La comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa acordó este martes ampliar los plazos de elección para alcaldes y diputados de forma escalonada: en una primera etapa se aumentaría de tres a cuatro años el tiempo en sus funciones -con este plazo se elegirían a los alcaldes y diputados en 2018- y luego, a partir de 2022, los alcaldes y diputados serían elegidos para un lapso de cinco años. 'En una reunión extraordinaria hemos discutido y acordado ratificar el acuerdo número 3 de reforma constitucional a los artículos 124 y 202 de la Constitución', dijo la diputada Norma Guevara, presidenta de la comisión.
El cambio en la Constitución se hizo durante la legislatura del período 2012-2015, pero para quedar firme debe ser ratificado en este período. Antes, el acuerdo de la comisión debe convertirse en un dictamen favorable que se someta a consideración del pleno y solo puede ser ratificado si obtiene el respaldo mínimo de 56 de los 84 diputados. El acuerdo tiene el respaldo de las cinco bancadas legislativas.
En abril del año pasado, la Asamblea discutió y aprobó la extensión de los plazos y dio tres razones para ello. La primera, que el período actual de tres años “se vuelve insuficiente para que (los diputados y concejos municipales) puedan materializar las metas, programas y planes de gobierno propuestos por los partidos políticos a sus electores”. La segunda, para reducir los gastos estatales en elecciones. El diputado del PCN Mario Ponce estimó que se gasta unos 60 millones de dólares en cada evento electoral. La tercera razón que alegaron los diputados fue evitar que estas elecciones coincidan con las del presidente de la República, como ocurre cada 15 años, la última de ellas en 2009.
Si se ratifica la reforma, desde el quinquenio de 2019 a 2024 los presidentes de la República verían cómo al cabo de tres años de su mandato se renovarían alcaldías y Asamblea Legislativa.
Ponce y el diputado efemelenista Nelson Quintanilla coincidieron en que con este nuevo mecanismo los electores tendrán la oportunidad en las urnas de premiar o castigar la gestión de la Presidecia.
“Por ejemplo, la elección presidencial va de 2019 a 2024. (En 2022) faltarán dos años para que termine la gestión presidencial. La población va a poder hacer una evaluación para premiar al presidente o al partido de gobierno, si está haciendo bien las cosas. Pero si las está haciendo mal, le va a dar una correlación legislativa de oposición fuerte para controlarlo en aquellas cosas que no estén haciendo”, dijo Quintanilla. Quintanilla dijo que hay un acuerdo unánime, por lo que no se prevé problemas para obtener los 56 votos requeridos.
La comisión de Reformas Electorales, además, sigue estudiando cómo dará cumplimiento a una sentencia de la Sala de lo Constitucional que, en julio de 2015, prohibió que miembros de partidos políticos integren las juntas electorales departamentales (JED), municipales (JEM) y las juntas receptoras de votos (JRV).
El diputado Quintanilla explicó que los partidos políticos seguirán proponiendo a los integrantes de JED y de JEM.
