Los funcionarios del oficialismo, nuevamente, han declarado la necesidad de un pacto fiscal y la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal y se han puesto tiempo límite para lograrlo. El año cero de del pacto fiscal es 2016: “Tenemos que hacer un acuerdo. El Presidente está consciente. Lo que necesitamos es un nuevo traje porque el remiendo es cíclico. Yo estoy convencido que este año vamos a tener que producir este acuerdo. El país tiene que tener una ley de responsabilidad fiscal”, dijo en una entrevista el vicepresidente Óscar Ortiz.
Plantear un pacto fiscal no es nuevo en la historia del país, pero nunca se ha debatido en serio ni se ha llegado a consensos entre gobierno y la sociedad civil sobre la política fiscal salvadoreña. Lo más que se ha logrado son acuerdos entre diputados en la Asamblea Legislativa que resultaron fallidos y/o colocar el tema como punto de agenda para sacar adelante al país sin abordarlolo en serio.
Un pacto fiscal es un acuerdo sobre el monto, origen y destino de los recursos que requiere el Estado, para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Tiene como fin acordar principios y compromisos que permitan delinear una política fiscal efectiva y respaldada por la sociedad para el corto y largo plazo. El pacto traza los elementos fundamentales que posibilitarán un aumento gradual en la carga tributaria, de manera tal que el Estado cuente con los recursos necesarios para hacer efectivos sus compromisos.
No se trata solamente de evitar el default. Si hablamos rigurosamente de “pacto fiscal”, de lo que estamos hablando es de un acuerdo que debe ser parte de la política de desarrollo económico-social del país. Se debe aspirar a una propuesta fiscal de largo plazo. Esto implica la adopción de una política pública de desarrollo de parte del Estado que incentive una cultura fiscal. El pacto fiscal debe cambiar tendencia de la regresividad fiscal actual y convertirla en una propuesta gradual de progresividad tributaria.
Para concretar un pacto fiscal lo primero que se debe plantear bien son los procedimientos. Hay que hacer bien las cosas desde el principio y lo inicial es la definición de quiénes participarán en la negociación del pacto. Luego hay que especificar el mecanismo de la negociación, que comprende la confección de la agenda para poner en marcha la discusión y el calendario donde se define el tiempo que se ocupará para llegar a los acuerdos. Es necesario nombrar un “Grupo Gestor del Pacto” que deberá elaborar un documento base de discusión en el que se encuentren plasmados los objetivos, las metas y los principios del pacto fiscal. Si se llega a concretar el pacto fiscal, se debe integrar una comisión de seguimiento y que garantice el cumplimiento de lo acordado.
La convocatoria a la negociación del pacto fiscal supone la participación de actores claves de la sociedad civil, seleccionados en base a criterios de representatividad y de inclusión. Es indispensable garantizar una amplia participación de sectores a fin de que se les permita a cada uno de ellos, colocar en la discusión sobre el pacto fiscal sus necesidades y aspiraciones y jueguen un papel protagónico, con capacidad para proponer y decidir sobre los acuerdos que posibiliten el pacto fiscal.
Los conocimientos de los participantes en la discusión sobre se deben ampliar por lo que se deben organizar capacitaciones sobre política fiscal. Estas capacitaciones llevarán a los actores involucrados a obtener más capacidad de propuesta para obtener una política fiscal más progresiva.
Construir confianza es fundamental para que todo avance, crear un clima favorable a la negociación de acuerdos es fundamental para avanzar. Para generar confianza en la discusión a nivel nacional -que posibilite arribar a acuerdos y elaborar una propuesta- se deben organizar discusiones sobre la política en talleres, conversatorios y foros. A través de estos mecanismos se puede recolectar percepciones y propuestas de todos los departamentos del país.
Es indispensable dejar claro que concretar un pacto fiscal y aprobar una ley de responsabilidad fiscal no debe ser visto como un fin en sí mismo. Debería ser concebido como parte de un acuerdo de nación para sacar adelante al país.
El Salvador necesita contar con una trayectoria ordenada, con visión de futuro. La aprobación de un pacto fiscal no debe verse solamente como un medio para resolver la coyuntura fiscal. Si bien es cierto los problemas fiscales del país exigen emprender acciones con prontitud, el pacto fiscal debe servir como vehículo para alcanzar crecimiento económico equitativo de largo plazo.
