El Congreso hondureño rechazó por mayoría la noche del lunes 3 de agosto una propuesta para convocar a una consulta popular (plebiscito) que decidiría si el gobierno pide a la Organización de Naciones Unidas (ONU) instalar una comisión contra la impunidad en el país. La propuesta del plebiscito fue realizada por Manuel Zelaya -el expresidente derrocado en el 2009 y coordinador del partido Libre- , Rasel Tomé y otros ocho diputados de ese partido habían presentado la moción en respaldo del movimiento de los llamados Indignados.
La propuesta fue analizada en una Comisión Especial del Congreso Nacional, integrada por todos los partidos políticos, que emitió un dictamen desfavorable a la petición, según Diario El Heraldo. La comisión consideró, de acuerdo con El Heraldo, que el plebiscito no era necesario porque el presidente Juan Orlando Hernández ya ha convocado a un diálogo nacional, y que las instituciones encargadas de administrar justicia ya han tomado acciones para reducir los niveles de corrupción e impunidad en el país. Sin embargo, una razón con más peso podría ser el informe del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hondureño, que aseguró que la consulta costaría siete meses en realizarse, con un presupuesto de unos $31.3 millones de dólares.
Pese al dictamen desfavorable, los partidos Liberal, Libre y PAC lograron 56 votos en contra del dictamen, pero fueron derrotados con los 66 votos del oficialista Partido Nacional (derecha), la Democracia Cristiana, Unificación Democrática, e inclusive del Partido Liberal y de Libre. 'El partido de gobierno se niega a que venga una comisión internacional a investigar la impunidad y la corrupción para que siga el saqueo de los fondos públicos', se lamentó el diputado Tomé, de Libre.
El presidente del congreso hondureño, Mauricio Oliva, dijo a La Prensa de Honduras que el trámite para instalar una Comisión contra la Impunidad implica 'reformar los artículos 2, 17, 19 y 34 de la Constitución y eso conlleva esperar dos legislaturas, realizar un plebiscito y luego ver qué es lo que pide el gobernante', reseñó Oliva.
La moción de la consulta popular fue presentada por Mel Zelaya y está en consonancia con el clamor de los Indignados, que durante varias semanas han marcado en la capital y en otras ciudades del país, movilizando a miles de personas, exigiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández y la instalación de la CICIH para que lo investigue por casos de corrupción.
Las movilizaciones empezaron a raíz de las denuncias del saqueo de unos 330 millones de dólares del Seguro Social, mediante compras de medicinas y equipos médicos sobrevalorados por funcionarios y empresarios. El mandatario aceptó que $94,000 de esos fondos fueron a dar a la campaña que lo llevó al poder, pero que no tuvo conocimiento de ello hasta después de asumir la presidencia, y prometió combatir la corrupción en el país. El presidente ha pedido ayuda a Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos (OEA) para instalar un diálogo entre el gobierno y los opositores para terminar con las protestas.
La actuación de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala tiene contra las cuerdas al gobierno y ya ha provocado la renuncia de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, además de un antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina. Pese a la presión de Estados Unidos para que Honduras y El Salvador instalen sus propias comisiones, ambos gobiernos ya contestaron que no lo harán. La respuesta salvadoreña fue parecida a la de Honduras: 'El Salvador cuenta con los instrumentos adecuados para combatir la corrupción, entre estos una de las mejores leyes de acceso a la información del mundo', según el secretario de Gobernabilidad Hato Hasbún. De igual forma, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, afirmó que 'la CICIG no ha parado el narcotráfico, la guerra interna, ni la corrupción' en Guatemala, unas declaraciones que El Faro puso a prueba y encontró engañosas.
