El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Jorge Rivera, dictó este martes orden de captura contra la vicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez, acusada de recibir fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), según informó el magistrado Rivera a medios locales en San Pedro Sula, a 240 km al norte de la capital. Este alto funcionario del poder judicial emitió órdenes de captura contra 16 personas, incluyendo a Gutiérrez, su padre y dos hermanos, acusados de recibir dinero del IHSS procedente de una compra irregular de medicamentos de la empresa Astopharma, de la que serían socios.
Desde enero, por órdenes del presidente Juan Orlando Hernández, la fiscalía investiga el desvío de más de 300 millones de dólares del IHSS. Los fondos se desviaron hacia funcionarios públicos y empresarios mediante compras sobrevaloradas de medicinas y equipo para los hospitales del seguro social.
El mandatario reconoció posteriormente que unos 94.000 dólares de esos fondos ingresaron a su Partido Nacional (derecha) para la campaña electoral de 2013 que lo llevó al poder.
Según Rivera, los acusados manifestaron disposición de comparecer voluntariamente al tribunal el próximo viernes pero 'las órdenes de captura están vigentes' para evitar que huyan del país.
Gutiérrez y los otros 15 socios de la farmacéutica fueron acusados el pasado 18 de junio por la fiscalía de recibir fondos dilapidados del Seguro Social pero ella se defendió diciendo que dejó de ser socia de Atropharma desde 2009, cuando vendió sus acciones.
Una decena de funcionarios y empresarios están presos y otros están acusados por la fiscalía por los actos de corrupción en el seguro social.
Decenas de miles de personas marchan cada semana en la capital y otras ciudades del país y de Estados Unidos para exigir la renuncia del presidente y la creación de una comisión internacional contra la impunidad que investigue los actos de corrupción en Honduras.
Esta sería la segunda tanda de funcionarios procesados. Los primeros señalados pertenecen a la administración de Porfirio Lobo, del mismo partido del actual presidente.
En septiembre de 2014, el exdirector del Seguro Social, Mario Zelaya, fue enviado a prisión preventiva debido a una investigación de la Fiscalía en la cual se le acusa de haberse apropiado de 330 millones de dólares. El exministro de Trabajo y el exviceministro de Salud también están en siendo procesados debido a su participación en la junta directiva del IHSS entre 2010 y 2014.