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FMLN inicia el sprint final en la Asamblea para evitar negociaciones con Arena

El FMLN logró el jueves la ratificación de tres préstamos por casi 100 millones de dólares y la autorización para que el Ejecutivo inicie los trámites de otros dos empréstitos que suman 140 millones, como parte de una serie de medidas del partido en el gobierno y sus aliados legislativos. La agenda de este mes incluye ratificar otros 200 millones de dólares en deuda y reformar la Constitución para alargar los períodos legislativos.


Lunes, 13 de abril de 2015
Jimmy Alvarado

A una distancia de tres semanas de que asuma la legislatura 2015-2018, el FMLN y sus aliados lograron el jueves 9 de abril juntar el respaldo de dos tercios de los diputados para ratificar préstamos que suman casi 100 millones dólares, como primera parte de una serie de medidas legislativas que el partido de gobierno pretende impulsar antes del inicio de la próxima Asamblea Legislativa, en la que Arena volverá a ser imprescindible para todas las iniciativas que requieran del respaldo de mayoría calificada.

El FMLN (31), Gana (10), PCN (7), PDC (1), CD (1), cinco exareneros y un independiente sumaron los 56 votos que el partido de gobierno tiene amarrados hasta este 30 de abril, correlación que pretende aprovechar lo máximo posible antes de que se llegue el 1 de mayo.

La pretensión es que en las siguiente tres semanas el pleno incluya en su agenda la ratificación de otros 200 millones de dólares en préstamos, reformas a la Constitución para incrementar los períodos de los diputados a cinco años, aprobar la Ley de Aguas, reformar el sistema de pensiones y, si alcanza el tiempo y la voluntad de sus aliados, modificar el rol de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La plenaria del jueves fue la concreción de un primer paso para limpiar la mesa de la legislatura que termina el 30 de abril, y consistió en ratificar tres contratos de empréstitos, dos con el Banco Interamericano de Desarrollo y uno con el Banco Alemán de Desarrollo (KFW). 

Los tres préstamos ratificados -sin el respaldo de Arena- suman 92 millones 213 mil 900 dólares. El 73 % de los recursos (67 millones 213 mil 900 dólares) se van a utilizar en dos programas de seguridad, el programa Convivir y el Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención. El 27 % restante (25 millones de dólares) se usará en un programa de desarrollo económico dirigido a construir infraestructura logística en cinco municipios del departamento de La Libertad y en seis de Usulután que van a reforzar los proyectos que se llevarán a cabo con el programa Fomilenio II. El Fomilenio II es un proyecto de desarrollo en la zona costera financiado por Estados Unidos.

Préstamos ratificadosOrganismoMontoÁreaVotos necesariosDecreto
Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes de El Salvador (Convivir)KFW$22 millones 213 mil 900 Seguridad56Decreto 348
Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la ViolenciaBanco Interamericano de Desarrollo (BID)$45 millonesSeguridad56Decreto 657
Programa de Desarrollo de la Franja Costera Marítima Banco Interamericano de Desarrollo (BID)$25 millonesDesarrollo Económico56Decreto 621

Con la aprobación de estos tres préstamos, el FMLN se encuentra más cerca de su objetivo, que es asegurar los recursos que necesitará el gobierno durante este quinquenio. La Asamblea Legislativa lleva discutiendo este paquete de préstamos durante meses, pero solo fue hasta faltando tres semanas para el fin de la legislatura cuando el gobierno obtuvo el respaldo suficiente para la ratificación. Es previsible que en los días restantes de abril, la Asamblea intente someter a votación otros cuatro créditos internacionales ya aprobados, pero que ahora también requieren 56 votos para su ratificación. Con esos 200 millones adicionales, el gobierno tendría disponibles fondos frescos por 300 millones. Pero si no ocurre esto en lo que falta de abril, el FMLN tendría que buscar la forma en que a partir de mayo al menos siete de los próximos legisladores de Arena apoyen la ratificación. Y es justo eso lo que pretende evitar.

