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$3.5 millones se esfumaron de cuentas de expresidente Flores

Este 5 de noviembre, el expresidente acusado de desviar millones de dólares donados por Taiwán enfrenta audiencia para saber si su caso pasa a sentencia. Cuando la Fiscalía rastreó sus cuentas en 2014, encontró poco más de 5 mil dólares. Sin embargo, la sección de Probidad de la Corte Suprema ha detectado que solo entre 2009 y 2013 las cuentas del exgobernante recibieron depósitos por 2.9 millones de dólares de un origen desconocido.

 
 

Entre los años 2009 y 2013, al expresidente Francisco Flores le fueron depositados en una cuenta corriente del banco HSBC -hoy Davivienda- 2.9 millones de dólares, cuyo origen es deconocido por las autoridades que lo investigan, que solo sabe que fueron remitidos por una organización denominada International Consultant, cuyo domicilio no es conocido.

28 de enero. El expresidente Francisco Flores constesta a las preguntas de la comisión especial para investigar el destino del dinero donado por Taiwán. Foto: Mauro Arias

28 de enero. El expresidente Francisco Flores constesta a las preguntas de la comisión especial para investigar el destino del dinero donado por Taiwán. Foto: Mauro Arias

El hallazgo hecho por la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia a escasos días de que Flores enfrente audiencia preliminar acusado de corrupción en relación con millonarios donativos del gobierno de Taiwán, retrata un período inmediatamente anterior al inicio del proceso judicial en su contra en el que el exgobernante percibía cientos de miles de dólares en ingresos, que ya no existían cuando la Fiscalía rastreó sus bienes en 2014.

Solo en 2011, según el informe de Probidad al que El Faro tuvo acceso, Flores recibió depósitos por 1.3 millones de dólares. Y en 2013, el año previo al del inicio del juicio, le fue abonado más de medio millón de dólares: 562,287.57 dólares. Los últimos desembolsos fueron una serie de ocho abonos entre noviembre y diciembre de ese año, por más de 39 mil dólares.

Tres meses más tarde, en marzo de 2014, cuando la Fiscalía acusó a Flores de corrupción y le fueron congelados sus bienes, le encontraron menos de 6 mil dólares.

Flores tiene programada para este jueves 5 de noviembre una audiencia en la que el juez de instrucción Miguel Ángel García Argüello decidirá si debe ir a sentencia por alguno de los tres delitos que le imputa la Fiscalía: peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares. Peculado, porque supuestamente Flores favoreció que terceros se apropiaran de recursos del Estado que estaban bajo su responsabilidad. Según la Fiscalía, recibió al menos 10 millones de dólares donados por Taiwán para apoyar programas de seguridad pública y de alivio a las víctimas de los terremotos. Esos 10 millones, según reveló El Faro en octubre de 2014, fueron a parar a cuentas del partido de Flores -Arena-, que los utilizó en la campaña presidencial de 2004. La Fiscalía procesa a Flores por enriquecimiento ilícito por otros 5 millones donados por Taiwán cuyo paradero es incierto. Y el delito de desobediencia de particulares se debe a que el expresidente se negó a asistir a una audiencia de investigación en la Asamblea Legislativa a finales de enero de 2014.

En el caso contra Flores, los acusadores particulares han señalado que la Fiscalía también debe investigar lavado de dinero. En marzo de 2015, el juez García Argüello declaró que veía suficientes indicios como para que se configurara el delito de lavado de dinero, pero la Fiscalía se ha abstenido de hacer esa acusación. García Argüello dijo que existía la posibilidad de que él incluyera ese delito en el proceso más adelante.

El informe de Probidad recoge información bancaria desde cuando Flores inició su gobierno (2004) hasta ahora, y en total los depósitos registrados en cuentas a su nombre en esos 11 años suman 3.5 millones de dólares, que presumiblemente incluyen los ingresos percibidos como presidente de la República, que suponen un poco más de 5 mil dólares mensuales. Aparte de la cuenta en el HSBC, una cuenta en el Banco Citi y otra en el Banco Agrícola recibieron esos abonos.

La audiencia preliminar en que el juez decidirá si Flores va a vista pública estaba prevista para el 31 de agosto, pero el día 25 de ese mes fue pospuesta hasta el 3 de noviembre por petición de los acusadores particulares, que dijeron que no estaban listos para enfrentar la audiencia en ese momento. Luego, en octubre, la defensa de Flores anunció que el expresidente tenía programada una cirugía para tratarle pólipos en la vesícula, y entonces la audiencia quedó en suspenso. Posteriormente, cuando el cirujano explicó al juez que aún no podía poner fecha a la operación, el juez reprogramó la audiencia para este jueves 5.

