Uno de los candidatos a alcalde de Metapán divulga un vídeo para ofrecer la construcción de una 'moderna' terminal de buses, un centro comercial y un mercado. En el otro extremo del país, en La Unión, un candidato a alcalde promete que los ciudadanos serán la piedra angular de sus proyectos. En Facebook, un candidato a diputado por Chalatenango hace una publicación en la que aparece repartiendo útiles escolares, y en Youtube otro candidato a diputado asegura estar involucrado con escuelas, iglesias, centros de cómputo y clínicas, y por eso pide que se le conceda el voto para trabajar por el departamento de La Paz.
Y así van de casa en casa, de pueblo en pueblo, hablando de fortalecer la democracia, de respetar el estado de derecho, de trabajar por el bienestar de todos. Y los candidatos vociferan un discurso que contrasta con lo que evidencia su pasado reciente. Por ejemplo, el 1 de mayo de 2011, el alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, celebró en la página de Facebook del Partido Concertación Nacional que los diputados respaldaron su petición de incrementar el cobro de impuestos a la empresa cementera Holcim. Un año antes, en 2010, el alcalde Umaña Samayoa y su empresa Gumarsal habían evadido el pago de impuestos por más de un millón de dólares, según la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda.
Y aunque el alcalde Umaña Samayoa aceptó ante un juez que evadió el pago de impuestos, eso no ha significado ningún tropiezo para que busque la reelección. Y, como este caso, hay otros que, según los archivos de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Cuentas están relacionados con homicidios, con narcotráfico, con corrupción, con tráfico de personas y con malos manejos administrativos, pero que están pidiendo el voto de los salvadoreños en las elecciones de este domingo 1 de marzo. Aquí algunos de los casos.
El candidato que evadió impuestos
“El citado contribuyente ha evadido el pago del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio del 2010, por un valor de 68 mil 884 dólares”. Ese contribuyente, citado en un informe del Ministerio de Hacienda, es Juan Umaña Samayoa, alcalde de Metapán desde 2006 y candidato a tercera reelección por el Partido Concertación Nacional.
La auditoría de Hacienda encontró un incremento patrimonial no justificado cuando revisó dos cuentas bancarias del alcalde Samayoa, una en el Banco de América Central y otra en el Citibank El Salvador, donde recibió depósitos que no reportó en su declaración de renta. Algunos de esos depósitos no declarados eran dividendos que le pagaron la empresa Arrocera Jerusalén y Agroindustrias Gumarsal. Esta última compañía tenía doble contabilidad para evadir el pago de impuestos.
“La sociedad fiscalizada trató de ocultar las inconsistencias determinadas por la administración tributaria”, escribieron los auditores con respecto a la evasión de un millón 552 mil 853 dólares que, durante 2010, le señalaron a Agroindustrias Gumarsal. Al final del proceso judicial, tanto el alcalde Umaña Samayoa como su empresa aceptaron que evadieron pagar impuestos y acordaron pagarle al Ministerio de Hacienda.
Agroindustrias Gumarsal fue fundada el 23 de mayo de 1997 por Umaña Samayoa y el empresario José Adán Salazar Umaña, a quien el gobierno estadounidense ha incluido en una lista internacional de capos del narcotráfico. Al alcalde Umaña Samayoa también se le ha relacionado con actividades delictivas. En marzo de 2006 fue acusado por su predecesor Gumercindo Landaverde de financiar su campaña electoral con dinero del narcotráfico y 14 semanas después de esa denuncia Landaverde fue asesinado. En mayo de 2012, El Faro reveló que tres informes de inteligencia del Estado e informantes de la DEA estadounidense relacionaban a Umaña Samayoa con una estructura de tráfico de cocaína. La Fiscalía salvadoreña, sin embargo, no tiene acusaciones contra el alcalde por estos señalamientos.
La mañana del 25 de febrero, El Faro llamó a la alcaldía de Metapán para preguntarle al alcalde Umaña Samayoa si cree que hay conflicto entre su candidatura a la reelección y la aceptación de haber cometido el delito de evasión de impuestos. La asistente de Umaña Samayoa dijo que posiblemente el candidato estaba de visita en alguna comunidad que no tenía cobertura telefónica porque no contestaba su teléfono y prometió que le haría saber sobre nuestra solicitud de entrevista.
