Nacionales /

El presidente de la República achaca a Sala Constitucional el aumento de la violencia

Durante su visita a Nahuizalco, en Sonsonate, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, dijo que la Sala de lo Constitucional debe asumir los costos de la violencia para el país por frenar la emisión de bonos del Estado por un monto de 900 millones de dólares. Hace un mes, cuando los magistrados prohibieron la toma de posesión de 24 diputados electos por San Salvador, el Ejecutivo esgrimió el mismo argumento: la resolución maniataba los planes contra el crimen. En los primeros diez días del mes de junio, el promedio de homicidios es de 26.1.


Domingo, 14 de junio de 2015
Efren Lemus

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, arremetió la mañana de este sábado en contra de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por frenar la emisión de bonos del Estado por 900 millones de dólares y, justo cuando el promedio de homicidios en los primeros diez días de junio es de 26.1, dijo que los magistrados deben asumir los costos del aumento de la violencia en el país. “Acatamos la resolución de la sala, pero como presidente estoy en la obligación de valorar la actitud de los magistrados. La Sala de lo Constitucional debe asumir los costos del aumento de la violencia porque le quitaron los fondos al gobierno para combatirla”, dijo Sánchez Cerén, durante su visita al municipio de Nahuizalco, en Sonsonate.

Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), en los primeros 10 días de junio el promedio de homicidios ha sido de 26.1 diarios. El año pasado el promedio fue de 12.4 durante el mismo período. Durante la tregua del gobierno de Mauricio Funes con las pandillas se registraron los promedios más bajos de la última década: 6.2 en 2012 y 5.6 en 2011. La cifra de muertes violentas en El Salvador ha aumentado de forma casi constante desde inicios de este año. Mayo cerró con un total de 635 homicidios, según las cifras de la PNC, lo que lo convierte en el mes más mortífero de los últimos quince años.

El discurso oficial insiste en que la deuda de 900 millones de dólares es una pieza importante para reducir la escalada en el violencia en el país. La presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, del FMLN, escribió en su cuenta de Twitter: “Dicen que sentencia contra 900 millones (…) es para impedir que mejoremos salario a policías y no mejoremos combate a la delincuencia”.

No es la primera vez que el partido en el gobierno justifica sus pocos éxitos en el área de seguridad pública con las decisiones de la Sala de lo Constitucional. El pasado primero de mayo, cuando una resolución de la Sala de lo Constitucional impidió la juramentación de los 24 diputados electos por San Salvador, el ministro de Seguridad y Justicia, Benito Lara, dijo que esa decisión afectaba los planes para combatir el crimen y la inseguridad. En esa ocasión, el presidente Sánchez Cerén acusó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de estar en contubernio con la oligarquía. “¡Ya es tiempo, ya es tiempo que digamos basta! No pueden ser cuatro personas las que decidan el destino de nuestro país”. Este sábado durante su intervención en Nahuizalco, en un discurso transmitido por Radio Nacional y Canal 10 de televisión, el presidente dijo: “Parece que la Sala de lo Constitucional quiere amarrar económicamente al gobierno, sus acciones son más ideológicas y responden a intereses de Arena”.

El 10 de junio pasado la Sala de lo Constitucional admitió una demanda que frena la emisión de bonos del Estado por 900 millones por la forma en que se alcanzaron los 56 votos que se requerían para su autorización. La demanda argumenta que en la votación inicial no se alcanzó el número de votos necesaros para aprobar el préstamo y por lo tanto la moción debía archivarse. No solo no se hizo, sino que en la segunda ronda de votación el voto decisivo, el número 56, lo dio en sustitución de la diputada Sandra Salgado, de GANA, el diputado suplente de su jefe de fracción, Guillermo Gallegos. Gallegos también participó en la votación.

