución? Dice que el Estado tomará para sí a ese tipo de gente. No lo hacen. No lo hacen las oenegés, no lo hacen las iglesias, no lo hace el gobierno ni las instituciones ni las alcaldías. Eso no puede pasar. A esta gente hay que rescatarla. Hay que ayudarles, prepararlos para que puedan hacerse responsables de sí mismos. El sistema es excluyente económica y culturalmente. Esas son experiencias que ahí están. La gente las mira como a aquel poste. No les preocupa, pero yo no puedo aceptar eso.
Usted no solo ha puesto esta demanda de inconstitucionalidad, sino que en los últimos años ha puesto otro gran cantidad tanto en la Corte como en el IAIP. ¿Cómo es que surge su interés por interponer esta gran cantidad de demandas en la FGR, en el IAIP y, sobre todo, las que ha interpuesto en la Sala de lo Constitucional? ¿Cómo es que un día Herbert Danilo Vega dice 'voy a poner esta demanda por este caso o por este otro caso?
Bueno, llegué a mi límite como ciudadano. De ver un país destruido socialmente, económicamente, secuestrado políticamente por las cúpulas partidarias y por los millonarios. Llegué a mi límite y dije: '¡no!'. Hace muchísimos años me dijo un señor: 'mire, usted no se ha dado cuenta de lo poderoso que son los conocimientos jurídicos que usted está obteniendo, pero un día se va a dar cuenta'. Dije yo: 'es cierto'. Entonces empecé a utilizar mis conocimientos jurídicos para cambiar este país. Yo quiero cambiar este país. No quiero irme de este país, mejor prefiero transformar este país pacíficamente y lo voy a hacer a través de las leyes, a través de lo jurídico. Entonces empecé atacando la reforma judicial que comenzó en el 2002 con un nuevo código penal y procesal penal. Empecé a atacar el monopolio de la FGR en la acción penal.
¿Pero y usted en esa entonces a qué se dedicaba?
No, yo siempre he sido independiente, pero percibí también que este país estaba secuestrado por los grupos empresariales muy fuertes, está secuestrado por grupos políticos minoritarios, pero poderosos, y había que hacer algo. Había que transformar la sociedad. Había que transformar las esferas políticas. Entonces me motivó cuando los magistrados de la Sala de lo Constitucional dijeron: somos inoloros, somos incoloros y somos insaboros (sic). Vaya dije yo, esto es lo que este país necesita, funcionarios independientes, funcionarios responsables, funcionarios comprometidos, no con el Estado de Derecho, porque no estamos en un Estado de Derecho, estamos en un Estado legal.
Cuando los actuales magistrados fueron electos para la Sala de lo Constitucional a usted no le generaron alguna duda o desconfianza, es decir, ¿qué señales vio en estos magistrados como para creerles y confiar en ellos?
No, es que yo no confío en ellos. No confío. Yo le exijo más a la Sala. Le pido más esfuerzo a la Sala, más compromiso. Yo cada vez le exijo más intervención en el cumplimiento de la Constitución y no ha pasado. Lo que ellos han hecho es mínimo para lo que ellos pudieron haber hecho. Les queda poco tiempo y yo espero, con las últimas declaraciones que han dado, yo les tomo la palabra cuando ellos dicen 'nadie nos va a detener'. Yo espero que eso sea así.
Desde que empezó esta gestión de los actuales magistrados de la Sala, ¿cuántas demandas ha puesto usted?
Lo mínimo son 250 sobre varios temas.
¿Y de estas demandas cuáles son las más importantes para usted, o las que usted cree que son las más importantes para el país?
Todas son importantes, pero al percibir que la Sala de lo Constitucional me limitaba en mis derechos, decidí irme con la ley de Acceso a la Información Pública. Al leer varias resoluciones de la Sala en materia de responsabilidad de funcionarios públicos yo llegué a la conclusión de que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos al tomar posesión deberían de ser públicas. Entonces yo tenía que comprobar esa tesis. Pedí la declaración de un magistrado de la CSJ en el Órgano Judicial, en la oficina de información, me la rechazaron. Yo ya sabía que iba a ser así. Apelé, me fui al IAIP y el Instituto ordenó que dichas declaraciones tenían la característica de ser de acceso al público.
¿Qué le argumentó usted al IAIP cuando fue y puso el recurso de apelación?