Flores fue prófugo de la justicia desde mayo hasta septiembre de 2014, después de que se girara orden de captura contra él. Cuatro meses antes, el 7 de enero de 2014, había declarado ante una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, que él repetidas veces había recibido donativos monetarios del gobierno de Taiwán. Cuando los diputados le preguntaron si algún funcionario o institución había vigilado el uso de esos fondos, él declaró que no, que él mismo se había cerciorado de que llegaran a sus destinatarios. Pero el gobierno del presidente Mauricio Funes informó que esos fondos nunca ingresaron a las arcas públicas.

Los depósitos en Citi y en Banco Agrícola fueron menores a los registrados en HSBC. Entre 2006 y 2008, cuando Flores ya había dejado el gobierno, su cuenta de ahorros en Citi registró abonos que suman 322 mil 527.79 dólares. En su cuenta corriente del Banco Agrícola, entre 2004 y 2005, el exmandatario recibió 131 mil  880.53 dólares. Y en la misma cuenta, en 2013, recibió remesas que suman 115 mil 969.94 dólares. La suma de todos estos depósitos más los de la cuenta corriente en HSBC asciende a 3 millones 505 mil 273.35 dólares.

El documento de la sección de Probidad no presenta los saldos de las cuentas sino solo la lista de depósitos. En marzo del año pasado, la Fiscalía General de la República rastreó 19 cuentas bancarias de Flores en la banca local y encontró solamente 5 mil 938.06 dólares.

Alfredo Cristiani en un acto de su partido Arena en 2010 junto a Armando Calderón Sol y Francisco Flores. Foto El Faro/Archivo

Alfredo Cristiani en un acto de su partido Arena en 2010 junto a Armando Calderón Sol y Francisco Flores. Foto El Faro/Archivo

Según el informe de Probidad, después de terminar su mandato, Flores recibió remesas, transferencias internacionales, abonos y depósitos “que llamaron la atención por su monto”. Depósitos cuyo origen se desconoce. Para hacer su informe, la Sección de Probidad tomó en cuenta remesas de más 3 mil dólares.

Probidad también indica que el domicilio de International Consultant es desconocido. “Los valores descritos corresponde al 100 % de los depósitos realizados por año, sobresaliendo depósitos bajo el concepto O/P de International Consultant que se desconoce su origen”, dice una anotación de Probidad en el cuadro de ingresos a la cuenta corriente del HSBC, que antes había sido Banco Salvadoreño y ahora es Davivienda.

Flores ha insistido en que los millones que él mismo gestionó ante Taiwán y que él mismo dice haber administrado "fueron entregados a sus destinatarios", pero no hay pruebas del destino de esos fondos para ayudar a las víctimas de los terremotos de 2001 y a algunos programas de combate a la delincuencia y de alivio a la pobreza, que fueron en teoría los propósitos de la búsqueda de los donativos.

Por ahora solo se sabe que, como reveló El Faro en octubre de 2014, 10 millones de dólares fueron depositados en una cuenta bancaria en Costa Rica en favor de un organismo paralelo del partido Arena, y de allí fueron transferidos entre 2003 y 2004 hacia una cuenta de la campaña presidencial del partido Arena en El Salvador, donde terminaron repartiéndose en cheques a numerosos exdirigentes del partido y exfuncionarios del gobierno de Antonio Saca, incluido un cheque por 100 mil dólares en favor de este después de que ganó la presidencial de marzo de 2004.

La Fiscalía, en su investigación, solo ha dicho que no encontró ni siquiera 6 mil dólares en las cuentas de Flores, pero ahora la investigación de Probidad deja claro que el expresidente estuvo recibiendo ingresos de cientos de miles de dólares en un período que inició cinco años después de que dejara el gobierno y que terminó justo cuando el presidente Mauricio Funes denunció en público a finales de 2013 que al menos 10 millones de dólares donados por Taiwán no habían ingresado a las cuentas estatales.

En marzo de 2014, cuando la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía solicitó a los bancos salvadoreños un informe sobre las cuentas bancarias registradas a nombre de Flores y su empresa Estrategas Internacionales, S.A. de C.V., los fiscales pidieron los contratos de apertura de las cuentas bancarias, el historial de los depósitos y retiros de dinero. También ordenaron congelar los fondos para que el imputado no pudiera retirar o traspasar el dinero. En una tarjeta de crédito le congelaron 23.76 dólares. En un cuenta bancaria, 252 dólares. En otra cuenta, en el Banco Davivienda, el saldo era cero, e igual sucedió con otra del Banco Agrícola. Las cuentas del expresidente estaban vacías.