Un documento del 29 de septiembre de 2014, denominado 'Notas de Apoyo Técnico No. 3 /2014: Préstamos que están en Estudio para Aprobación o Autorización', describe el plan de endeudamiento de este gobierno y explica el uso que se hará de los fondos y su impacto en el crecimiento de la deuda pública. Hasta el jueves, lo que estaba haciendo fila en la Asamblea Legislativa era un paquete de 11 préstamos por alrededor de 650 millones de dólares.

Las proyecciones sobre las implicaciones que tendrá el paquete de préstamos en las finanzas públicas indican que la deuda del gobierno, al finalizar este quinquenio, aumentaría de 14 mil 200 millones de dólares (el 56 % del PIB) a 14 mil 800 millones de dólares (el 58.6 % del PIB). En las 'Notas de Apoyo Técnico' se justifica la necesidad de incrementar el endeudamiento y se afirma que los préstamos van a servir para dinamizar la economía generando condiciones -sin precisar cuáles- para pagar los compromisos que se asuman ante organismos multilaterales. 

Entre el 2013 y el 2014, la Asamblea Legislativa aprobó que el Ministerio de Hacienda negociara los términos de 11 préstamos por un total de 651 millones 792 mil dólares. Representan una deuda que el gobierno va a adquirir con cuatro organismos multilaterales: aparte del BID y del KFW alemán, están el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). De los ocho créditos restantes, cuatro requieren mayoría simple (43 votos) porque solo van al primer paso, y los otros cuatro precisan la ratificación con mayoría de dos tercios.

Préstamos pendientes de aprobar o ratificarOrganismoMontoÁrea Votos necesariosDecreto
Programa de Innovación para la CompetitividadBanco Interamericano de Desarrollo (BID)$30 millonesDesarrollo Económico56Decreto No. 656
Apoyo Integral a las Políticas de Trabajo y Previsión SocialBanco Interamericano de Desarrollo (BID)$20 millonesDesarrollo Económico56Decreto No. 665
Construcción y Equipamiento de Edificios para oficinas de diputados y grupos parlamentarios de la Asamblea LegislativaBanco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)$32 millonesAdministracion56Decreto No. 694
Construcción de By Pass de la ciudad de San MiguelAgencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)$122 millones 579 mil 75Desarrollo Económico56Decreto No. 772
Programa de Mejoramiento de Corredor Pacífico MesoamericanoBanco Interamericano de Desarrollo (BID) $115 millonesDesarrollo Económico43Documento
Apoyo a los Proyectos de Inversión Productiva y SocialBanco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)$100 millonesDesarrollo Social43Decreto No. 825
Programa de Corredores ProductivosBanco Interamericano de Desarrollo (BID)$40 millonesDesarrollo Económico43Documento
Financiamiento del Desarrollo Productivo de El SalvadorBanco Interamericano de Desarrollo (BID)$100 millonesDesarrollo Social43Documento

 

El plan de endeudamiento de Sánchez Cerén

Los préstamos, aparte de los proyectados para seguridad y desarrollo costero, son para apoyar emprendimientos que generen empleo y construir un nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Esto último, según algunos diputados consultados por El Faro, no es necesario. A continuación, el detalle de algunos de los préstamos ya ratificados y algunos de los que aún falta ratificar.

 

67 millones de dólares para centros penales y brazaletes electrónicos

Lo aprobado este jueves por el pleno legislativo servirá para que el gobierno salvadoreño invierta 67 millones de dólares en dos proyectos que buscan prevenir la violencia en municipios con altos índices delictivos y crear oportunidades para la rehabilitación en centros penales. El Ministerio de Hacienda ha suscrito dos contratos, uno con el KFW por 22 millones de dólares -que se pagará en cuotas durante 30 años-, y el segundo con el BID -que se pagará durante 25 años- por 45 millones de dólares.

El primer proyecto, 'Espacios Seguros para Jóvenes de El Salvador (Convivir) ' se financiará con los 22 millones de dólares. Los fondos servirán para costear capacitaciones para conseguir empleos. Los beneficiarios serán jóvenes de entre 14 y 25 años que residan en uno de los 16 municipios que en 2011 registraron tasas de homicidios superiores a los 80 por cada 100 mil habitantes. Esos son Panchimalco, La Libertad, Sonzacate, Sonsonate, Aguilares, San Antonio del Monte, Guazapa, Quezaltepeque, Armenia, Nahuizalco, San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, Colón, Santo Tomás, San Miguel y Acajutla.

