El Congreso de Guatemala decidió este martes 1 de septiembre, con 132 votos, quitarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina para que sea sometido a la justicia por presuntos actos de corrupción, en medio de un juicio contra una estructura de defraudación aduanera y un clima de protestas populares y presiones de distintas instituciones públicas y privadas que reclaman su dimisión.
'Se declara con lugar' el retiro de la inmunidad del presidente, anunció el diputado opositor Carlos Herrera, secretario de la junta directiva del parlamento guatemalteco, tras el voto favorable de la totalidad de los 132 diputados presentes en la sesión plenaria.
Con la decisión del Congreso, Pérez se convierte en el primer presidente en la historia de Guatemala en perder su inmunidad, una decisión que lo dejó expuesto a ser investigado por su supuesta vinculación con una red que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos, y por la cual ya enfrenta juicio y prisión preventiva la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Tras conocer el resultado de la votación, decenas de manifestantes fuera de la sede del parlamento celebraron, mientras automovilistas hacían sonar las bocinas de sus vehículos.
El Congreso programó para las 8 de la mañana la sesión para estudiar la recomendación de una comisión parlamentaria de levantar los fueros al mandatario, para lo cual se requería una mayoría especial de dos tercios de los votos de los diputados (105 en 158). Aunque se había dado un plazo de 60 días para promover la medida, a las 4:30 de la tarde de este martes, el Congreso votó a favor de retirarle la inmunidad con una mayoría de 132 votos (de 158 votos totales en el Congreso. Hubo 26 congresistas ausentes).
La decisión tomada este día por el Congreso también fue recibida con júbilo en redes sociales por ciudadanos, periodistas y medios de comunicación. El pasado jueves 27, estudiantes, sindicalistas, empleados públicos, cadenas de alimentos y la gremiales aglutinadas en la Cacif (gremial de empresarios, industriales y comerciantes) convocaron a multidtudinarias marchas y a un paro para exigir la renuncia de Pérez Molina. En la mañana de este martes 1 de septiembre, la presión de algunos sectores ya vaticinaba un camino sin retorno para el mandatario, que el lunes 31 de agosto había intentado, sin éxito, a través de sus abogados, que la Corte Suprema de Guatemala deslegitimara a la comisión pesquisidora del Congreso que recomendó despojarle la inmunidad.
A las seis de la mañana, hasta Manuel Baldizón, candidato a la Presidencia de Líder, la bancada dominante del Congreso, pidió a los legisladores que votaran a favor de retirarle la inmunidad a Pérez Molina, y por la tarde celebró la decisión de sus excolegas. Que hasta Baldizón se sumara a las exigencias contra Pérez Molina -Baldizón es cuestionado por sus cercanías con el Presidente y por liderar la bancada que más cerca estuvo de él, desde que en Abril la Cicig y el Ministerio Público destaparon el caso de defraudación aduanera- solo habla de la rotunda soledad del mandatario, acorralado entre las cuerdas en la calle, en el Congreso, y hasta en los pasillos de la diplomacia en Guatemala.
Este martes, de los 26 legisladores ausentes en la sesión, 24 eran de la bancada de Líder, según reportó el periódico Prensa Libre.
En las horas previas a la votación del Congreso, la Embajada de Estados Unidos reveló en su cuenta oficial de Twitter que esperaban que el Congreso respondiera a las peticiones de las protestas pacíficas y democráticas, que desde hace 16 semanas exijen la renuncia de Pérez Molina y la justicia por la corrupción destapada en su gobierno. 'Esperamos que el Congreso de la República responda debidamente a los guatemaltecos', publicó @usembassyguate, citando al embajador Todd D. Robinson.
Horas antes de la votación, decenas de sindicalistas bloquearon los ingresos al Congreso en demanda de la aprobación de leyes sociales, aunque afirmaron que se retirarán por la tarde para permitir la sesión legislativa.
Por otro lado, organizaciones indígenas y campesinas bloquearon una decena de carreteras en diferentes regiones del país para exigir la renuncia del presidente.
Pérez, un general retirado de 64 años que llegó al poder en 2012, está acusado de liderar una red denominada 'La Línea' que cobraba sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en el sistema nacional de aduanas.
El presidente fue involucrado en el caso por la Fiscalía y la Comisión Internacional de la ONU contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que solicitaron el 21 de agosto a la Corte Suprema de Justicia que autorizara un proceso para quitarle la inmunidad ante indicios de su participación en el esquema.
Esos indicios consisten una conversación telefónica en la que ordena cambios de personal en las aduanas, algo que se interpreta como una injerencia para facilitar la operación ilícita.
El caso, destapado inicialmente por la Fiscalía y la Cicig en abril pasado, precipitó en aquel momento la renuncia de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien fue detenida en forma preventiva por su presunto papel en el caso.
Un día antes de que le retiraran la inmunidad, el lunes 31 de agosto, en una conferencia desde el palacio presidencial, Otto Pérez Molina dijo a Guatemala que se sentía 'humillado'. 'Es una situación humillante la que me ha tocado vivir', dijo el mandatario, quien añadió que no renunciaría a su cargo y atacó los errores del Ministerio Público y la Cicig en el caso por corrupción en su contra.
'No recibí ningún centavo (de estructuras fraudulentas). Me siento completamente tranquilo', dijo Pérez.
Guatemala celebrará elecciones el próximo 6 de septiembre y, pese a que Pérez ha dicho que no renunciará, la incógnita radica en si llegará al 14 de enero -día del cambio de gobierno- para entregar la banda presidencial a quien resulte electo.
Es que la ley guatemalteca estipula que el presidente debe cesar en el cargo si un juez ordena su prisión preventiva.
El analista José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), dijo a la AFP que Pérez 'en mi perspectiva, no llegará al 14 de enero, saldrá antes, pero eso depende mucho de cuánto avancen los procesos'.
El Congreso había rechazado, a mediados de agosto, levantar los fueros al mandatario, aunque fue antes de ser involucrado explícitamente por la Fiscalía y la Cicig en el caso de las Aduanas.
Además de ese caso, hay otros escándalos de corrupción revelados bajo la gestión de Pérez. Entre ellos figura la sobrefacturación en la compra de medicamentos por parte del Seguro Social, que implicó el arresto en mayo de jerarcas de esa institución y del Banco de Guatemala.
Asimismo, como resultado de otra investigación de la Fiscalía y la Cicig, en julio fue detenido Gustavo Martínez, yerno de Pérez y exsecretario general de la Presidencia del actual gobierno, por cargos de tráfico de influencias para favorecer a una empresa de energía.
