El Salvador / Impunidad

“El retraso en la elección de consejeros afecta a todas las áreas de la administración de justicia”

La abogada Marina Marenco, que ocupa una de las únicas dos sillas del CNJ que funcionan desde septiembre pasado, asegura que la falta de nombramiento de jueces 'viola el derecho de acceso a la justicia'. La Asamblea Legislativa tiene ya nueve meses en acefalía -cinco de sus miembros no han sido nombrados- al CNJ, responsable de proponer el nombre de esos jueces. Marenco cree que los criterios partidarios en la Asamblea Legislativa han contaminado la elección y han llevado a este retraso récord.


Jueves, 23 de junio de 2016
Nelson Rauda Zablah

Marina De Jesús Marenco en junio de 2016Foto El Faro/ Nelson Rauda
Marina De Jesús Marenco en junio de 2016Foto El Faro/ Nelson Rauda

El retraso en la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) cumple nueve meses este 22 de junio. Desde el 22 de septiembre de 2015, solo quedan dos consejales -Santos Treminio y Marina Marenco- en una institución cuyo pleno debe estar integrado por siete. La demora ya cuadruplica la que se tuvo en 2010, cuando los diputados de la Asamblea Legislativa nombraron funcionarios dos meses después de que se había vencido el plazo. Es también una de las moras más largas en elecciones de segundo grado. En 2009, El Salvador pasó cinco meses sin fiscal general y seis meses sin procurador general. 

El CNJ tiene tres funciones: elegir ternas para magistrados de Cámara y jueces que la Corte Suprema debe nombrar; proponer 15 nombres de candidatos a magistrados de Corte Suprema para que la Asamblea los escoja cada tres años, y capacitar y evaluar a los jueces del país. Desde 1994, 51 magistrados de la Corte Suprema han sido elegidos, y 22 de ellos fueron nominados al cargo por el CNJ; los otros 29, por la Federación de Asociaciones de Abogados. La próxima elección de magistrados de la Corte Suprema se producirá en 2018, e implica la renovación de la Sala de lo Constitucional. En la elección de 2009, el CNJ colocó a dos de sus propuestas en la sala: Rodolfo González y Belarmino Jaime. Dos de cuatro magistrados promoción 2009 que en 2011 ya se habían conseguido enemigos en la Asamblea Legislativa, en la Presidencia de la República y en todos los partidos políticos debido a sus resoluciones que impactaron en el poder de las cúpulas partidarias y en la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos.  

La miembro Marenco, en entrevista con El Faro, informa que debido a la ausencia de cinco de los siete miembros, en este período no han podido proponer candidaturas para nombrar a 90 jueces suplentes. El CNJ prácticamente no existe. De sus tres funciones esenciales, solo ha podido hacer evaluación de jueces. Según el Observatorio Judicial de Fusades, el CNJ tiene pendiente, además, la tarea de proponer candidaturas para nombrar a 56 jueces propietarios.

La falta de miembros tampoco ha permitido que se tramiten denuncias contra jueces, que se conformen los nuevos juzgados ambientales o contra la violencia contra la mujer. Si la institución no se ha paralizado es porque, el 7 de enero de 2016, cuando la elección ya llevaba tres meses de retraso, la Asamblea facultó al gerente del CNJ 'para que asuma las funciones administrativas y financieras estrictamente indispensables para la institución', como el pago de salarios y proveedores. Ese decreto compró un tiempo que está a punto de vencerse. El periodo de Marenco y Treminio se vence el 18 de agosto. Si el CNJ llega a esa fecha sin su pleno integrado, Marenco prevé una parálisis total de la institución.

¿En qué situación está ahorita el CNJ? ¿Cuántos jueces no se han nombrado por falta de consejales?
Mire, ya traíamos un atraso en nombramiento de jueces. Ya había plazas vacantes de jueces en propiedad y en suplencias, tanto en juzgados de paz, juzgados de primera instancia como en cámaras. Nosotros no hacemos una terna mientras la Corte no nos lo pide. Pero la Corte estaba pidiendo y aunque fuera lentamente estábamos haciendo ternas para que la Corte nombrara. Sin embargo, aparte del atraso que ya traíamos, a partir del 22 de septiembre definitivamente ya no puede haber una elaboración de ternas porque eso es una facultad única del pleno. La Corte ya no pide ternas, entonces. Se ha venido a acumular que hay jueces que han renunciado, jueces que han sido destituidos, jueces que han muerto o se han jubilado y esas plazas están vacantes, y se han sumado a lo que ya teníamos antes del 22 de septiembre.

¿Por qué es importante que el pleno esté completamente integrado, aparte del nombramiento de jueces?
Mire, las tres funciones exclusivas que le da la Constitución al CNJ son la selección para nombrar ternas, la capacitación y la evaluación. En cuanto a capacitación se puede decir que la escuela está trabajando, pero no crea que al 100 %. Primero porque el plan de capacitación que se trabaja trimestralmente es aprobado por el pleno, de qué tipo de capacitaciones se van a dar.