El segundo proyecto, denominado 'Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia', repartirá los 45 millones de dólares de la siguiente manera: 8.7 millones para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), 20.2 millones para el Fondo de Inversión para el Desarrollo Local (FISDL) y 15 millones de dólares para los programas de rehabilitación y reinserción social del MJSP.

Según el Decreto No. 657 de la Comisión de Hacienda, el MJSP utilizará los recursos para fortalecer la labor penitenciaria a través de la capacitación de custodios en derechos humanos; la creación de un sistema de planificación, monitoreo y evaluación de programas de rehabilitación dentro de centros penales; y para mejorar el control y vigilancia que impida la introducción de objetos ilícitos a las cárceles. 

El FISDL creará “Parques de Convivencia e Inserción Laboral y Económica” y programas de prevención en el Área Metropolitana de San Salvador. Esta institución administrará -junto con las municipalidades- los fondos que se implementarán en programas de  prevención de la violencia dirigidos a niños y jóvenes de poblaciones en situación de riesgo.

El tercer componente incluye evaluar alternativas al encarcelamineto y se espera -durante este quinquenio- la implementación de una prueba piloto de los brazaletes electrónicos para los reos en fase de confianza. 

Complementos del Fomilenio II

Uno de los préstamos ratificados el jueves servirá para financiar el 'Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costera Marítima'. Son 25 millones de dólares, que serán proporcionados por el BID. Los municipios que se verían beneficiados son Chiltiupán, Comasagua, Jayaque, La Libertad, Tamanique, Alegría, Berlín, Jiquilisco, Puerto El Triunfo y San Dionisio. El dinero se repartirá para la puesta en valor de atractivos turísticos -infraestructura-, 11. 6 millones de dólares; financiamiento para emprendimientos locales 1.9 millones de dólares, gobernanza turística -que incluye coordinación entre instituciones públicas y privadas, la policía de turismo-, 3.18 millones de dólares y la construcción de tres plantas de saneamiento y conexiones de alcantarillado en la playa El Tunco; en Jiquilisco y Puerto el Triunfo y en Alegría, 6.53 millones de dólares.

Financiar proyectos paralelos al Fomilenio II es fundamental para el gobierno, porque aparte de los préstamos internacionales, la única posibilidad de desembolso de dinero fresco es la donación millonaria de Estados Unidos para el desarrollo de la franja costera. Sin los programas de apoyo, el Fomilenio II no rinde todo su potencial, y por eso al gobierno le urge aprobar estos préstamos.

Uno que está en estudio para aprobación es el 'Programa de Mejoramiento del Corredor Pacífico Mesoamericano'. Esta es una iniciativa regional cuyo objetivo es mejorar la carretera del Litoral, que es parte del corredor que conecta a la ciudad de Puebla, en México, con Panamá, bordeando el Océano Pacífico. 'Se busca promover la integración física y la conectividad vial de El Salvador, reduciendo los costos de transporte, facilitando la movilización de pasajeros y carga que permitirá la vinculación de zonas productivas concentradas entre San Salvador hasta la frontera con Honduras', dice el documento del BID. El BID aportará 115 millones de dólares, y el gobierno tendrá que pagar cuotas durante 25 años. 'Por este corredor circula el 95 % de la carga terrestre de la región. Por estas características se considera el medio de integración vial más eficiente. Además, por los volúmenes de carga movilizados', describe el documento

El 'Programa de Corredores Productivos' también está en estudio para aprobar con 43 votos su financiamiento de 40 millones de dólares provenientes del BID. 15.9 millones de dólares serán para brindar asistencia técnica a las micros, pequeñas y medianas empresas, 21.4 millones de dólares servirán para financiar inversiones productivas y logísticas a través del mejoramiento de calles, 500 mil dólares se destinarán para programas de gestión ambiental de la franja costera y el resto se utilizará para gastos de administración. Es también una deuda que se va a pagar en cuotas durante 25 años.

