Ciiudad de México, MÉXICO. Una investigación de varios peritos independientes, auspiciada por la Organización de Estados Americanos y en acuerdo con el gobierno mexicano, botó este domingo la versión oficial según la cual los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México hace casi un año fueron incinerados en un basurero, en un crimen que despertó la indignación internacional.
'No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula', por lo que se debe continuar la búsqueda de los estudiantes, indica el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo adscrito a la OEA.
El GIEI llegó al país para iniciar sus investigaciones hace seis meses y reveló su informe a solo 20 días de que se cumpla el primer aniversario de la desaparición de los jóvenes que estaban estudiando para ser profesores, y que aquella noche regresaban de actividades de preparación para la próxima conmemoración de la matanza de Tlatelolco.
En sus cerca de 500 páginas, una de las principales conclusiones del informe es que no se debe dar por muertos a los 43 estudiantes, sino por desaparecidos. Jurídicamente esto complica la situación de quienes puedan eventualmente ser encontrados responsables de que el caso no se resuelva, si la versión de los peritos independientes resulta ser la apegada a lo que sucedió entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27. En el caso de las desapariciones, el derecho internacional establece que el delito se sigue cometiendo mientras no aparece la persona desaparecida o no se aclara su paradero.
La pesquisa independiente critica la inacción de las fuerzas federales y pone sobre la mesa un 'elemento clave' que no ha sido considerado por la fiscalía: un quinto autobús que pudo estar transportando droga al momento del ataque y que supusiera la posibilidad de que los criminales se confundieran al interceptar los autobuses en que se transportaban los normalistas.
Los investigadores, entre quienes se encuentra la ex fiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz, sostienen además que aunque es cierto que fue la policía municipal la que estuvo directamente involucrada en la detención de los estudiantes, está probado que tanto el Ejército como la Policía Federal de México tuvieron conocimiento de la situación desde el inicio y no hicieron nada por impedir la desaparición de los jóvenes.
Esto pone en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya popularidad se ha ido a pique a raíz del trágico crimen.
Alegando detentar una 'verdad histórica', la Fiscalía mexicana concluyó, en noviembre de 2014, que la noche del 26 de septiembre del año pasado, decenas de estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa (Guerrero, sur) fueron atacados por sicarios y policías corruptos en la cercana Iguala. Los jóvenes habían tomado por la fuerza cuatro autobuses para sus movilizaciones políticas.
Según la Fiscalía, luego los policías entregaron a los 43 estudiantes -conocidos por su beligerante ideología de izquierda- a narcotraficantes del cártel local Guerreros Unidos, quienes los asesinaron por sospechar que eran miembros de un cártel rival, 'Los Rojos'. Posteriormente, los cadáveres fueron incinerados en 16 horas en un basurero del cercano poblado de Cocula y arrojados a un río.
Los parientes de las víctimas rechazaron desde un inicio esta versión con el argumento de que carecía de fundamentos científicos.
Fuego imposible
Iguala se encuentra a unos 250 kilómetros al sur de la ciudad de México, y es municipio vecino de Cocula. Unos 200 kilómetros más al sur está la aldea de Ayotzinapa, de donde eran originarios aquellos jóvenes revoltosos que estaban preparando su excursión a la ciudad capital para la conmemoración de Tlatelolco. Aquel 26 de septiembre intentaron obtener por la fuerza un quinto autobús en las cercanías de Iguala, pero el conductor logró impedirlo y puso la denuncia ante las autoridades. Así fue como estas los interceptaron durante la noche.
El GIEI comenzó su trabajo en marzo pasado y está integrado por cinco expertos, ninguno de ellos mexicano: Claudia Paz y Paz, quien como fiscal general de Guatemala logró la condena del general Efraín Ríos Montt por genocidio; Ángela Buitrago, exfiscal delegada de la Corte Suprema de Colombia; Carlos Beristain, sicólogo de origen vasco; Alejandro Valencia, abogado colombiano que trabajó con la Comisión de la Verdad de Guatemala y que ha sido abogado del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, un organismo que ya se ha anotado varios triunfos contra el Estado salvadoreño por violaciones a derechos humanos), y Francisco Cox, que ha sido representante de Cejil en Chile.
En el basurero de Cocula 'no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo', concluyó José Torero, un perito peruano que participó de la investigación independiente.
El experto añadió que no se observan los daños que resultarían de un fuego tan importante y que no existe evidencia de que el combustible necesario estuviera disponible en las cercanías.
Para la incineración de un cuerpo se necesitarían '700 kilogramos de madera y 310 kilogramos de neumáticos y la duración de esa incineración' sería de 12 horas, indicó el experto.
Pero, en el caso de los 43 cuerpos, la carga de combustible de madera tendría que haber sido de más de 30 toneladas, la de neumáticos de más de 13 toneladas y la duración de consumo de los cuerpos de 60 horas, añade el reporte.
Así, el GIEI pide investigar el posible uso de hornos de cremación públicos y privados en los municipios aledaños. La versión oficial es que los cuerpos fueron convertidos a cenizas en un término de unas 16 horas, que las cenizas fueron colocadas en bolsas y luego arrojadas a un río.
Los desesperados padres de los 43 estudiantes han encabezado multitudinarias marchas en todo el país, gritando a los cuatro vientos que sus hijos aún están vivos.
Un laboratorio de Innsbruck (Austria) ha analizado restos humanos calcinados encontrados en la zona, pero sólo ha podido identificar a uno de los estudiantes.
'La versión del basurero de Cocula tiene muchas inconsistencias', dijo Francisco Cox, en la presentación del informe en la capital del país.
Por otro lado, el informe deplora que la policía estatal, federal y el ejército no auxiliaron a los estudiantes pese a presenciar los ataques e incluso recibir llamadas de auxilio.
Muchos lesionados permanecieron sin atención médica, lo que 'en algún caso probablemente precipitó la muerte', mientras que dos de los normalistas muertos en los ataques armados quedaron tendidos en el suelo por más de dos horas y bajo la lluvia, señalan los expertos, que no tuvieron autorización para entrevistar a militares.
El evidente vínculo entre el crimen organizado y las autoridades, así como los prontos resultados de la investigación oficial, indignaron a la esfera internacional con pronunciamientos por parte de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
El misterio del quinto autobús
La Fiscalía sólo consideró en su investigación cuatro de los cinco autobuses tomados por los estudiantes y 'no se ha proporcionado ninguna información oficial de esta omisión', lamentó el GIEI.
Los expertos explicaron que ese autobús 'fue el único que no fue atacado violentamente esa noche' y que la declaración de su chófer, recabada recién en junio de 2015, 'señala una versión de la historia que no coincide en absoluto' con la de los sobrevivientes.
La agreste zona de Iguala es epicentro del tráfico de heroína hacia Estados Unidos y los cárteles suelen transportar la droga escondida en autobuses.
Así, los investigadores independientes sospechan que las inconsistencias y contradicciones que rodean a ese quinto autobús 'esconden aspectos importantes a considerar que pueden tener que ver con el modus operandi y la motivación de la agresión'.
La hipótesis sobre la confusión de los estudiantes con un grupo narcotraficante 'es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los hechos, con la situación de que los estudiantes iban desarmados' y no explica 'la masividad' de los ataques.
El GIEI emitió varias recomendaciones a la fiscalía general para resolver este crimen. Una de ellas es investigar denuncias 'por malos tratos o torturas' contra varios de los más de 100 detenidos.
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