De las 20 personas que fueron capturadas por el caso Tregua 11 podrán continuar sus procesos en libertad, luego de que la Cámara Especializada de lo Penal revocara la detención provisional que les había impuesto el juez especializado de instrucción.
La Fiscalía General de la República había pedido al juez del caso que mantuviera detenidos a los implicados en el caso, mientras durara el proceso. Según la ley salvadoreña, una persona puede pasar detenida hasta dos años sin haber sido vencido en juicio.
El martes 3 de mayo, la Fiscalía ordenó la detención de 21 personas a las que acusaba de varios delitos cometidos en el marco de la tregua entre pandillas que gestionó el gobierno del ex presidente Mauricio Funes. En aquel momento, consiguieron aprehender a 18 imputados. El ex director general de Centros Penales, Nelson Rauda; el ex inspector general de Centros Penales, Anilber Rodríguez, y Rónald Zúñiga, exmiembro del equipo técnico del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, escaparon de la justicia.
Actualmente gozan de medidas alternas a la detención los tres oficiales de policía involucrados en el proceso; el principal mediador entre las pandillas, Raúl Mijango, el director del centro penal de Izalco y seis de las 10 personas acusadas de haber ordenado traslados ilegales de líderes pandilleros.
Estas personas deben presentarse cada ocho días a los juzgados y deben evitar cualquier contacto con pandilleros; además de tener prohibido abandonar el país y cambiar de residencia sin notificar a las autoridades.
Cuando se escribió esta nota solo Rónald Zúñiga permanecía prófugo. El ex director de penales Nelson Rauda fue capturado por la policía el 6 de junio y el ex inspector general se entregó a las autoridades el 13 del mismo mes. Ambos son defendidos por el abogado Manuel Chacón, quien además es el apoderado legal del ministro de la defensa nacional, David Munguía Payés, que era ministro de Justicia y Seguridad cuando inició la tregua en marzo de 2012.
No es usual que los juzgadores concedan medidas alternativas a la detención a quienes han escapado de la justicia y existe el precedente del juez Tomás Salinas, al que la Corte Suprema de Justicia abrió un proceso de investigación por haber concedido medidas sustitutivas a un imputado que había escapado de las autoridades.