Hay otro crédito que financiará uno de los proyectos de complemento a Fomilenio: la Construcción del By Pass de la Ciudad de San Miguel. Este ya fue ratificado. El gobierno adquirió un préstamo con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) por 122 millones de dólares, el cual se pagará durante 20 años. Según la nota técnica, los fondos se utilizarán para la Construcción del Camino de Circunvalación de San Miguel, que serviría para hacer más fluida la circulación en la autopista y haría más fácil transistar por la Carretera Panamericana. La ratificación se hizo el 15 de julio de 2014 por medio del Decreto No. 772

Controversia por el nuevo edificio de la Asamblea

Aún está pendiente la ratificación del préstamo que servirá para la construcción y equipamiento de un nuevo recinto legislativo. El contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ya fue negociado por el Ministerio de Hacienda por un monto de 32 millones de dólares. 

El proyecto de construcción de este edifico es la única iniciativa de préstamo que no tendrá un impacto sensible en la actividad económica del país y que -al contrario- va a incrementar el valor de la deuda pública. Los diputados justifican la obra diciendo que debido a los terremotos de 2001 las intalaciones sufrieron daños que ponen en riesgo a los empleados y a los legisladores. Sin embargo, cuando se le preguntó a diputados de diferentes partidos si había estudios que respaldaran que el edificio ya no tiene reparación, sus respuestas generaron más interrogantes. ¿Es inhabitable el edificio legislativo?, preguntó El Faro al diputado de Gana Francisco Zablah. '¿Y no estamos acá, pues?', respondió. Añadió que es más barato hacer un nuevo edificio que pagar por reparar el actual, pero no mostró cifras ni ningún estudio que respalde su teoría.

La diputada de Arena Milena Calderón de Escalón dijo que la construcción del nuevo edificio se debe a que los diputados viajan mucho a otros países y quedan maravillados por cómo son sus edificios legislativos y luego comparan con el que se tiene acá y quedan insatisfechos. Dijo que al edificio se le podría hacer mejoras para no incurrir en más endeudamiento. Ni Lourdes Palacios ni Guillermo Mata, diputados del FMLN, quisieron responder a la solicitud de entrevista ni a la pregunta de si contaban con estudios que justificaran la necesidad de construir un edificio nuevo. Guillermo Mata respondió a la solicitud de hablar sobre el proyecto de manera escueta: 'No, de ese tema no'. 

Este edificio costará el 5 % del fondo que se obtendrá mediante los 11 préstamos y la Asamblea Legislativa manejará estos recursos. ¿Cuánto es 32 millones y qué otras cosas se podrían hacer con ese monto? Para empezar, 32 millones de dólares es la mitad de lo que recibe anualmente el Ministerio de Educación para invertir en la educación de niños de educación parvularia y educación inicial. Con 32 millones de dólares se podría crear durante un año 7,101 plazas para profesores cuya remuneración sea de 375 dólares (que se encuentra dentro del rango más bajo que establece la Ley de Salarios). 32 millones de dólares equivalen al 28.9 % del presuesto que recibe cada año la Universidad de El Salvador.

El gobierno salvadoreño tendrá que pagar durante 15 años el costo de este nuevo edificio. Durante los primeros tres años va a pagar en concepto de intereses 1.3 millones de dólares anualmente. A partir del cuarto año, tendrá que desembolsar anualmente cuotas de 3.4 millones de dólares durante 12 años. Se proyecta que a esa suma hay que agregarle los intereses de los 12 años, los cuales - en conjunto- ascienden a 9 millones de dólares. En total, proyectan pagar 41 millones de dólares a 15 años por este préstamo, cuyo contrato -para que tenga validez- debe ser ratificado con 56 votos por la Asamblea Legislativa. 

Educación y empleo

El programa 'Innovación para la Competitividad', ya ratificado, se financiará mediante un préstamo con el BID por 30 millones de dólares e incluye la Creación de Indicadores para Políticas Públicas que apoyen la innovación y para la creación del Observatorio Salvadoreño de Innovación, Ciencia y Tecnología (OSICT); 25.7 millones servirán para apoyar proyectos de innovación empresarial (2.66 millones), formación de capital humano (7.48 millones) y para transferencia tecnológica (15.6 millones). El resto (688 mil dólares) se utilizará para gastos de administración del proyecto. 

