#Yonotengopresidente. Con esa frase, sobre un fondo negro, y con una imagen del palacio de gobierno invertido, de cabeza, El Periódico de Guatemala abrió su edición digital este jueves 27, en un contexto en el que varias instituciones del Estado, políticos, empresarios, medios de comunicación, indígenas y millares de guatemaltecos exigen la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, acorralado en un escándalo de corrupción que ya tiene en juicio, y prisión preventiva, a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y que espera una declaratoria de retiro de inmunidad del Congreso para llevarlo también a él a juicio.
'Otto Pérez ¡fuera ya!', cierra el meme de el periódico, un grito que se ha escuchado -y se escucha hoy- en las calles de Guatemala desde cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público destaparon el caso 'La Línea', el 16 de abril pasado, en el que funcionarios de gobierno participaron en una estructura de defraudación aduanera en Guatemala, y por el que recientemente se vinculó al mandatario y a la exprimera dama como cabecillas de esa estructura.
Otto Pérez Molina se ha quedado solo. O casi solo. O con muy poca Guatemala a su favor. En la mañana de este jueves, el periódico Prensa Libre registra protestas en las que médicos piden la renuncia de Pérez Molina en el departamento de Quiché; niños, adolescentes y jóvenes estudiantes marchan en San Marcos; Universitarios de la San Carlos y la Landívar marchan en la capital; la gremial empresarial de la CACIF sumada a un paro de labores, al igual que las gremiales sindicalistas. Prensa Libre reporta también otras manifestaciones en Quetzaltenango, Cobán y Sacatepequez (Antigua Guatemala)...
Este jueves 27, por la mañana, la Contraloría General de Guatemala, en un comunicado, pidió a Pérez Molina que 'en aras de mantener la paz social en Guatemala y ante las demandas de los distintos sectores de la población, presente de manera inmediata su renuncia al cargo de presidente de la República para evitar mayores incidentes sociales, con consecuencias insospechables'. La Contraloría también autorizó a sus funcionarios a participar en la marcha contra la corrupción de este jueves. La CGG no ha sido la única entidad de gobierno que se suma a las protestas. En los últimos días, una veintena de funcionarios gubernamentales, incluidos seis de los 14 ministros, renunciaron a sus cargos abandonando a Pérez, un general retirado de 64 años, mientras que la cúpula empresarial rompió su alianza con el mandatario y exigió su renuncia.
El miércoles 26, la Procuraduría General de la Nación (PGN) también recomendó al mandatario que renuncie a su cargo en medio las denuncias de corrupción. La PGN 'recomienda al señor presidente constitucional de la República de Guatemala presentar su renuncia al cargo con el fin de evitar la ingobernabilidad que traiga como consecuencia la inestabilidad de la Nación', señaló en un comunicado la Procuraduría, entidad que actúa como representante legal del Estado en temas jurídicos y administrativos.
El miércoles, en las calles, las marchas se concentraron en ocho tramos de carretera que fueron bloqueadas, mientras en la capital se realizaron otras marchas y el Ministerio de Finanzas fue ocupado por trabajadores. Paralelo a estas medidas de presión, miles de profesores marcharon en la capital para exigir reformas sociales ante la crisis política que sacude al país.
A los manifestantes quizá los prende cada golpe que recibe el mandatario y sus allegados vinculados al caso de corupción en aduanas. El mandatario fue señalado el pasado viernes 21 de agosto como cabecilla, junto a la exvicepresidenta Roxana Baldetti de una red de defraudación aduanera denominada 'La Línea', momento en que la Fiscalía solicitó el antejuicio parlamentario.
En medio de las protestas en las calles, Guatemala supo que la ex vicepresidenta recibió un duro golpe cuando un juez ordenó su prisión preventiva en una cárcel común, al considerar que existen pruebas de su participación en el esquema de fraude fiscal. El juez Miguel Ángel Gálvez explicó que la decisión se debe a la posibilidad de obstaculizar a la justicia y el peligro de fuga de Baldetti, quien tiene también ciudadanía italiana.
