El expresidente de facto de Guatemala Efraín Ríos Montt sigue evadiendo el juicio en su contra por genocidio que debió empezar el pasado enero. El pasado sábado 25 de julio debía ser ingresado en el Hospital de Salud Mental Federico Mora de Guatemala para someterse a un examen psiquiátrico que confirme si el alegato de demencia senil que la pasada semana hizo su defensa, y que le eximiría de responsabilidad penal, es cierto. Pero esa evaluación no pudo realizarse porque, en otra maniobra inesperada: sus defensores lograron que un juzgado de feminicidio detuviera el traslado del militar al centro psiquiátrico.
Ríos Montt, que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983 tras un golpe militar, ya fue condenado en 2013 a ochenta años de prisión por genocidio contra el pueblo indígena ixil, pero aquel juicio fue anulado por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y un nuevo juicio quedó programado para enero de 2015. Desde entonces, el proceso ha encontrado nuevos obstáculos: la separación de la jueza que en enero llevaría el caso, primero, y un dictamen médico que dice que Ríos Montt padece demencia senil, después. Ahora, la Sala de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer complica aún más el proceso al detener el traslado de Ríos Montt al centro psiquiátrico que debía examinarle, bajo el argumento de 'defender la integridad' del acusado.
Después de la separación de la jueza a principios de año, el Tribunal B de Mayor Riesgo habia previsto que el 23 de julio iniciaría el juicio contra el exdictador. Pero el 7 de junio el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) dio a conocer un informe donde establecía que Ríos Montt, que tiene 89 años de edad, “no se encuentra en el pleno uso de sus facultades mentales, no es capaz de entender con propiedad cualquier cargo en su contra (...) y no es capaz de comprender los elementos de un proceso y los trámites judiciales”. El informe del Inacif sostiene que el exmandatario, que es además pastor evangélico y tras su derrocamiento por las armas en 1983 recuperó peso político en los años 90 y llegó a ser presidente del Congreso y padrino político del expresidente Alfonso Portillo, padece demencia senil y que experimenta alucinaciones, y que por lo tanto no puede asistir a audiencias judiciales.
El Inacif también advirtió que no era pertinente realizar otro examen mental al acusado, debido al estrés que le provocaría al octogenario. La versión del Inacif no satisfizo al Ministerio Público y este solicitó al tribunal que ventila el caso que se practicara otra evaluación psiquiátrica para confirmar la versión de la defensa. Así se giró la orden que el sábado no fue cumplida. El 22 de julio el Tribunal B de Mayor Riesgo decidió que necesitaría una segunda opinión médica para dirimir si en realidad Ríos Montt sufre demencia o si es una estrategia de sus abogados para evadir la justicia. “En ese centro deberá practicarsele examen médico psiquiátrico” dictaba la orden que el tribunal le giró al Hospital de Salud Mental Federico Mora el 24 de julio.
El examen ordenado por el tribunal se haría del 25 de julio al 3 de agosto. Durante esos diez días Ríos Montt estaría ingresado y se le permitiría el acceso a sus medicamentos y alimentos. El tribunal también estableció que se permitiría el ingreso de sus familiares en horario de visita regular.
Si las cosas hubieran salido según lo planteado por el tribunal, el 4 de agosto por la mañana se conocería el contenido de las evaluaciones y se establecería si otro juicio por genocidio tiene o no tiene lugar. Durante esos días los médicos del nosocomio realizarían pruebas cuando el exmilitar no estuviera bajo los efectos de medicamentos, cosa que no se garantizó cuando el Inacif lo evaluó.
Ríos Montt guarda prisión domiciliar desde 2012 y este sábado la Policía y la Procuraduría de Derechos Humanos se hicieron presentes en su casa para vigilar su traslado al hospital. Pero el día anterior, el viernes, los abogados de Ríos Montt asistieron a la Sala de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y solicitaron un habeas corpus. La Sala de Apelaciones resolvió a favor de Ríos Montt en la tarde del mismo día y ordenó “suspender el traslado del exhibido al hospital Nacional de Salud Mental en tanto se tenga los informes solicitados, en aras de proteger su derecho a la vida e integridad”.
El primer juicio contra Ríos Montt, celebrado entre marzo y mayo de 2013, ya encontró numerosos obstáculos, incluyendo una maniobra similar por la que un tribunal distinto al que le juzgaba trató de declarar nulo el juicio. Aun así, el 10 de mayo de aquel año se dictó sentencia contra Ríos Montt, que fue condenado por el asesinato sistemático de al menos 1,771 indígenas ixiles, violaciones y otras prácticas constitutivas del crimen de genocidio. Diez días después, la Corte de Constitucionalidad sí logró anular el juicio debido a supuestos errores procesales. En noviembre del 2013 se anunció que el juicio iniciaría en enero del 2015.
El 5 de enero de este año Ríos Montt acusió al juzgado postrado en una camilla y cubierto por una sábana blanca. Horas antes, la defensa había argumentado que, debido a su delicado estado de salud, el imputado no podría presentarse. El tribunal ordenó que el exdictador se presentara y así fue, pero eso no fue suficiente para iniciar la audiencia. Ese mismo día, la defensa logró que se separara del caso a la jueza presidenta edl tribunal, Jeannette Valdez, por haber escrito en 2004 una tesis de maestría sobre el crimen de genocidio. Según los defensores, la jueza ya había emitido opinión. La solicitud fue aceptada por los otros dos jueces que conformaban el tribunal y se reprogramó la audiencia. Una audiencia que, pese al esfuerzo de las víctimas y de organizaciones guatemaltecas de derechos Humanos, aún no comienza.