Eso. Que eran públicas. Y le di argumentos de resoluciones de la Corte, de la Sala donde decía que la privacidad de los funcionarios públicos se reducía a partir de que estaban ejerciendo un cargo público, de que tenían que ser transparentes, de que tenían que ser proba. Entonces si un funcionario presenta su declaración dentro de los 60 días al no más tomar posesión, él no era funcionario antes, por lo tanto su declaración tenía que ser pública, porque no es como funcionario, sino que es antes. Entonces el IAIP ordenó que se hiciera público. Hubo resistencia por parte de la Sala, por la Corte y por los magistrados, hasta que al final aceptaron que se hiciera pública y a partir de eso que esa puerta que se abrió, y que demostré que la Ley de Enriquecimiento Ilícito era un buen instrumento legal, redactado por abogados de la década de los 50, que quizás ha sido la mejor época del derecho salvadoreño a nivel internacional, y era una ofensa venir y decir que esa ley no servía, cuando había abogado muy brillantes en esa época.
Pero con respecto a las multas que esa ley todavía contempla para funcionarios que se presume han cometido actos de corrupción...
No, es que la ley (de Enriquecimiento Ilícito) no se ha desarrollado completamente, pero los ciudadanos tenemos que empujar hacia que eso pase y eso es lo que yo estoy haciendo. A le gente no le interesa. A la gente común. A la gente no le importa. La gente piensa en sus deudas, en su trabajo, en la liga española, en ir a beber, en ir a jugar fútbol, en eso piensa, pero se ha sometido a la exclusión, a la explotación, a la marginación, a la que está siendo sometida por estos grupos poderosos, políticos y económicos y no protestan. No protestan. Usted ve en Guatemala, la gente se tiró a las calles a exigir que procesaran al presidente y vicepresidenta y aquí eso no pasa. Eso no pasa. En Brasil la gente se tiró a las calles igual, en Argentina. Aquí no pasa. ¿Por qué no pasa? Entonces si eso no pasa, entonces tenemos que salir aquellos ciudadanos que creemos que podemos cambiar las estructuras de este país en beneficio de la mayoría. Entonces cuando se reveló la declaración patrimonial ha venido a desembocar en lo que está pasando: están procesando a Funes, están procesando a Tony Saca, que estuvieron investigando a Paco Flores, que están investigando a varios exfuncionarios y actuales funcionarios del gobierno, pero todavía falta.
¿Qué cosas creen que faltan? Si usted pusiera otras demandas, ¿sobre qué asuntos serían? ¿Qué cosas cree que pueden solucionarse vía 'demandas'?
No, yo estoy en eso. Urge que se vuelva pública la declaración de patrimonio actualizada. Por lo menos una vez al año, de todos los funcionarios públicos, especialmente los que manejan fondos, porque así los ciudadanos podemos medir cada año qué funcionarios están creciendo en su patrimonio inexplicablemente. Cada año, y eso no ha pasado. Yo tengo un amparo en la Sala contra una resolución del IAIP porque el IAIP fue controlado por el gobierno, fue controlado por las cúpulas partidarias desde el momento que ellos ordenaron que las declaraciones patrimoniales se hicieran públicas. De ahí para acá controlaron el IAIP y perdió su independencia.
¿Quiénes y por qué lo han controlado?
La Secretaría de Transparencia y Participación Ciudadana. Ellos controlan ahora el IAIP y por eso todo aquel boom que tomó dejó de tenerlo. Fueron tres elementos fundamentales (los que evidencian el control del IAIP): la declaración de patrimonio de los funcionarios, que la Sala haya admitido una demanda de amparo contra los viajes del expresidente Funes en contra del IAIP y cuando el IAIP ordena al TSE que este le ordena a los políticos hacer pública una lista de jueces y magistrados a nivel nacional. Si están afiliados a los partidos o no lo están. Solo ARENA reveló un listado de 56 funcionarios que concordaban en sus listados de afiliación, de los cuales 25 solo aparecían una vez en el listado, los otros 25 aparecían hasta tres nombres parecidos, pero había 25 que aparecieron, pero el Frente y los demás partidos no revelaron esa información. A partir de ahí, cuando yo le exigí al IAIP que les ordenara que hicieran público sus libros de afiliaciones para que la gente los pudiera ver, no quisieron.
Recuerdo una de las audiencias de apelación en el IAIP, cuando llegó el oficial de CAPRES versus Roberto Burgos, de ALAC/FUNDE, y el IAIP resolvió que primaba el derecho a la libre competencia más que el derecho de la ciudadanía a saber el gasto de publicidad y adónde había viajado el expresidente y su esposa...
Ya estaba controlado por la Casa Presidencial. Ya estaba controlado por la Secretaría de Transparencia. Cuando sucedió eso de Roberto Burgos ya ellos habían controlado el IAIP.