La Asamblea ratificó también un préstamo por 20 millones de dólares para implementar el programa 'Apoyo Integral a las Políticas de Trabajo y Previsión Social'. Este préstamo se pagará durante 25 años, según el Decreto No. 665, y servirá para capacitar al personal de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresas (Conamype) y en la prevención de riesgos en los lugares de trabajo; 6.8 millones de dólares son para apoyar iniciativas de empleo para jóvenes y para brindar oportunidades de emprendimiento a través de Conamype; 5.2 millones son para mejorar los procedimientos administrativo del Ministerio de Trabajo y el resto es para gastos de administración. 

Los 11 préstamos incidirán en el crecimiento de la deuda pública, lo que a su vez ha generado cuestionamientos sobre su sostenibilidad a largo plazo y sobre cuándo comenzará a encenderse las alarmas. La Asamblea Legislativa -a la par de los 11 contratos de estos préstamos- tiene documentos con borradores de una ley de responsabilidad fiscal que se ignora cuándo será aprobada. Esta tiene como uno de sus ejes principales la creación de indicadores para regular el techo que puede alcanzar la deuda pública. Organismos financieros se han pronunciado sobre la necesidad de discutir este tema. Por ejemplo, El Fondo Monetario Internacional ha dicho que uno de los retos de esta administración es hacer sostenible el proceso de endeudamiento -garantizando que se asuma un volumen de deuda que el Estado pueda pagar-, sin desproteger el gasto social. Las proyecciones no son optimistas: el FMI estima que para el año 2019 la deuda pública va a constituir el 70 % del producto interno bruto si continúa este ritmo de endeudamiento.

Las tareas pendientes

Al gobierno le urge resolver la insolvencia del sistema de pensiones. Privatizado en 1998, se ha desnaturalizado a tal punto que se ha vuelto insostenible para el Estado y tampoco reporta la seguridad previsional que se supone que debería otorgar. Un proyecto de reforma al sistema fue retrasado por el gobierno del presidente Mauricio Funes, quien decidió esperar que sucediera la elección presidencial de 2014 antes de enviar su propuesta a la Asamblea Legislativa. Hasta ahora, el plan de reformas no ha llegado a los diputados.

Sobre el propósito de recortarle poder a la Sala de lo Constitucional, en la Asamblea Legislativa desde hace meses se valora la posibilidad de quitar a los magistrados la atribución de pronunciarse sobre elección de funcionarios por parte de los legisladores. Ya entre 2012 y 2013, la Sala declaró inconstitucionales los nombramientos de un fiscal general, de tres promociones de magistrados de la Corte de Cuentas, del presidente del Tribunal Supremo Electoral y de dos presidentes de la Corte Suprema de Justicia.

En la intención de golpear a la Sala, el FMLN ha tenido buena compañía. De hecho, en 2011, el decreto 743 destinado a maniatar a una Sala incómoda para los intereses de todos los partidos, fue creado y aprobado por la derecha legislativa, incluida Arena. Los dirigentes de Arena explicaron que habían decidido apoyar que las inconstitucionalidades se emitieran solo por unanimidad de los cinco magistrados de la Sala, debido a que alguien les informó que los magistrados estaban a punto de declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.

En cuanto a ampliar de tres a cinco años los períodos de alcaldes y diputados, incluso en Arena hay diputados que favorecen el cambio, debido a que pretenden evitar que El Salvador atraviese períodos como el de los últimos cuatro años, en que ha habido tres elecciones.

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67 millones de dólares para centros penales y brazaletes electrónicos

Lo aprobado este jueves por el pleno legislativo servirá para que el gobierno salvadoreño invierta 67 millones de dólares en dos proyectos que buscan prevenir la violencia en municipios con altos índices delictivos y crear oportunidades para la rehabilitación en centros penales. El Ministerio de Hacienda ha suscrito dos contratos, uno con el KFW por 22 millones de dólares -que se pagará en cuotas durante 30 años-, y el segundo con el BID -que se pagará durante 25 años- por 45 millones de dólares.

