Era febrero de 2014 y, en un restaurante del centro de Guatemala, conversaba con un alto cargo del Ministerio Público sobre las comisiones de postulación, ese proceso por el que cierta élite política guatemalteca elegiría aquel año a la cúpula del sistema de Justicia (magistrados de Corte Constitucional y Corte Suprema, Tribunal Supremo Electoral, Contralor de Cuentas...) y a la nueva Fiscal General. Él veía un panorama turbio y me repitió con convicción algo que le había dicho un diputado: “El año que viene hay elecciones, pero este año se elige quien nos gobierna.”
Unos minutos después recibimos la noticia: la Corte de Constitucionalidad anunciaba que el mandato de Claudia Paz y Paz, la Fiscal General que había logrado procesar a Efraín Ríos Montt por genocidio y había capturado a varios cabecillas del narcotráfico, concluiría mandato en mayo y no en diciembre, cuando debía cumplir sus cuatro años de ley en el cargo. Las palabras de mi compañero de mesa tenían una resonancia profunda, mayor aún tras conocer la decisión de la CC: aludían, sin mencionarlo, a cómo el Estado había sido capturado y cooptado desde hacía décadas y los organismos de justicia y de control, o el tribunal electoral, servían en gran medida para proteger intereses, debilitar adversarios, y arbitrar taimadamente la democracia.
Un editorial de Plaza Pública lo describió entonces recordando las ideas de Sheldon Wolin, un teórico de la democracia radical que habla, entre otras cosas, de democracia dirigida y totalitarismo invertido. “El totalitarismo invertido”, decía, “es un sistema de gobierno que, a diferencia del clásico, no aspira a controlar el Estado y la economía movilizando las masas, sino a lo contrario: florece entre los ciudadanos pasivos, apáticos, despolitizados. Entre una ciudadanía cuyo papel ha sido adelgazado por el poder hasta que lo vacía de contenido efectivo, hasta que lo neutraliza, hasta que lo reduce al ejercicio esporádico del voto en las elecciones”, y continuaba: “es esa democracia aparente, ilusoria, en la que el ciudadano, atemorizado y sin interés, se abandona a las soluciones de unos gobernantes que ahora pueden favorecer a su antojo los intereses corporativos, dirigir la democracia, amparados en un consenso fabricado”.
Si al principio los dos grupos con poder suficiente para moldear el sistema a su antojo y sacar provecho fueron los militares y los grandes empresarios nacionales organizados en el poderoso lobby patronal conocido como CACIF, en las últimas décadas el asunto se volvió más complejo y el escenario se llenó de gente nueva o reconvertida, que quería jugar con las mismas reglas y albergaba una ambición semejante: la de depredar Guatemala con impunidad.En un proceso paulatino que ha durado por lo menos tres décadas, empresarios emergentes, transnacionales, sindicatos y los más variados tipos de criminales organizados fueron capturando pequeños espacios de poder (ministerios, secretarías, municipalidades, curules, cortes, colegios profesionales) y desdibujando el panorama. El campo de batalla estalló con peleas nuevas, y el rugido de las colisiones se hizo más sonoro, menos controlable. Los viejos señores, heridos, comenzaron a lamentarse por el terreno perdido y a llevar los agravios al dominio público: ahora dirimían también sus disputas desde los principales medios de comunicación, a los que tenían acceso: les trasladaban sus quejas y hacían que pareciera que, de repente, todo se había corrompido horriblemente. Es molesto no mandar ya en solitario.
Al mismo tiempo, desde principios de siglo, ciertas leyes fueron volviendo al estado quizá no menos corrupto, pero sí más transparente, y los periódicos y los noticieros se convirtieron en un festín de escándalos diarios. Era cada vez más evidente que, lejos de estar al servicio del bienestar general, el estado servía como centro de negocios y control social para algunos privilegiados.
Una crisis pirotecnica con mucho humo
Si es difícil gobernar toda esa complejidad, meter en el juego a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y a un conjunto de organizaciones sociales hiperactivas terminó de perturbar los precarios equilibrios. A las traiciones, fugas de información, declaraciones histriónicas y conflictos pirotécnicos se sumaron por primera vez una voluntad y una capacidad de investigar externas al sistema. La posibilidad de perseguir penalmente se volvió real.