En los casi nueve años que el alcalde Umaña Samayoa ha estado al frente de la alcaldía de Metapán, la Corte de Cuentas de la República lo ha enjuiciado cuatro veces y le ha impuesto cuatro multas por un monto de mil 616 dólares.
La Corte de Cuentas lo condenó al pago de 301 dólares por una contratación directa sin justificación para el traslado de la basura hacia el relleno sanitario de Santa Ana; otra multa, de 251 dólares, se le impuso por deficiencias en un proyecto de pavimentación de dos calles en Metapán. La multa más grande, de 562 dólares, obedeció a que el vehículo con placas nacionales 3234, asignado al alcalde Umaña Samayoa, no tenía autorización ni logotipo institucional. El alcalde alegó razones de seguridad, pero la Corte de Cuentas confirmó la multa.
El candidato relacionado con un narco
El primer candidato a diputado de la lista de Cambio Democrático (CD) por el departamento de La Paz se llama Martín Claramount. “He servido a algunas comunidades más pobres de este departamento, he estado involucrado con escuelas, iglesias, centros de computación, desarrollo, educación y salud con clínicas. Dame la oportunidad y vota por Martín Claramount el uno de marzo”, dice Claramount en un vídeo de Youtube.
Pero Martín Claramount no solo ha estado involucrado con escuelas, iglesias y centros de computación —como lo asegura en su campaña—. Según los archivos de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el ahora candidato también ha estado involucrado en casos de narcotráfico, robo de vehículos y homicidios.
El 31 de julio de 2012, un testigo delató ante la Fiscalía a los integrantes de la red que dirigía Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, conocido como El Repollo, quien importaba cocaína desde Panamá, la traía hasta su finca y ranchos de playa en El Salvador, y luego la movía hacia Guatemala. El primer candidato a diputado del CD fue el involucrado 51 en esa red de narcotráfico. Según el testigo, Claramount era una especie de cazarrecompensas, un tipo que se encargaba de cobrar las deudas entre los narcos.
El testigo asegura que en 2010, Claramount viajó a Panamá para reunirse con Carlos Gómez Figueroa para cobrar dinero relacionado con un negocio entre Gómez Figueroa y El Repollo. El documento no precisa detalles. La Fiscalía no acusó a Claramount de ningún delito, pero la confesión del testigo fue una de las pruebas principales en la condena de 77 años de prisión que un tribunal capitalino le impuso a El Repollo. Claramount ha aceptado públicamente que fue contratado por El Repollo para cobrar una deuda, sin precisar de qué tipo, y en 2013 denunció a El Repollo por una conspiración para asesinarlo.
Además de ese caso de narcotráfico, en marzo de 2010, Claramount fue capturado por tener en su vivienda un pick up con reporte de robo en Guatemala, pero el proceso judicial fracasó porque la víctima retiró la denuncia. Según los archivos de la CSJ, en la década de los noventa, la Policía investigó a Claramount por encubrimiento en el homicidio de Juan Carlos Monge Rivera y luego lo relacionó con el asesinato de Sigfred Guth Zapata, el gerente de la casa de cambios Lafise.
La semana pasada, El Faro escribió al buzón de correo electrónico de Claramount para preguntarle sobre sus antecedentes judiciales, pero al cierre de esta nota no había respondido. La candidatura por CD es la segunda ocasión en que Claramount intenta convertirse en diputado. En las elecciones de 2012 fue candidato a diputado por el Partido Nacional Liberal (PNL).
El candidato involucrado en un tiroteo
A las 2 de la tarde del domingo 25 de abril de 2010, el alcalde de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán, comenzó a hacer apuestas de carreras de caballo con Pedro Crespín Fuentes. En una carrera ganaba uno, en otra carrera ganaba otro. Y con la misma intensidad con la que apostaban y apostaban también bebían y bebían licor.