Entre el 15 de noviembre y el 26 de diciembre de 2013, tres meses antes de que la Fiscalía iniciara su rastreo, Flores recibió de International Consultant ocho transferencias cablegráficas desde Marbella, España, por un monto de 39 mil 558.60 dólares que llegaron a una cuenta del Banco Agrícola. Aunque se conoce el origen de las transferencias, no se conoce el domicilio de la organización remitente.

Este informe preliminar realizado por Probidad ya es conocido por los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que avaló en julio pasado una decisión del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que determinó que la información de las declaraciones de patrimonio de los funcionarios es de carácter público. La Corte Suprema ordenó elaborar, desde entonces, una "versión pública" de las declaraciones de patrimonio y eso es lo que ha permitido conocer cómo han crecido las fortunas de numerosos funcionarios o exfuncionarios y dirigentes partidarios.

Las sospechas sobre Flores no son nuevas. Se hicieron públicas en 2005, cuando la sección de Probidad, entonces encabezada por José Eduardo Cáceres, encontró que el crecimiento patrimonial de Flores y el de 13 funcionarios de su gobierno no se correspondía con los ingresos declarados. Esa incipiente investigación fue truncada por la misma Corte Suprema de Justicia, cuando su presidente, Agustín García Calderón, ordenó quitar a Probidad la facultad de pedir informes a los bancos y trasladó esa atribución a la Corte. El Faro reveló aquella vez la decisión de la Corte que, en la práctica, tumbó las investigaciones sobre Flores y algunos de sus exministros.

La Foto del día de El Faro es de el expresidente Francisco Flores esposado y trasladado de su arresto domiciliar hacia las bartolinas de la División Antinarcóticos de la PNC. Foto Fred Ramos

La Foto del día de El Faro es de el expresidente Francisco Flores esposado y trasladado de su arresto domiciliar hacia las bartolinas de la División Antinarcóticos de la PNC. Foto Fred Ramos

La atribución de pedir informes bancarios le fue restituida a Probidad en enero de 2014, y en su investigación sobre las declaraciones de patrimonio de Flores señala una omisión del exgobernante cuando dejó el poder: “Cabe hacer mención que el señor Flores declaró al cese de funciones un préstamo con el Banco Agrícola por $90,000.00, adquirido con fecha 19/05/2004, valor que fue depositado en la cuenta corriente del mismo y al 31 de mayo de 2004 tenía un saldo de $96,993.16 lo cual no fue incluido en la declaración; asimismo, el préstamo en referencia fue cancelado el 02 de junio de 2005, en un período de un año y realizando tres pagos que suman $92,203.61.” A este saldo, le agrega el saldo de dos cuents de ahorro en Scokianbank. Una por 7 mil 270 dólares con 34 centavos y otra por 298 dólares con 64 centavos. 104 mil 562 dólares con 14 centavos, saldo al 31 de mayo de 2004 de las cuentas de Flores que registra el documento de la Sección de Probidad. 

En 2005, Probidad tenía dudas sobre dos puntos de la declaración del mandatario, pues no había declarado como propiedad suya un terreno costero, y sospechaba que había subvaluado esa propiedad. "El 28 de mayo de 2004 -tres días antes del cese de funciones- el declarante hizo una permuta por medio de la cual recibió un terreno ubicado en la Isla San Sebastián, Bahía de Jiquilisco, Usulután, de una extensión de 9,300.20 varas cuadradas, valorado en $34,285.61 y entrega un terreno ubicado en Punta San Juan, Cantón Corral de Mulas, Bahía de Jiquilisco, Usulután, de una extensión de 10,000.82 varas cuadradas, valorado en $34,285.61, que el declarante no poseía a la toma de posesión. La Sección encuentra que tales valores son anormalmente bajos para esas ubicaciones", dice una de las observaciones.

Además, Probidad reparó en un crédito por 90 mil dólares cuyo destino no fue declarado. "En fecha del 19 de mayo de 2004 -12 días antes de finalizar su periodo- el declarante firmó una apertura de crédito con el Banco Agrícola cuyo monto original era de $90,000.00 y su saldo al 31 de mayo de 2004 era de $89,935.16. La sección estima que en tan corto tiempo el retiro de esa cantidad debió reflejarse en un activo que no se declara", dice el expediente de Probidad que fue archivado cuando pretendía "investigar operaciones activas y pasivas del declarante y su cónyuge y, muy especialmente, el destino del crédito mencionado." La Corte también frenó la investigación sobre "el movimiento de los inmuebles incluidos en la permuta."