El primer proyecto, 'Espacios Seguros para Jóvenes de El Salvador (Convivir) ' se financiará con los 22 millones de dólares. Los fondos servirán para costear capacitaciones para conseguir empleos. Los beneficiarios serán jóvenes de entre 14 y 25 años que residan en uno de los 16 municipios que en 2011 registraron tasas de homicidios superiores a los 80 por cada 100 mil habitantes. Esos son Panchimalco, La Libertad, Sonzacate, Sonsonate, Aguilares, San Antonio del Monte, Guazapa, Quezaltepeque, Armenia, Nahuizalco, San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, Colón, Santo Tomás, San Miguel y Acajutla.

El segundo proyecto, denominado 'Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia', repartirá los 45 millones de dólares de la siguiente manera: 8.7 millones para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), 20.2 millones para el Fondo de Inversión para el Desarrollo Local (FISDL) y 15 millones de dólares para los programas de rehabilitación y reinserción social del MJSP.

Según el Decreto No. 657 de la Comisión de Hacienda, el MJSP utilizará los recursos para fortalecer la labor penitenciaria a través de la capacitación de custodios en derechos humanos; la creación de un sistema de planificación, monitoreo y evaluación de programas de rehabilitación dentro de centros penales; y para mejorar el control y vigilancia que impida la introducción de objetos ilícitos a las cárceles. 

El FISDL creará “Parques de Convivencia e Inserción Laboral y Económica” y programas de prevención en el Área Metropolitana de San Salvador. Esta institución administrará -junto con las municipalidades- los fondos que se implementarán en programas de  prevención de la violencia dirigidos a niños y jóvenes de poblaciones en situación de riesgo.

El tercer componente incluye evaluar alternativas al encarcelamineto y se espera -durante este quinquenio- la implementación de una prueba piloto de los brazaletes electrónicos para los reos en fase de confianza. 

Complementos del Fomilenio II

Uno de los préstamos ratificados el jueves servirá para financiar el 'Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costera Marítima'. Son 25 millones de dólares, que serán proporcionados por el BID. Los municipios que se verían beneficiados son Chiltiupán, Comasagua, Jayaque, La Libertad, Tamanique, Alegría, Berlín, Jiquilisco, Puerto El Triunfo y San Dionisio. El dinero se repartirá para la puesta en valor de atractivos turísticos -infraestructura-, 11. 6 millones de dólares; financiamiento para emprendimientos locales 1.9 millones de dólares, gobernanza turística -que incluye coordinación entre instituciones públicas y privadas, la policía de turismo-, 3.18 millones de dólares y la construcción de tres plantas de saneamiento y conexiones de alcantarillado en la playa El Tunco; en Jiquilisco y Puerto el Triunfo y en Alegría, 6.53 millones de dólares.

Financiar proyectos paralelos al Fomilenio II es fundamental para el gobierno, porque aparte de los préstamos internacionales, la única posibilidad de desembolso de dinero fresco es la donación millonaria de Estados Unidos para el desarrollo de la franja costera. Sin los programas de apoyo, el Fomilenio II no rinde todo su potencial, y por eso al gobierno le urge aprobar estos préstamos.

Uno que está en estudio para aprobación es el 'Programa de Mejoramiento del Corredor Pacífico Mesoamericano'. Esta es una iniciativa regional cuyo objetivo es mejorar la carretera del Litoral, que es parte del corredor que conecta a la ciudad de Puebla, en México, con Panamá, bordeando el Océano Pacífico. 'Se busca promover la integración física y la conectividad vial de El Salvador, reduciendo los costos de transporte, facilitando la movilización de pasajeros y carga que permitirá la vinculación de zonas productivas concentradas entre San Salvador hasta la frontera con Honduras', dice el documento del BID. El BID aportará 115 millones de dólares, y el gobierno tendrá que pagar cuotas durante 25 años. 'Por este corredor circula el 95 % de la carga terrestre de la región. Por estas características se considera el medio de integración vial más eficiente. Además, por los volúmenes de carga movilizados', describe el documento

El 'Programa de Corredores Productivos' también está en estudio para aprobar con 43 votos su financiamiento de 40 millones de dólares provenientes del BID. 15.9 millones de dólares serán para brindar asistencia técnica a las micros, pequeñas y medianas empresas, 21.4 millones de dólares servirán para financiar inversiones productivas y logísticas a través del mejoramiento de calles, 500 mil dólares se destinarán para programas de gestión ambiental de la franja costera y el resto se utilizará para gastos de administración. Es también una deuda que se va a pagar en cuotas durante 25 años.