Pero cómo lee jurídicamente esta resolución del IAIP... ¿Puede primar el derecho a la libre competencia ante el derecho de los demás a saber?
No, no, no. Porque el derecho a la libre competencia está más abajo en la jerarquía de la Constitución. Ese derecho está más abajo que el derecho a la información. El derecho a la información está en el artículo seis. El derecho a la libre competencia está en el capítulo del orden económico. La Constitución es jerarquizada. En primer lugar está la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Entonces en el artículo seis está la libertad de expresión, de pensamiento, está el derecho a la información, a investigar hasta conocer la verdad y la obligación del Estado y de las instituciones es facilitar esa investigación. El IAIP empezó a hacer unos argumentos jurídicos improcedentes, como por ejemplo decir que los viajes son reservados cuando en la ley de Acceso a la Información dice que los viajes son públicos, por ley. Entonces empieza a contradecirse con la ley. ¡Es una gran contradicción! Entonces cuando el argumento es insostenible es un expresión, es un síntoma de que el IAIP ha perdido independencia, ha perdido autonomía. Está siendo sometido y controlado por el gobierno. Eso es lo que yo percibo. Mientras los funcionarios pierdan su independencia, no vamos a avanzar. Mientras los funcionarios sean independientes, responsables y comprometidos con su cargo, entonces sí vamos a avanzar.
Pero aun sabiendo que tenemos funcionarios e instituciones que no son independientes, ¿por qué insistir con las demandas?
Lo que a mí me motivó simplemente es que este país no sirve. No me gusta. No me gusta como funciona el gobierno. Por ejemplo: el gobierno del Frente engañó a la población.
¿Por qué la engañó? ¿En qué sentido cree que la engañó?
La engañó porque ellos han llegado a administrar el capitalismo. Todo lo contrario de lo que ellos ofrecieron. Ellos ofrecieron una economía social de mercado. Ellos ofrecieron la intervención más activa del estado en la actividad económica. Ellos ofrecieron transparencia, ofrecieron justicia, equidad, y eso no ha pasado. Ellos han llegado a administrar el aparato económico que el gobierno de ARENA les dejó. Solo eso han llegado a hacer. En vez de hacer que este país progrese lo han llegado a quebrar. Ese tipo de cosas con las que me motivan a mí de una manera perseverante a cambiar este país.
Y en ese camino que lleva desde que puso las primeras demandas, ¿qué ha logrado? ¿Se ha encontrado con colegas o gente que lo apoya?
Hay gente que me apoya y hay gente que me dice que estoy loco. 'Así decían de Nicolás Copérnico', les digo yo. Así decían de Cristobal Colón y de Galileo Galilei, sin embargo, también he encontrado obstáculos en las instituciones. Me postearon seis soldados enfrente de mi casa. Me postearon durante tres horas, un sábado, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Eso nunca me había pasado. Eso fue en el 2013, porque yo empecé con esto de las demandas en el 2012. Exactamente en agosto.
¿Y cuál fue su primera demanda?
Mi primer demanda fue contra la elección de los magistrados 2012-2021. Esa fue mi primer demanda, pero sí he logrado muchas cosas. Por ejemplo, he logrado que se haga público el listado de jueces denunciados en investigación profesional. He logrado que se haga público el listado de jueces que han reprobado las evaluaciones del CNJ desde el 2006 hasta el 2014. A través de eso se puede diagnosticar el tipo de calidad de administración de justicia que tiene este país. ¡Pésima! ¡Pésima! Más de 1,500 denuncias para más de 400 jueces, de 745 jueces, que es el total. Más de la mitad denunciados. Unos hasta con 20 denuncias y la CSJ no los quita. No los quita. Más de 300 jueces que han reprobado por lo menos una evaluación del CNJ y 36 jueces que han reprobado seis evaluaciones consecutivas durante seis años consecutivos, y no los quitan. Eso nos dice la mala calidad de la administración de justicia que existe en el órgano judicial y la CSJ no hace nada. Estoy luchando también por la depuración judicial. He logrado que la Sala emita lineamientos jurídicos para utilizar el ejército en tareas de apoyo de seguridad pública sin que suspendan los derechos y garantías constitucionales, sin que haya régimen de excepción. Esa sentencia la dio la sala y dio los lineamientos. Dijo que el ejército solo se podía utilizar temporalmente y que era obligación del Estado solucionar el problema de la delincuencia para que el ejército se utilice temporalmente. He logrado que se declaren derogados tácitamente dos artículos, uno de la ley de la carrera judicial, otro de la ley del CNJ. He logrado que la Sala revise si los viajes de los presidentes pueden hacerse públicos o no. Y hoy estoy pidiendo que se declare ilegal la elección de los diputados del PARLACEN. La presenté antes de vacación, y esta última que presenté sobre la vulneración de los derechos de las personas con diversidad sexual.
