La policía de Río de Janeiro (Brasil) mató a 1,529 personas en los últimos cinco años, es decir, el 16% de los homicidios registrados en la ciudad, según un reporte de la organización Amnistía Internacional (AI), develado hoy. La oenegé de derechos humanos advierte en un informe que la policía de Río incurre en el uso desproporcionado de la fuerza, y que existen 'fuertes evidencias' de que en muchos casos practican ejecuciones sumarias.
El informe de AI, titulado '¡Tú mataste a mi hijo!: asesinatos cometidos por la policía militar en la ciudad de Río de Janeiro', afirma que la policía actúa bajo la premisa 'disparar primero, preguntar después'. AI acusa a la policía de encubrir sistemáticamente los asesinatos, y que la falta de investigación de esos casos deriva en impunidad
La lógica de la 'guerra contra las drogas' privilegia el uso desmedido de la fuerza y justifica 'diversas violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, amenazas a los habitantes de las favelas y defensores de derechos humanos, invasiones ilegales de viviendas, robos y agresiones físicas', denuncia la organización. 'En la práctica, muchos casos son registrados como 'resistencia seguida de muerte', para evitar que haya investigaciones independientes', y mantener a los responsables alejados de la justicia, apunta el informe.
En muchos casos, la policía manipula las evidencias, moviendo los cadáveres, o 'plantando' armas junto a ellos para evitar futuras investigaciones, agrega. Amnistía ejemplifica con la favela (barrio marginal) Acari, en la zona norte de Río, donde al menos nueve de los 10 asesinatos cometidos por policías en 2014 'contienen fuertes indicios de que fueron ejecuciones extrajudiciales'.
El reporte es divulgado al tiempo que la ciudad prepara los operativos de seguridad para los Juegos Olímpicos de 2016, que se inaugurarán dentro de un año, cuando Río recibirá decenas de miles de personas en el mayor evento deportivo del planeta.
El informe de Amnistía Internacional permite encontrar coincidencias con la situación de la Policía salvadoreña, enmarcada en una lógica gubernamental de guerra contra las pandillas, que ha elevado este año la cifra de homicidios a niveles record en el nuevo siglo, con mayo como punta de lanza con 635 homicidios registrados. En este contexto, una investigación de El Faro reveló como la Policía acabó con ocho personas, entre ellos dos jóvenes que no eran pandilleros, en un operativo protagonizado por la fuerza élite del Grupo de Reacción Policial (GRP) en la finca San Blas, San José Villanueva, La Libertad, en marzo de este año.
Ese mismo mes, el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén señaló como un éxito el combate frontal a las pandillas y habló de más de 140 pandilleros asesinados en operativos en el que se presume hubo 'enfrentamientos' con la agentes de la PNC.
El reportaje de este periódico es, a juicio del Procurador de Derechos Humanos salvadoreño, David Morales, una historia que 'arrojaba pruebas' de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía Nacional Civil (PNC). Morales añadió que la Inspectoría de Seguridad no tiene ninguna intención de investigar la masacre. Tanto el exinspector de Seguridad, Ricardo Martínez, como el recientemente nombrado Tito Zelada han rechazado conceder una entrevista a este medio para discutir el tema.
El director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, justificó la actuación de su unidad élite en el operativo de San Blas e informó que todos los miembros de la institución que participaron de ese operativo siguen trabajando normalmente.