Hay otro crédito que financiará uno de los proyectos de complemento a Fomilenio: la Construcción del By Pass de la Ciudad de San Miguel. Este ya fue ratificado. El gobierno adquirió un préstamo con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) por 122 millones de dólares, el cual se pagará durante 20 años. Según la nota técnica, los fondos se utilizarán para la Construcción del Camino de Circunvalación de San Miguel, que serviría para hacer más fluida la circulación en la autopista y haría más fácil transistar por la Carretera Panamericana. La ratificación se hizo el 15 de julio de 2014 por medio del Decreto No. 772

Controversia por el nuevo edificio de la Asamblea

Aún está pendiente la ratificación del préstamo que servirá para la construcción y equipamiento de un nuevo recinto legislativo. El contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ya fue negociado por el Ministerio de Hacienda por un monto de 32 millones de dólares. 

El proyecto de construcción de este edifico es la única iniciativa de préstamo que no tendrá un impacto sensible en la actividad económica del país y que -al contrario- va a incrementar el valor de la deuda pública. Los diputados justifican la obra diciendo que debido a los terremotos de 2001 las intalaciones sufrieron daños que ponen en riesgo a los empleados y a los legisladores. Sin embargo, cuando se le preguntó a diputados de diferentes partidos si había estudios que respaldaran que el edificio ya no tiene reparación, sus respuestas generaron más interrogantes. ¿Es inhabitable el edificio legislativo?, preguntó El Faro al diputado de Gana Francisco Zablah. '¿Y no estamos acá, pues?', respondió. Añadió que es más barato hacer un nuevo edificio que pagar por reparar el actual, pero no mostró cifras ni ningún estudio que respalde su teoría.

La diputada de Arena Milena Calderón de Escalón dijo que la construcción del nuevo edificio se debe a que los diputados viajan mucho a otros países y quedan maravillados por cómo son sus edificios legislativos y luego comparan con el que se tiene acá y quedan insatisfechos. Dijo que al edificio se le podría hacer mejoras para no incurrir en más endeudamiento. Ni Lourdes Palacios ni Guillermo Mata, diputados del FMLN, quisieron responder a la solicitud de entrevista ni a la pregunta de si contaban con estudios que justificaran la necesidad de construir un edificio nuevo. Guillermo Mata respondió a la solicitud de hablar sobre el proyecto de manera escueta: 'No, de ese tema no'. 

Este edificio costará el 5 % del fondo que se obtendrá mediante los 11 préstamos y la Asamblea Legislativa manejará estos recursos. ¿Cuánto es 32 millones y qué otras cosas se podrían hacer con ese monto? Para empezar, 32 millones de dólares es la mitad de lo que recibe anualmente el Ministerio de Educación para invertir en la educación de niños de educación parvularia y educación inicial. Con 32 millones de dólares se podría crear durante un año 7,101 plazas para profesores cuya remuneración sea de 375 dólares (que se encuentra dentro del rango más bajo que establece la Ley de Salarios). 32 millones de dólares equivalen al 28.9 % del presuesto que recibe cada año la Universidad de El Salvador.

El gobierno salvadoreño tendrá que pagar durante 15 años el costo de este nuevo edificio. Durante los primeros tres años va a pagar en concepto de intereses 1.3 millones de dólares anualmente. A partir del cuarto año, tendrá que desembolsar anualmente cuotas de 3.4 millones de dólares durante 12 años. Se proyecta que a esa suma hay que agregarle los intereses de los 12 años, los cuales - en conjunto- ascienden a 9 millones de dólares. En total, proyectan pagar 41 millones de dólares a 15 años por este préstamo, cuyo contrato -para que tenga validez- debe ser ratificado con 56 votos por la Asamblea Legislativa. 