¿Y cuando se aprobó el último plan de capacitaciones?
El del año pasado, para el trimestre que pasó (marzo). Eso es bien importante porque es lo que está manteniendo a los jueces en actualización de conocimientos. Aquí vienen capacitadores internacionales para ver cómo está el derecho comparado, cómo está el derecho en otras legislaciones para poder fortalecer a los jueces en ese conocimiento. Ahorita se está dando alguna capacitación pero no se está dando al 100 %.

Desde marzo no se está ejecutando el plan. ¿Qué se está haciendo?
Se está haciendo una capacitación continua, la que se tiene, la que se ha traído. Pero capacitaciones nuevas donde podamos tener el apoyo incluso de cooperantes ya no. Tengo conocimiento de que incluso cooperantes como USAID ya no están dando el apoyo por la inestabilidad en que estamos. Entonces se están yendo a dar el apoyo a otras instituciones cuando el ente rector de la capacitación es la escuela judicial, por un lado. En cuanto a las ternas, no elegir jueces viola el derecho de acceso a la justicia. Por ejemplo, teníamos pendiente proponer para una jurisdicción de medio ambiente donde solo hay un tribunal en San Salvador, entonces ya estaba programado que se iban a elegir para Santa Ana y San Miguel. Y en los tribunales para feminicidio o de género tampoco se ha hecho nombramientos.

¿Cuál era la fecha para integrar los tribunales de Medio Ambiente?
Junio y los de feminicidio también.

¿Y no se han integrado?
No, no se han integrado porque, primero, no hemos capacitado a la gente. El pleno es el que tiene que tomar esa decisión. La selección del personal que va a trabajar en esos tribunales requiere que antes se le prepare porque son especializados. Y, obviamente, la Corte no ha pedido las ternas, lo que pidió a la Asamblea fue una prórroga para enero del otro año.

Por ejemplo, este caso del derrame de melaza en La Magdalena, que se interpuso una demanda, la Fiscalía debería de haber acudido, en teoría, al juzgado de Santa Ana, por jurisdicción.
Sí, lo que pasa es que ahorita como solo hay un tribunal, tiene jurisdicción en todo el país.

Claro, pero en términos ideales, tendría que haber sido en el tribunal de Occidente.
Ah, claro, si en esa jurisdicción está, ahí tendría que haber sido con el tribunal de Santa Ana. Sí.

Se habla también de que se retarda el acceso a la justicia. Lógicamente, no es lo mismo que esté un juez ejerciendo una suplencia que un propietario. Digamos que de repente un juez de paz o del interior del país tiene algún caso complicado y -no sé si eso pasa- dice 'mejor esto lo voy a dejar ahí y que lo vea el propietario'. ¿Eso pasa?
Sí, eso pasa. Desde mi punto de vista el que no se llenen todas esas suplencias es también un riesgo y un peligro al acceso a la justicia, exactamente por lo que usted dice. El juez suplente llega por un tiempo y no siente esa responsabilidad que siente el juez propietario. Entonces, efectivamente cuando le llegan casos a lo mejor porque tiene miedo, porque no tiene la experiencia, no tiene el fogueo que tiene el juez propietario. O también porque a lo mejor no conoce el caso. El caso es un procedimiento que el juez propietario lo trae, lo viene conociendo y entonces, de repente, llega el suplente y le toca la audiencia, lo que hace es mejor suspenderla. Siempre ellos dicen 'no conozco el caso y no me voy a arriesgar'. Y eso es válido. Aparte de que tampoco tienen la experiencia y eso pasa cuando no se nombra al propietario ya de una sola vez.

Para aterrizar cuáles son las afectaciones más claras que sufre la gente, ¿puede ser que alguien sufra que un caso se le retrase porque el juez propietario tendría que conocerlo no está nombrado?
Sí. Imagínese una persona que está privada de libertad, por ejemplo. Su caso sigue sin resolverse, digamos en un caso patrimonial igual. En un caso patrimonial, la gente quiere ver solucionados sus casos, que se le tutelen sus derechos, que se le administre justicia, si para eso llegan. O un caso de familia: niños que están en una situación de riesgo porque están siendo vulnerados por sus padres o se está discutiendo una custodia. Un divorcio, que la gente también necesita estabilizarse y resolver sus problemas familiares. Casos laborales también. En todas las áreas de la administración de justicia hay una afectación.

