Los 10 meses de atraso en la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, la negativa de los partidos a revelar sus financistas, la falta de respuesta del Tribunal de Ética Gubernamental a casos importantes de funcionarios cuestionados por ir contra la ética pública, el escandaloso capítulo de la presencia de grupos delincuenciales en la alcaldía de Apopa y otras municipalidades, ponen de manifiesto, entre otras cosas, la debilidad institucional del país.
Con un Estado endeudado y sin mucho margen de maniobra fiscal, una partidocracia sumida en una confrontación estéril, con un subempleo endémico por un sector informal considerable, una política de educación poco eficaz, y una problemática seria de criminalidad, el país se arriesga a que aumente un sentimiento de desconfianza en las instituciones nacionales.
Cuando el Gobierno no cuenta con la suficiente capacidad para proporcionarle a la sociedad el mínimo de cohesión y no puede favorecer la solución de los conflictos, está planteada una crisis política, cuyas expresiones son la violencia y el desorden social. Desde esta perspectiva se puede afirmar que la actual crisis salvadoreña es consecuencia en buena parte de la debilidad institucional.
El partido oficial cada vez tiene más dificultades para gobernar el país. El planteamiento de políticas públicas que hace se vuelve errático, sin poco fundamento y muchas veces su capacidad propositiva para solucionar los problemas nacionales se reduce a los anuncios que hace el profesor Sánchez Cerén, como los que hizo en el informe de labores del segundo año de gobierno, cuando dijo: “lanzaremos próximamente la estrategia para la erradicación de la pobreza extrema”, o cuando anunció el lanzamiento de la política nacional para la protección y desarrollo de la persona migrante y su familia y la propuesta al país de la construcción de una agenda de nación.
Hay que tenerlo claro: el comportamiento errático de los funcionarios de las instituciones gubernamentales tiene graves consecuencias, genera un fuerte sentimiento de apatía en la sociedad civil frente a la clase política, que redunda en la pérdida de confianza no sólo en el gobierno, sino también en el sistema político de democracia representativa.
La política, como arte de la administración de los disensos, donde se expresan simultáneamente diversos intereses, requiere de capacidad de concertación y de no darle espacios a la anti política, a la confrontación y la polarización que generan desconfianza y pérdida de representatividad y credibilidad..
Uno de los aspectos que puede contribuir a superar la debilidad institucional es la creación de la carrera administrativa. Se podría crear una escuela de profesionales de servicio público, en la que el criterio rector sea la meritocracia para que profesionales trabajen en las instituciones del Estado sin que afecte quien es el partido de gobierno.
El comportamiento que han tenido en los últimos años las instituciones que son básicas para el fortalecimiento de la democracia, como la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral y la propia Asamblea Legislativa debe cambiar. No es un invento afirmar que cuando existen instituciones fuertes se robustecen los países y se solidifica la democracia, al contrario de lo que ocurre con países con instituciones públicas débiles, fácilmente manipulables por intereses particulares, que enferman a la democracia y favorecen el autoritarismo.
No hay tiempo para más, sin más dilaciones, se deben discutir a profundidad los temas claves de nación, como la falta de apuestas estratégicas para sacar adelante al país, la necesidad de trabajar por superar la desigualdad, la pobreza.
La debilidad institucional es uno de los principales problemas que deben enfrentar los salvadoreños para resolver los males que aquejan a la sociedad. El raquitismo institucional genera riesgos para el país debido a esta anemia política se desarrollan conflictos sociales, peligros para los proyectos de inversión.
Este es el momento para enfrentar el desafío y superar las limitaciones institucionales que tiene el Estado. Si El Salvador no superara su debilidad institucional no será posible sacar adelante al país.
La restauración de la credibilidad de las instituciones y la confianza de los ciudadanos es la base de todo contrato social y por lo tanto de todo proyecto. Son urgentes medidas enérgicas y drásticas de transparencia, de racionalización y de profesionalización de la función pública. Ninguna acción estratégica puede ser emprendida si estos fundamentos políticos e institucionales están ausentes o deficientes.
Apostarle al impulso de instituciones fuertes es indispensable para desplegar una estrategia de desarrollo y pensar el futuro. No es posible pensar en un desarrollo económico y social sin un robusto desarrollo institucional.
