No quiero ni pretendo entrar en un debate religioso o una discusión sobre moral, esta es una opinión política y, quizás, legal. Para el caso, resulta irrelevante qué piensa cada uno o qué juicio hace cada cual sobre la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales), sobre sus vidas, sobre qué son o porqué son así. Solicito a los lectores que lean este comentario en el marco que corresponde: el político.
La reforma realizada a la Constitución de la República el pasado 16 de abril no es congruente con uno de los principios más básicos de un Estado de Derecho: la igualdad ante la ley. Y refleja un espíritu antidemocrático, o más específicamente, incompatible con los fines del Estado salvadoreño y la defensa y respeto de las libertades individuales, según se establecen en nuestra Constitución.
La igualdad ante la ley implica eso precisamente, igualdad ante la ley. Y si yo espero poder gozar de la libertad de escoger con quien casarme y que este derecho esté protegido y reconocido ante la ley, tengo que otorgarle ese mismo derecho a los demás. Punto.
¿Le gustaría que el gobierno tenga el poder de decirle a usted si se puede casar o no con x o y persona? Asumo que no. ¿Porqué entonces consideraríamos que es aceptable que lo haga con otros? Independientemente de qué opinemos sobre las decisiones de los demás, tenemos que respetar y reconocerles las mismas libertades y derechos que queremos para nosotros: igualdad ante la ley. Así, no tenemos el derecho de prohibir que una mujer se case con un hombre que la maltrata o que ha maltratado a otra, aunque pensemos que no esta bien, que el maltrato es inmoral. ¿Porqué? Porque no nos concierne, porque son adultos y tienen el derecho y la libertad que les reconoce la Constitución (y cualquier sistema democrático) de tomar sus propias decisiones mientras no violen los derechos de los demás.
Escoger con quién queremos casarnos no afecta en lo más mínimo los derechos de nadie más. Existe, por tanto, un fundamento político y legal para considerar esta reforma inaceptable.
Vale la pena valorar la reforma y los argumentos que se han dado para sustentarla en términos lógicos también. En lo personal, solo tuve acceso a comentarios de algunos diputados de la Asamblea Legislativa expresados en la prensa, así que esos utilizaré.
Entre los argumentos vertidos para aprobar la reforma están el “fortalecimiento y protección de la familia” (Rodolfo Parker, PDC) cuyo fundamento legal es el matrimonio (de acuerdo a la Constitución) y que se ha realizado porque “no solamente creemos en Dios, sino que le creemos a Dios y sabemos que su palabra es la Biblia y la Biblia dice: creced y multiplicaos, y eso sólo puede ser entre un hombre y una mujer” (Antonio Almendáriz, PCN).
Es evidente que las creencias religiosas o culturales de una sociedad pueden influir en las leyes que formula para regular la conducta de sus miembros. En una democracia es la mayoría la que decide y no hay duda de que un porcentaje elevadísimo de la población cree en los mandatos establecidos en la Biblia. Sin embargo, en un Estado como el nuestro que reconoce los derechos y garantías fundamentales del individuo es necesario preguntarse si acaso no estaríamos elevando a ley un prejuicio social disfrazado de valores y moralidad.
Resulta curioso que se señale únicamente la orientación sexual de algunos ciudadanos como peligro para la familia o a la procreación como mandato cristiano que debe cumplirse. ¿A caso la infidelidad no pone en peligro a la familia? ¿No está el adulterio condenado en los diez mandamientos? ¿Si el objetivo es asegurar que nos podamos multiplicar, no debieran también quedar exentos del derecho al matrimonio las personas que son infértiles? La Biblia también pide que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, ¿qué pasará con las parejas divorciadas? ¿Podrán los segundos matrimonios seguir llamándose matrimonios o deberán llamarse de otra forma? No seguiré en esta línea porque el tema es demasiado importante como para caer en el sarcasmo. Pero si aceptamos los argumentos planteados para esta reforma como válidos, debemos por lógica también discutir estos otros casos y más. Si no, debemos considerar seriamente que estamos a las puertas de un Estado fundamentalista y no más en la construcción de un Estado democrático.
Cabe añadir que, aunque la Biblia sea muy respetable, el Estado salvadoreño no puede utilizar un principio o mandato de una religión particular para convertirlo en ley, menos aún en ley fundamental, puesto que al imponerlo a personas que no se adhieren a esa religión se estaría violando la garantía constitucional establecida en el Artículo 25: “el libre ejercicio de todas las religiones”.
Estoy consciente de que para muchos, la mayoría, es difícil aceptar a los miembros de la comunidad LGBTI como iguales. Pero si somos sinceros, realmente sinceros, reconoceríamos que son iguales a todas las demás personas que conocemos: seres humanos, ni más, ni menos. No podemos construir el Estado que estoy segura todos queremos sin la mínima sensibilidad humana que este reconocimiento requiere.
Si llegado el día esta reforma es aprobada, habrá hecho falta otra reforma que no se realizó. El Artículo 3, en vez de decir “Todas las personas son iguales ante la ley”, debió cambiarse (como en la reforma que hicieran en la granja animal de George Orwell) a: “Todas las personas son iguales ante la ley, pero unas son más iguales que otras”.
Si queremos un Estado que se acerque cada vez más a los ideales de la democracia no podemos aceptar esta reforma. Los diputados que votaron a favor en esta ocasión, que se abstuvieron de votar o que entran por primera vez a la Asamblea Legislativa deben tener el coraje de decir no. Suficiente hemos sacrificado como nación en el afán de lograr que todos seamos considerados iguales ante la ley como para retroceder en ese camino.
Por esto, y más, yo debo decir no a la reforma constitucional.
*Promotora y gestora cultural. Licenciada en Conservación de Patrimonio. Presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Accesarte.