Había mechas por todas partes, y estaban conectadas. La Cicig y el MP prendieron varias casi simultáneamente. Defraudación aduanera, contratación fraudulenta de servicios médicos, lavado de dinero, financiamiento ilegal de partidos, abuso de poder, tráfico de influencias, sobornos. Y todo reventó.
A la sensación de que acusaran a funcionarios de rango tan alto se sumó el espanto que causaban las conversaciones grabadas entre ellos (cínicas y en tono de cotidianidad) que los investigadores iban haciendo públicas. Era todo tan palpable y parecía tan descarado que la gente se arrojó a las calles de inmediato a pedir que rodaran las cabezas Roxana Baldetti y Otto Pérez, y también reformas profundas del Estado. Tan mal interpretaron la crisis los actores principales que trataron de contenerla. CACIF, la embajada de Estados Unidos, el Congreso, el Gobierno, la Corte de Constitucionalidad, calcularon que el respetable público se contentaría con ver cómo tiraban a Baldetti a los leones y quizá se pactaba alguna reforma tibia.
La esperanza de reformas se alejó mientras la fecha de las elecciones se aproximaba. Cada vez se hacía más evidente que los comicios no eran puros, ni libres, y que eran fraudulentos desde su origen. Fueron muchos los que llegaron a convencerse, en las plazas y en los medios de comunicación, de que las elecciones debían posponerse para asegurar así un resultado menos pirata. Otros, en las plazas y en los medios, pensaban que debían celebrarse puntuales. Hubo una parte del establishment —CACIF, la embajada de Estados Unidos, el Congreso, el Gobierno, el TSE— llegó a tildar la idea casi de golpista: nada de tocar las elecciones. Las elecciones debían ser seguras e inmediatas porque estabilizan, porque podían amortiguar la rabia, apaciguar... En fin, porque podían perdonar la vida al statu quo o darle un poco de tiempo para recomponerse.
Pero, si las elecciones eran seguras e inmediatas, como ya se había decretado, ¿qué podían hacer los descontentos para cambiar sus circunstancias?
Podían abstenerse, votar nulo, rechazar simbólicamente a todos los candidatos y a todo el sistema político que rige el país. No solo a los políticos sino a sus normas, sus estructuras, sus dependencias y su servilismo.
O podían votar en contra de alguien.
Póker electoral: quién juega la mejor baza, quién engaña a quién
Al principio, ambas cosas parecían fusionarse.
Hace un mes, las encuestas reflejaban una tendencia que iba camino de convertir estas elecciones en las de mayor abstencionismo o voto nulo de la historia (aunque suelen registrar cifras más bajas que las reales, as encuestas reflejan bien las tendencias de abstención). Al mismo tiempo, describían el ascenso fulgurante de un cómico ajeno al sistema político que enarbola la inexperiencia como trofeo y bandera de honradez: Jimmy Morales. Creo que este voto se fundía con el nulo y la abstención porque ambos compartían una intención: la de rechazar el sistema. Era fácil imaginar que apoyando a Morales dinamitarían la forma vernácula de hacer política.
Las cosas cambiaron en pocos días: en la última encuesta, a una semana de las elecciones, el abstencionismo y el voto nulo cayeron del 30% al 20%, y hoy, con el 97 % de los votos escrutados hay quienes preven la participación más alta de la democracia, con alrededor del 30% de abstención Y aunque cada vez resulta más evidente que votar a Morales no representa votar contra el sistema político local, sino a favor de la antipolítica (“Si gana, va a ser un Fujimori”, me dijo el viernes un sociólogo experimentado y sagaz), a la luz de los resultados preliminares de los comicios ha sido el mayor beneficiado de ese trasvase momentáneo. Morales ha obtenido de momento el 24% de los votos válidos. Sandra Torres, de la UNE, el 19.62%. Y Manuel Baldizón, el candidato de Lider que se presentaba como rotundo ganador hace un par de semanas, cae al tercer lugar provisional, con 19.54%. Los dos aspirantes que pasen a segunda vuelta no acumularán, sumados, el 50% de los votos válidos. Y es probable a estas alturas que en noviembre Guatemala tenga que escoger entre dos personas que participan por primera vez en unas elecciones presidenciales.