¿Y tampoco se está cumpliendo la función de evaluar?
Es cierto que nosotros no tenemos poder disciplinario, eso lo tiene la Corte porque es la que pone las sanciones, pero nosotros también recibimos denuncias de alguna actuación donde el justiciable se siente agraviado por la actuación del juez y vienen las denuncias. El justiciable puede ir a la Corte o puede venir aquí. No podemos darles trámite. Aquí, por ejemplo, mire estas son denuncias (toma una pila de papeles en su escritorio). No podemos hacer nada porque eso es del pleno. Cuando viene una denuncia aquí, cuando se trata de cuestiones de procedimiento, lo que hacemos es fortalecer al juez, ordenarle que se capacite más en esos temas en que él ha fallado.

¿Las denuncias que normalmente irían a la sección de Investigación Judicial de la Corte pueden venir aquí?
Se pueden poner acá y nosotros investigamos también. Viene gente que dice, mire el juez no cumplió el plazo, por ejemplo. Llevo seis meses y el juez no me resuelve. Entonces, vienen a poner una denuncia. Ahí el juez está faltando a una cuestión de procedimiento. Si la denuncia da lugar, lo podemos mandar a una capacitación. Ahora si es una cuestión de corrupción o de cuestiones contra la ética y todo eso, entonces damos una resolución, pero avisamos a la Corte para que sea la Corte la que decida. O por ejemplo si un juez sale mal evaluado: ahí va el aviso a la Corte para que decida en materia disciplinaria. Eso está paralizado ahorita, eso no se puede hacer nada porque es decisión de pleno.

¿Desde cuándo no se hacen evaluaciones de jueces?
Bueno, la evaluación sí se está haciendo porque nosotros, el compañero (Treminio) y yo, decidimos que la evaluación se diera. La evaluación comienza en febrero todos los años. Imagínese si no hubiéramos evaluado, si no hubiésemos mandado la evaluación. Mire la fecha en que estamos: ya no hubiésemos podido salir porque la evaluación dura como entre seis y ocho meses.

En febrero, igual, ya solo quedaban ustedes dos...
Sí, es más, algunos jueces no estaban de acuerdo porque decían que era decisión de pleno y que no sé qué. Pero la evaluación es una función constitucional que está ahí. Entonces nosotros decidimos que se hiciera porque si no, íbamos a tener una acción por omisión, porque no íbamos a cumplir un mandato constitucional este año y ahí ya hubiésemos tenido problemas,

¿Y cuál es el proceso de la evaluación?
Se hace in situ. Hay una unidad que va a los tribunales a ver todo. Luego viene el informe a ver si el juez ha cumplido o no. Hay una evaluación excelente, satisfactoria y no satisfactoria. Está por terminar en julio. Luego viene el reporte y es el pleno el que conoce de todo el trabajo de la evaluación. Si no tenemos pleno, no lo vamos a poder hacer para informar a la Corte Suprema.

Ustedes tomaron un riesgo porque pueden exponerse a que alguien interponga una demanda, como un juez que reciba una evaluación no satisfactoria.
Exactamente, sí. Pero pensamos también que 'de los males, el menor', porque de todas maneras la evaluación se tiene que hacer en el año. Imagínese si hubiésemos estado esperando a que el pleno se conformara y que el pleno decidiera que la evaluación se hiciera, a estas alturas no se hubiera comenzado.

Usted dice que tomaron la decisión para cumplir una obligación constitucional. Hay una obligación constitucional de la Asamblea de elegir y cumplir con el plazo. ¿Responsabiliza a los diputados de algún partido o a toda la Asamblea?
A toda la Asamblea, ellos son un cuerpo colegiado que tiene la obligación de elegir. Esto, a mi modo de ver, sienta un mal precedente porque son nueve meses y como esto siempre va a estar, van a decir: bueno, si ya una vez se dio, no hay problema que se siga dando.

Pero tampoco es la primera vez que se tardan para elegir al CNJ.
Pero si usted ve, cada vez han ido aumentando los plazos. Yo nunca había visto nueve meses una institución con nombramiento de segundo grado que no se hiciera. La Corte Suprema tuvo un plazo bastante largo...

En la crisis de 2012.
Sí, pero no nueve meses. Si ya casi vamos a cumplir el año. Eso es un mal precedente.

¿Cuál es el escenario que pasa si llegamos a agosto, cuando a ustedes ya se les vence el plazo también?
Que va a quedar acéfala totalmente la institución y ahí se va a paralizar.

Tendríamos 209 empleados que reciben un salario de fondos públicos que no tendrían mayor función durante el tiempo que no elijan porque no tienen una dirección funcional.
Exactamente. Por lo menos, el estar dos aquí estamos ahí dando algunas directrices y todo eso, pero si no... bueno, como hay un decreto que yo creo que es indefinido, quedaría el gerente. Pero aunque la institución sea pequeña es muy importante. Lo que pasa es que hay gente que no le ha dado la importancia, pero para la administración de justicia, para el sector justicia, la institución tiene una gran importancia. Entonces, es como que la Corte Suprema estuviera manejada por un gerente, imagínese usted.