Educación y empleo

El programa 'Innovación para la Competitividad', ya ratificado, se financiará mediante un préstamo con el BID por 30 millones de dólares e incluye la Creación de Indicadores para Políticas Públicas que apoyen la innovación y para la creación del Observatorio Salvadoreño de Innovación, Ciencia y Tecnología (OSICT); 25.7 millones servirán para apoyar proyectos de innovación empresarial (2.66 millones), formación de capital humano (7.48 millones) y para transferencia tecnológica (15.6 millones). El resto (688 mil dólares) se utilizará para gastos de administración del proyecto. 

La Asamblea ratificó también un préstamo por 20 millones de dólares para implementar el programa 'Apoyo Integral a las Políticas de Trabajo y Previsión Social'. Este préstamo se pagará durante 25 años, según el Decreto No. 665, y servirá para capacitar al personal de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresas (Conamype) y en la prevención de riesgos en los lugares de trabajo; 6.8 millones de dólares son para apoyar iniciativas de empleo para jóvenes y para brindar oportunidades de emprendimiento a través de Conamype; 5.2 millones son para mejorar los procedimientos administrativo del Ministerio de Trabajo y el resto es para gastos de administración. 

Los 11 préstamos incidirán en el crecimiento de la deuda pública, lo que a su vez ha generado cuestionamientos sobre su sostenibilidad a largo plazo y sobre cuándo comenzará a encenderse las alarmas. La Asamblea Legislativa -a la par de los 11 contratos de estos préstamos- tiene documentos con borradores de una ley de responsabilidad fiscal que se ignora cuándo será aprobada. Esta tiene como uno de sus ejes principales la creación de indicadores para regular el techo que puede alcanzar la deuda pública. Organismos financieros se han pronunciado sobre la necesidad de discutir este tema. Por ejemplo, El Fondo Monetario Internacional ha dicho que uno de los retos de esta administración es hacer sostenible el proceso de endeudamiento -garantizando que se asuma un volumen de deuda que el Estado pueda pagar-, sin desproteger el gasto social. Las proyecciones no son optimistas: el FMI estima que para el año 2019 la deuda pública va a constituir el 70 % del producto interno bruto si continúa este ritmo de endeudamiento.

Las tareas pendientes

Al gobierno le urge resolver la insolvencia del sistema de pensiones. Privatizado en 1998, se ha desnaturalizado a tal punto que se ha vuelto insostenible para el Estado y tampoco reporta la seguridad previsional que se supone que debería otorgar. Un proyecto de reforma al sistema fue retrasado por el gobierno del presidente Mauricio Funes, quien decidió esperar que sucediera la elección presidencial de 2014 antes de enviar su propuesta a la Asamblea Legislativa. Hasta ahora, el plan de reformas no ha llegado a los diputados.

Sobre el propósito de recortarle poder a la Sala de lo Constitucional, en la Asamblea Legislativa desde hace meses se valora la posibilidad de quitar a los magistrados la atribución de pronunciarse sobre elección de funcionarios por parte de los legisladores. Ya entre 2012 y 2013, la Sala declaró inconstitucionales los nombramientos de un fiscal general, de tres promociones de magistrados de la Corte de Cuentas, del presidente del Tribunal Supremo Electoral y de dos presidentes de la Corte Suprema de Justicia.

En la intención de golpear a la Sala, el FMLN ha tenido buena compañía. De hecho, en 2011, el decreto 743 destinado a maniatar a una Sala incómoda para los intereses de todos los partidos, fue creado y aprobado por la derecha legislativa, incluida Arena. Los dirigentes de Arena explicaron que habían decidido apoyar que las inconstitucionalidades se emitieran solo por unanimidad de los cinco magistrados de la Sala, debido a que alguien les informó que los magistrados estaban a punto de declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.

En cuanto a ampliar de tres a cinco años los períodos de alcaldes y diputados, incluso en Arena hay diputados que favorecen el cambio, debido a que pretenden evitar que El Salvador atraviese períodos como el de los últimos cuatro años, en que ha habido tres elecciones.

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El FMLN logró el jueves la ratificación de tres préstamos por casi 100 millones de dólares y la autorización para que el Ejecutivo inicie los trámites de otros dos empréstitos que suman 140 millones, como parte de una serie de medidas del partido en el gobierno y sus aliados legislativos. La agenda de este mes incluye ratificar otros 200 millones de dólares en deuda y reformar la Constitución para alargar los períodos legislativos.

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