El  9 de junio de 2005, poco más de un año después de que Flores había terminado su quinquenio, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordaron acceder a una petición de los bancos Agrícola y Salvadoreños (posteriormente HSBC y hoy Davivienda), apoyados por el Banco Cuscatlán -el mismo que facilitó que los fondos de Taiwán saltaran los registros del sistema financiero-, para que Cáceres y Probidad cesaran en su pedido de informes bancarios. En la lista de Cáceres figuraban, además de Flores y su esposa, el exsecretario técnico de la presidencia y exministro de Hacienda, Juan José Daboub, y el ex ministro de Economía, Miguel Lacayo. Los bancos escribieron al presidente del Órgano Judicial: "Revisando las disposiciones respectivas… no encontramos en ninguna de ellas disposición que faculten expresamente ni a la Sección de Probidad ni a la misma Corte Suprema de Justicia para solicitar información bancaria".

Después de quitarle a Probidad la atribución de pedir informes bancarios, 10 de los 15 magistrados dieron el siguiente paso: archivar los expedientes que había abierto Cáceres. "Reconozco que la decisión por la que voté no es lo más eficiente, pero es lo legal", declaró Ulices del Dios Guzmán a El Faro en agosto de 2005, magistrado de la Corte Suprema de Justicia que abanderó la iniciativa de quitar las facultades a Probidad. 

Uno de los bancos que negó la información, el Banco Salvadoreño, era presidido por quien fuera ministra de Relaciones Exteriores de la administración Flores, María Eugenia Brizuela de Ávila. El Salvadoreño luego se convirtió en HSBC y en 2007 Brizuela de Ávila ascendió al cargo de directora regional de Sustentabilidad Corporativa de HSBC para América Latina.

La información que negaron los tres bancos fue pedida 10 años después gracias a que Probidad recuperó sus facultades a partir de una demanda de un grupo de ciudadanos, entre quienes están las abogadas María Silvia Guillén y Nora Montoya.

El Citibank es uno de los bancos claves para resolver el caso de los donativos a Taiwán entregados al expresidente Flores. El Citibank compró el Banco Cuscatlán por un mil 510 millones de dólares (el acuerdo de compra dice que el 50 por ciento se pagó en efectivo y el 50 por ciento en acciones). El presidente del Banco Cuscatlán era José Mauricio Felipe Samayoa Rivas (ya fallecido), quien dispuso omitir controles bancarios importantes en la apertura de la cuenta a nombre del Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth, en Costa Rica, donde fueron depositados 10 millones de dólares donados por Taiwán.

En los documentos de la Fiscalía, Samayoa Rivas aparece retratado como protagonista de un caso especial de lavado de dinero, pero la Fiscalía nunca presentó acusación contra él..

Exsecretario de Flores cree que hay delito

Francisco Bertrand Galindo fue secretario de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Presidencia durnate el gobierno de Francisco Flores. También fue su ministro de Seguridad y uno de los funcionarios a quienes citó la Asamblea Legislativa para declarar ante la comisión investigadora. Cuando se le pide que analice el caso un año y nueve meses después de que Flores dijera ante los diputados que nadie había controlado el uso de los fondos de Taiwán, Bertrand Galindo termina aterrizando en un escenario en que el gobernante pudo haber recibido dádivas de un gobierno extranjero.

"Ahí hay varias posibilidades", comienza el exministro. "Una es que Francisco Flores solo haya sido un enviado, alguien a través de quien se mandó el dinero para esta gente, como un intermediario". Luego, agrega otra: "La otra posibilidad es que eso sea parte de un acuerdo a nivel político para que el presidente impulsara una política de comercio exterior a favor de Taiwán, la famosa diplomacia del dólar. En ese caso, como el país de hecho ya tenía el compromiso de apoyar a Taiwán, diera o no el dinero, no pasaba nada. Lo que creo que logra con eso es mantener el buen gesto, la buena amistad, como usted le quiera llamar. Si eso es así, y Francisco Flores no iba a hacer nada ilegal, porque el gesto tenía que ver con mantener una política exterior bien definida a favor de Taiwán, en todo caso de lo que deberíamos estar hablando es de una dádiva, un regalo dado a un presidente con el ánimo de que haga lo que la ley dice que tiene que hacer. Eso es lo que la ley califica como cohecho impropio".

El cohecho impropio, según el Código Penal, se produce cuando una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar un acto propio de sus funciones o por un acto ya realizado, que es propio de su cargo.

Este jueves 5 de noviembre, el juez séptimo de instrucción deberá decidir si existen pruebas suficientes para pasar el caso a un juzgado de sentencia o liberar al expresidente, quien guarda arresto domiciliario. Ni el Juez, que es candidato a fiscal general del país, ni el fiscal general, Luis Martínez, que busca tres años más en el cargo, han citado a declarar ninguno de los principales dirigentes del partido Arena de aquellos años.

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