Ciudad de Guatemala, GUATEMALA. Los miembros de la cúpula directriz del Banco Central y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fueron arrestados este miércoles acusados de un fraude por 14.5 millones de dólares en este organismo, informó la Fiscalía.
Entre los detenidos figura el presidente del IGSS, el militar Juan de Dios Rodríguez, quien fue secretario privado del mandatario Otto Pérez y a quien la prensa guatemalteca caracteriza como el operador político del gobernante en el escogimiento tanto de los magistrados de la Corte Suprema guatemalteca como de fiscal general.
Otro de los capturados es el presidente del Banco Central de Guatemala (Banguat), Julio Suárez, quien es vicepresidente de la directiva del Seguro Social, indicó en un comunicado el Ministerio Público, que realizó el operativo de captura de 16 personas tras una investigación dirigida por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Otto Pérez había nombrado desde el inicio de su gobierno a Rodríguez como su secretario privado. Luego, en abril de 2013, lo nombró presidente del IGSS con el propósito declarado de combatir la corrupción en esa institución. La ironía es que dos años después, ha sido capturado por otro escándalo de corrupción que sacude de nuevo a una administración acorralada en la que su cabeza, el presidente, incluso tuvo que retractarse de decir que rechazaba que la CICIG tuviera una extensión adicional de su mandato porque el país ya no la necesitaba.
De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos están involucrados en la adjudicación irregular de un contrato del IGSS por 116 millones de quetzales (unos 14.5 millones de dólares al cambio) en favor de la Empresa Farmacéutica Pisa de Guatemala.
Las autoridades acusan a los detenidos de asociación ilícita, tráfico de influencias, cobro ilegal de comisiones y cohecho activo. Una publicación del periódico Nómada en febrero pasado reportaba no solo la forma anómala en que Pisa había ganado el contrato, sino también las primeras quejas de algunos pacientes con insuficiencia renal crónica que señalaban problemas de salud a raíz del inicio del tratamiento en manos de Pisa en lugar de otra compañía que les proveía antes el servicio de diálisis.
La farmacéutica obtuvo en diciembre pasado la concesión del servicio de diálisis peritoneal de pacientes de la institución de seguridad social, pero desde esa fecha han muerto 15 pacientes y otros 100 se han infectado de peritonitis.
Pérez enfrenta una crisis sin precedentes tras el descubrimiento en abril de una red de defraudación fiscal en aduanas y que provocó la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti el 8 de mayo.
Rodríguez, un ex militar de inteligencia, ha sido una pieza clave en el gobierno de Pérez Molina. Su relación viene de los años en que Pérez Molina fue el jefe de la inteligencia militar, y hace pocos meses también fue la persona en la que el presidente confió el cabildeo en la selección de los candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia y en la de los aspirantes a dirigir el Ministerio Público.
Este nuevo escándalo estalló en momentos que el presidente enfrenta intensa presión de la población, que ha salido multitudinariamente a las calles para exigir su renuncia tras el escándalo de defraudación fiscal mediante sobornos en las aduanas, revelado en abril, que provocó la renuncia de Baldetti.
Una semana después de que la CICIG y el Ministerio Público revelaran la red de corrupción conocida como La Línea, y que involucraba como cabecilla al secretario privado de la vicepresidenta Baldetti, Otto Pérez tuvo que anunciar que solicitaría a Naciones Unidas que extendiera el mandato de la CICIG por otros dos años. Antes había dicho que la Comisión era innecesaria y que él no pediría a la ONU la prolongación del mandato.
Esta última investigación, como otras previas, estuvo a cargo del Ministerio Público y de la CICIG, un ente avalado por la ONU para combatir estructuras ilegales dentro del Estado.
En los operativos también fueron detenidos miembros de la junta directiva del IGSS y los ejecutivos de la empresa farmacéutica PISA, Edgar de la Peña y Ramiro Lorenzana.
En las últimas semanas, y desde cuando la CICIG destapó el escándalo de La Línea, los guatemaltecos han realizado tres manifestaciones en el centro de la ciudad capital para demandar primero la renuncia de Baldetti y de Pérez Molina, y tras la renuncia de la vicepresidenta, la del presidente, cuyo mandato termina en enero de 2016.
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