El presidente Sánchez Cerén no se refirió en detalle a los cuestionamientos de la demanda aceptados por la Sala. Su argumento contra la decisión de los magistrados es que, en el pasado, al partido Arena se le entregaron miles de millones de dólares en deuda sin que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara al respecto. Entre 2000 y 2009 la Sala de lo Constitucional estuvo dirigida por Agustín García Calderón, y la Sala de lo Constitucional -conformada por magistrados distintos a los actuales- no se pronunció nunca, reclama el presidente de la República, sobre la legalidad de algunas políticas impulsadas por los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca. A lo sumo, algunos de los fallos de la entonces Sala de lo Constitucional contra iniciativas del Ejecutivo se pronunciaron cuando las leyes objetadas ya no estaban en vigor, como sucedió en el caso de la política de “Mano Dura” promovida por el gobierno de Flores y su Ley Antipandillas, declarada inconstitucional un mes después de que dejara de estar en vigor.

Amenazas a la Sala

Las declaraciones de Sánchez Cerén son un paso más en la creciente tensión entre el Gobierno del FMLN y la Sala de lo Constitucional. Desde 2009, año en que asumieron cuatro de los cinco actuales magistrados y en que el Frente Farabundo Martí llegó al poder, la Sala de lo Constitucional se ha caracterizado por agitar de forma constante la política nacional con resoluciones que afectan tanto los intereses de las cúpulas de los partidos políticos de izquierda y derecha como de la Presidencia de la República. En 2010, por ejemplo, los magistrados anularon la partida secreta de Casa Presidencial y ordenaron que todos los gastos del Ejecutivo deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa; también anularon nombramientos de funcionarios en el Tribunal Supremo Electoral, en la Corte de Cuentas de la República y en el Consejo Nacional de la Judicatura porque las personas electas por los diputados no cumplían con los requisitos de ley. En los tres casos, se trata de instituciones en teoróa independientes pero con tradicionales relaciones clientelistas, cuando no dependencia directa, con los principales partidos políticos del país.

Luego de esas sentencias, en julio de 2011 cuatro partidos de derecha promovieron en la Asamblea Legislativa el decreto 743, que pretendía obligar a los cinco miembros de la Sala a resolver siempre por unanimidad los recursos de inconstitucionalidad, a pesar de que la Ley de Procedimientos Constitucionales permite hacerlo con cuatro votos. El entonces presidente de la República, Mauricio Funes, avaló de inmediato el decreto, pero los magistrados lo declararon inaplicable. Aquel impasse político se resolvió finalmente a favor de la Sala pero los diputados dejaron abierta la posibilidad de hacer nuevos intentos de controlar las decisiones de la Sala de lo Constitucional.

Hace un mes, en mayo de 2015, cuando el presidente Sánchez Cerén acusó a la Sala de generar una “crisis” por no permitir la juramentación de los diputados de San Salvador, el diputado Mario Tenorio, del partido GANA, dijo que su partido promoverá en la nueva legislatura una “reforma integral” a la Ley de Procedimientos Constitucionales porque, según él, los magistrados de la Sala de lo Constitucional cometen arbitrariedades. Ese mismo día, el coordinador general del FMLN, Medardo González, se pronunció en la misma línea del partido GANA. Dijo que los magistrados se estaban arrogando funciones que no les corresponden y se pronunció a favor de estudiar una reforma “de manera detenida”.

Este sábado, el presidente Sánchez Cerén insistió que la Sala de lo Constitucional tiene una agenda política en contra de su gobierno. “Los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional no piensan en el país, sus decisiones afectan a la gente (…) El pueblo es sabio, sabe distinguir bueno de malo, y está preocupado por decisiones que está tomando la sala. Los magistrados quieren evitar que el país supere la violencia y tenga confianza”.

logo-undefined
CAMINEMOS JUNTOS, OTROS 25 AÑOS
Si te parece valioso el trabajo de El Faro, apóyanos para seguir. Únete a nuestra comunidad de lectores y lectoras que con su membresía mensual, trimestral o anual garantizan nuestra sostenibilidad y hacen posible que nuestro equipo de periodistas continúen haciendo periodismo transparente, confiable y ético.
Apóyanos desde $3.75/mes. Cancela cuando quieras.

Edificio Centro Colón, 5to Piso, Oficina 5-7, San José, Costa Rica.
El Faro es apoyado por:
logo_footer
logo_footer
logo_footer
logo_footer
logo_footer
FUNDACIÓN PERIÓDICA (San José, Costa Rica). Todos los Derechos Reservados. Copyright© 1998 - 2023. Fundado el 25 de abril de 1998.