¿Y por qué cree que no le importa a los electores, a los diputados?
(Suspira) Bueno, se especulan tantas cosas... acuérdese que ese es un ente político, y siempre van a haber esos matices políticos. A veces, en un cuerpo colegiado, los acuerdos son difíciles. Si uno lo ve en instituciones pequeñas. Yo creo que ahí lo que tiene que haber es buena voluntad para ceder porque precisamente, cuando se ponen a negociar hay que ceder. Si se habla de entrampamientos es porque no ceden. A mí me resulta preocupante eso. En las relaciones humanas debe haber conciliación, negociación para poder convivir. Si nos entrampamos y nos ponemos en situaciones inflexibles esto sería un caos.

¿Usted cree que en el retraso influyen factores como que se avecina el cambio de presidencia en la Asamblea Legislativa, o como que legisladores vean esta elección atada a la renovación de la Sala de lo Constitucional en 2018, o a la de la Procuraduría General de la República o a la de la Procuraduría de Derechos Humanos?
Para serle honesta, yo creo que sí afecta eso un poco. Es un ente político y van a actuar políticamente. Son fracciones y cada uno ve desde su óptica qué es lo que conviene al país o a los intereses propios. Por eso son las negociaciones para que haya un equilibrio. Creo que ellos no ven solo el nombramiento de aquí y ahí ven amplias las expectativas. Ahí viene, cabal, la elección de 2018 de la Sala de lo Constitucional que todos sabemos que ha habido un choque entre la Sala y los políticos. Algunos alaban sus decisiones y otros no. Eso afecta también, definitivamente. Es imposible que nos vamos a apartar de las decisiones políticas que tiene la Asamblea Legislativa.

Pero también por estar pensando políticamente se está dejando de pensar en la funcionalidad del país.
Exactamente porque yo veo pasar las semanas y que no llegan a ningún acuerdo. Los que estamos aquí adentro vemos que es triste y sí se le está haciendo daño a un país, a la justicia. Imagínese, son nueve meses donde muchas cosas se han dejado de hacer. ¿Qué no hubiéramos hecho en estos nueve meses ya con el pleno?

¿No quedó desencantada con el FMLN o con la Asamblea porque no se concretó su nombramiento?
Mmm... mire, es que estamos en las mismas cuestiones. Los procedimientos a veces se desnaturalizan un poco en cuanto a los intereses y a la cuestión política.

Dice que eligen con criterios políticos y no técnicos.
Es que yo no voy a... eso no lo vamos a negar que eligen con criterios políticos... y técnicos también. No creo que por muy políticos que sean van a ir a elegir a alguien que no tenga la capacidad de dirigir a la institución.

Los problemas en este país en términos de elecciones de segundo grado son cíclicos. Casi todos los años vemos demandas contra la Asamblea Legislativa por inconstitucionalidad en la elección de magistrados de la Corte de Cuentas, de la Corte Suprema, de consejales del CNJ o de Fiscal General por vínculos partidarios u otros vicios. ¿No cree que el país debería plantearse una forma alternativa de elegir que ya no dependiera tanto del filtro de la Asamblea?
A mí el procedimiento que se estableció a partir de los Acuerdos de Paz me parece bueno y de una garantía porque participan varias instituciones. En la Asamblea está concentrada la voluntad del pueblo. Alguien decía que estos nombramientos de segundo grado deben hacerse directamente por el pueblo, como sucede en países como Bolivia o Ecuador, como cualquier diputado o alcalde. A mí me parece que no porque son nombramientos técnicos y someter el nombramiento de magistrados o de CNJ, Procuraduría, PDDH o Fiscal a la voluntad del pueblo no lo vislumbro yo. Yo siempre he dicho que los procesos se desnaturalizan por las actitudes de los funcionarios que participan. Si los funcionarios realmente fuéramos objetivos en saber a quién vamos a elegir, entonces los procedimientos son buenos. Si se hacen reformas y otro tipo de procedimientos y otras instituciones, a lo mejor vamos a caer en lo mismo. Ese es el problema, para mí depende del funcionario. Que ame a su país, que quiera hacer las cosas bien, que queramos mejorar este país.

Con esa visión estamos bien a merced de que ellos quieran cambiar. Dentro de tres años que haya que volver a elegir magistrados o consejales vamos a volver a lo mismo.
Un diputado estaba proponiendo hoy que si después de tres meses no elegían, se fueran por mayoría simple y no por mayoría calificada. Eso sería retroceder. Esas son las propuestas que están haciendo.

¿Usted cree que se están poniendo intereses que no son los propósitos del CNJ por encima y que eso es lo que ha entrampado la elección?
Pues a lo mejor. Yo no estoy ahí y no puedo decir. Pero el hecho objetivo de que en nueve meses no haya habido elección es que algo no está bien.

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