¿Qué pasó en medio? Una recia campaña contra el abstencionismo y el debate habitual entre algunos abstencionistas y algunos pro-elecciones escindieron más el voto antisistema. Abstenerse o votar nulo, argumentaban los segundos, facilitaba la victoria en primera vuelta de Manuel Baldizón, candidato de Lider y más probable bestia negra de los abstencionistas (el propio Baldizón alimentó esta hipótesis al impulsar una campaña clandestina favorable al voto nulo). Los primeros replicaban que los demás candidatos no le mejoraban lo suficiente como para que se justificara acudir a las urnas y legitimar el sistema; y, aún peor, añadían: no podían confiar en ningún candidato nacido de estas reglas, así fuera la Madre Teresa de Calcuta. El problema no es el crupier, sino las reglas del casino.
El sábado un amigo mío acuñó así su desazón:
“ Lógica guatemaleca:
¿La vice nos roba? ¡No descansaremos hasta que renuncie y se vaya al bote!
¿El presi nos roba? ¡No descansaremos hasta que renuncie y se vaya al bote!
¿Las condiciones para las elecciones son pésimas y están plagadas de ilegalidades y fraudes? ¡VOTEMOS, VOTEMOS, VOTEMOS!”
La brecha entre ambos grupos se amplió y en muchos casos los adversarios comenzaron a negarse mutuamente inteligencia suficiente para comprender el fondo, o la dignidad para enfrentar un problema cuya salida es, cuando menos, incierta. Sin embargo, la diferencia, en buena medida era táctica más que estratégica. La idea de que las soluciones, las verdaderas soluciones, deberían buscarse en reformas que nada tenían que ver con los comicios parecía extendida entre todos los protestantes, y nadie o muy pocos confían en que las elecciones puedan suponer, por sí mismas, un cambio para bien. Se ven, en buena medida, como el momento en que se decide cómo distribuir el control del centro de negocios.
Este debate se había vuelto innecesariamente acre y divisor para el momento en que, a cinco día de las votaciones, Otto Pérez Molina le cedió la presidencia a Alejandro Maldonado Aguirre. Con ello añadió a las elecciones dos elementos más de estabilización: su propia renuncia, y la coronación de Maldonado, este hombre cultivado en el Movimiento de Liberación Nacional, la derecha anticomunista, y que lleva 50 años siendo cancerbero del sistema , como recordó desde la Corte de Costitucionalidad con su fallo a favor de anular la condena por genocidio contra Ríos Montt.
Sólo se ven en el horizonte dos motores para el proceso de reforma, como escribió en Facebook un diplomático guatemalteco: “MP-Cicig por un lado, y movimiento ciudadano por otro. Y cuando uno canta, el otro hace eco. Me parece que Cicig-MP tienen guardados aún unas cuantas canciones más con respecto a la corrupción y cómo afecta a la clase política, a la clase empresarial y al órgano judicial”.
Pero todos estos sucesos han introducido confusiones nuevas, y entre las personas que hace unas semanas declaraban que de las elecciones sólo podría salir un gobierno ilegítimo hay quienes, en medio de una emoción hiperbólica, afirman que la claudicación del expresidente inaugura una etapa política nueva.
Los que han entendido que Otto Pérez era sólo un asunto menor y que la crisis no es de gobierno, sino de sistema, opinan que la transformación difícilmente pasa por las elecciones, porque ven improbable siguiera que del mismo sistema salga un presidente que pueda traicionarlo desde adentro, y mucho más que lo haga todo un Ejecutivo, un Congreso y los alcaldes. Este grupo es el que desde hace meses no para de decir que #EstoApenasEmpieza y que el camino es largo, que las elecciones no definen realmente la maquinaria que nos gobierna.
La duda está ahora en qué parte de los protestantes callejeros pertenece a ese grupo y qué parte se dará por satisfecho con tener la cabeza de un expresidente sobre la mesa y con que siga rodando la rueda del gatopardismo electoral. Dependerá también, en cierto modo, de la magnitud de los casos que sigan revelando los fiscales. El eco será probablemente proporcional a la potencia del canto del MP y la CICIG.
*Enrique Naveda es director del periódico digital guatemalteco Plaza Pública.