¿Estas demandas que ha venido poniendo desde el 2012 es una manera de protestar?
Sí, es mi manera de protestar y de corregir. Transformar las estructuras políticas y económica y gubernamentales de este país.
Pero entonces, ¿usted cree que en realidad funciona la institucionalidad del país?
No, no funciona. Se necesita una CICIG. La CSJ no va a depurar el órgano judicial. Tienen que depurarlo porque la CSJ no lo hace. Yo presenté tres demandas ante la Sala para contraponer a los magistrados de la Sala contra la Corte y que revise los actos de la Corte. No lo quisieron hacer.
¿Por qué dice que no lo quisieron hacer?
Me rechazaron la demanda. El IAIP me entrega a mí un listado de 56 nombres de los cuales 25 no se repiten, de jueces y magistrados, que concuerdan con el listado de afiliados del partido ARENA. Ven el informe del IAIP, llegan los jueces con una constancia del partido diciendo que ellos no pertenecen al partido cuando toda la gente que estamos vinculados al órgano judicial ya sabemos quiénes son, ya sabemos quiénes pertenecen a ARENA y quiénes al FMLN. Ya lo sabemos, pero viene la CSJ, le dio más valor a la constancia que ellos llevaron, que al informe que le dio el IAIP. Lo lógico es decir: momentito, cómo es esto. Aquí hay fraude de ley, porque el IAIP nos ha dado un informe, que dice que esta gente tiene vinculación política partidaria, que es lo que estamos cuestionando como Sala, pero ARENA les da una constancia que dice que no, pero ellos en el informe dicen que sí, el juez tal de tal parte, hay un conflicto. La Sala no quiso entrarle a la depuración judicial. Entonces no funcionan las instituciones. El TSE no está funcionando.
¿Ajá y el TSE por qué tampoco funciona?
La cantidad de gente que llegó a votar en la elección legislativa del 2015 fueron 2 millones 400 mil personas. Pero el padrón electoral tiene una cantidad de gente apta para votar de casi cinco millones de personas. Entonces estamos hablando que hay un promedio de 2 millones 700 mil personas aptas para votar que no votan. Eso es obligación del TSE: motivar a que esta gente vote. ¿Para qué? para que las elecciones sean legítimas. Estas elecciones de 2015 no son legítimas. Son legales, pero no legítimas y no son legítimas porque no son la expresión soberana de un pueblo en su totalidad, por lo menos en un 95%. El TSE no funciona porque esa gente no ha logrado motivar a votar. Por eso se necesita un organismo internacional para que presione a esta gente a que hagan su trabajo como debe ser. Yo no estoy satisfecho con lo que ha hecho la Sala. Yo esperaba mucho más de la Sala.
¿Pero qué más esperaba de la Sala?
Por ejemplo, llega un demandante y presenta una demanda contra la elección de Eugenio Chicas. Y esto que le voy a decir va a provocar que la Sala me rechace una demanda porque a mí me atacó públicamente. Dijo, en el 2013, que había un abogado que se había dado a la tarea de presentar demandas de inconstitucionalidad a granel, que estaba haciendo uso abusivo del derecho, y que mis demandas eran desestabilizadoras, un ataque institucional de la Sala en mi contra. Presenté una demanda contra la elección de Eugenio Chicas como presidentel del TSE, excomandante guerrillero, de la Resistencia Nacional, fundador del FMLN, miembro de la Comisión Política y siendo magistrado presidente del TSE. Al mes llego con otra demanda de inconstitucionalidad contra la elección de Walter Araujo, magistrado del TSE, expresidente del TSE por ARENA, presidente de la Asamblea por ARENA, presidente del COENA, exdirector de la juventud de ARENA. ¿Y qué hace la Sala? En vez de acumular las demandas la engaveta. En vez de dar un fallo conjunto la engaveta. ¿Qué pasa? Expulsan a Eugenio Chicas y le dicen que puede durar hasta dos meses más, pero ahí acaba. Dejan que Walter Araujo cumpla su período como magistrado, terminó, dejó el cargo y resuelven que los acontecimientos que dieron motivo a la demanda ya no existen. Las instituciones no están funcionando y hemos avanzado a la fuerza.