Al finalizar la audiencia judicial del miércoles, Baldetti dijo a la prensa y bajo custodia policial que ni ella ni el presidente estaban involucrados en el fraude fiscal que se les imputa. Además, pidió a su exsecretario privado Juan Carlos Monzón, prófugo y señalado en las investigaciones como el operador de la estafa en las aduanas, que 'se entregue para aclarar la situación'.
Gálvez ordenó recluir a la ex vicepresidenta en la cárcel común de Santa Teresa, en la periferia norte de la capital, y que la retiraran del cuartel militar Matamoros, donde se halla actualmente detenida. El juez concedió tres días a las autoridades del Sistema Penitenciario para habilitar un espacio en la cárcel de mujeres que garantice la vida de la exfuncionaria. Según la investigación, los posibles delitos en que incurrió la exfuncionaria son asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera.
Ese mismo día, hasta la librería Sophos, quizá la librería más fuerte en Guatemala, anunció el cierre de sus tiendas para este jueves. 'Somos guatemaltecos y consideramos la renuncia del Presidente Otto Pérez Molina un asunto de dignidad nacional', publicó la librería en su cuenta oficial de Facebook. 'SOPHOS es un negocio y somos importadores. Sostenemos que es responsabilidad de las empresas y de los empresarios guatemaltecos manifestar su repudio a las prácticas ilegales y mezquinas de los empresarios que evaden sus responsabilidades fiscales', añadió la empresa, en alusión al escándalo de 'La Línea'.
La gremial de empresas privadas, industria y comercia (Cacif) tambi+en convocó a un paro nacional, al que se sumaron, inclusive cadenas internacionales de comida rápida como Mc' Donalds, Domino´s Pizza, Pollo Campero, o nacionales como la industria cervecera de Guatemala.
La situación de Pérez se complica aún más debido a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diera su aval, el martes 25, a un pedido de la Fiscalía para que el Congreso le retire la inmunidad presidencial y enfrente ante la justicia penal los cargos de corrupción que pesan sobre él, en una medida legal denominada antejuicio.
Para Jorge Santos, director del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (CIIDH), el abandono de gran parte de su círculo más cercano 'deja en total soledad al presidente, quien sin lugar a dudas ya no ejerce más que de manera formal el papel de presidente de la República'.
Al mediodía, el Congreso de Guatemala anunció la integración de una comisión pesquisidora que analizará si se retira o no la inmunidad al presidente Otto Pérez, acusado de integrar una red de defraudación tributaria.
El presidente del Congreso, Luis Rabbé, comentó que los cinco diputados que integran esa comisión fueron seleccionados mediante un sorteo realizado en el pleno del Congreso durante una sesión ordinaria.
Rabbé precisó que los diputados que integran la comisión son los oficialistas Gloria Sánchez y Mario Linares, quien la preside, y los opositores Jorge Barrios, Sergio Celiz y Nineth Montenegro.
Ahora la comisión pesquisidora tiene hasta 60 días para analizar el expediente y presentar un informe en el que recomendará si es conveniente o no retirar la inmunidad al mandatario. A Pérez Molina le va quedando solo el Congreso de Guatemala. Para levantar la inmunidad se necesitaría el apoyo de 105 de los 158 diputados que integran el Parlamento. El pasado 13 de agosto, el mismo Congreso le dio un respiro al presidente cuando evitó quitarle la inmunidad por otro antejuicio presentado por un diputado opositor por el mismo caso de defraudación aduanera. En aquella votación, la solicitud obtuvo 88 votos a favor, 26 en contra y 44 ausencias. En aquella ocasión, 70 guatemaltecos salvaron de un juicio a Otto Pérez Molina.
Las elecciones generales de Guatemala se celebrarán el domingo 6 de septiembre, pero el presidente electo no asume su cargo hasta principios de año. En medio de la crisis, los manifestantes ya han comenzado a exigir que las elecciones sean suspendidas, y que se promulguen nuevas reformas contra la corrupción en la clase política del país.
