La Ley Especial Contra el Delito de Extorsión, aprobada el 18 de marzo por la Asamblea Legislativa con 78 votos de todos los partidos, declara zonas libres de señal inalámbrica los centros penales y sus cercanías. La ley prohibe a las compañías telefónicas emitir señal en centros penitenciarios y tienen 90 días para ajustarse a lo establecido. El bloqueo podría afectar a los ciudadanos de áreas aledañas.