La rutina de apuestas y de ingestión de alcohol terminó cuando Crespín Fuentes perdió una de las apuestas. Entonces, la hacienda Los dos portillos, del caserío El Guayabo, del limítrofe cantón La Hachadura, se convirtió en un campo de guerra: Crespín Fuentes, después de insultarlo, disparó contra el alcalde; Ramírez Ventura desenfundó su arma, pero luego una experticia determinó que no disparó contra Crespín Fuentes.
Tres personas murieron en el tiroteo. Ramírez Ventura fue enjuiciado en el tribunal especializado de Santa Ana, pero fur absuelto. En 2005, el alcalde también logró que la Corte Suprema de Justicia declarara nulo un caso por tráfico de personas. Ni su involucramiento en el tiroteo en el que murieron tres personas, ni la acusación por tráfico de personas han afectado su carrera política. Ahora, el alcalde Ramírez Ventura busca la reelección bajo la bandera del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
En la Corte de Cuentas, al alcalde Ramírez Ventura solo se le ha impuesto una multa por 600 dólares. En una sentencia, que data de julio de 2013, la Corte de Cuentas estableció que la administración municipal de Ramírez Ventura no tenía mecanismos administrativos para adquirir inmuebles y, si los poseía, no hay documentos que lo demuestren. El Faro llamó a la alcaldía de San Francisco Menéndez para pedir una reacción del alcalde, pero en el contestador telefónico solo se escuchaba este mensaje: “Esta llamada es gratuita. La persona con la que quieres comunicarte no puede responderte en este momento”.
El candidato condenado por corrupción
El exalcalde de La Unión y exdiputado del Parlamento Centroamericano por el partido Arena, Mario Osorto Vides, fue condenado a cuatro años de prisión por falsificar documentos para favorecer con contratos a las empresas del exdiputado Carlos Roberto Silva Pereira. Ahora, Osorto Vides quiere volver a manejar la alcaldía de La Unión y por eso se ha abrigado con la bandera del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana).
En febrero de 2008, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador condenó a Osorto Vides por irregularidades en el proyecto de pavimentación de la calle La Chacra y en el proyecto de remodelación del parque central de La Unión, obras adjudicadas a empresas del exdiputado Silva Pereira, prófugo de la justicia por un caso de corrupción y lavado de dinero. El exalcalde estuvo 19 meses en prisión y luego un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria le concedió libertad anticipada por su buen comportamiento en la cárcel.
El Faro intentó contactar al exalcalde y exdiputado por medio de la unidad de comunicaciones del partido Gana, pero hasta el cierre de esta nota no había respuesta.
Osorto Vides fue alcalde de La Unión desde 2000 hasta 2006. Durante ese período la Corte de Cuentas de la República abrió una investigación, la 282-2002-DRIA-515/2002, contra el alcalde y su concejo municipal por un proyecto de lotificación en Cutuco. Sin embargo, ese es uno de los 44 expedientes que nunca fue investigado contra alcaldías e instituciones de gobierno, que se archivó y que, al final, no se estableció si hubo un manejo correcto o inadecuado de un total de 16 millones 995 mil 436 dólares.
El candidato acusado de intento de homicidio
El 8 de julio de 2012, cuando Fredy Benítez salía de un velorio, le dispararon tres veces. La víctima sobrevivió, interpuso una denuncia en la Fiscalía y los investigadores determinaron que tres personas participaron en el ataque. Según una petición de antejuicio que está pendiente de resolverse en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, una de las personas que participó en ese intento de homicidio fue el diputado del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) Abilio Menjívar, candidato a la reelección.
El intento de homicidio ocurrió en el municipio de Pasaquina, La Unión. Cuatro meses después del ataque, en noviembre de 2012, Benítez fue asesinado. Los fiscales aseguran en la petición de antejuicio que durante los cuatro meses que la víctima sobrevivió recibió amenazas de muerte por parte del diputado Menjívar.
“Todo indica que hubo algún grado de participación del diputado (en el asesinato)”, dijo el fiscal general de la República, Luis Martínez, el 31 de agosto de 2014. Ese mismo día, el fiscal Martínez presentó una solicitud de antejuicio contra el diputado suplente Wilver Rivera Monge, acusado de lavado de dinero. Rivera Monge ya es procesado por blanqueo de dinero porque una sentencia de la Sala de lo Constitucional determinó que los diputados suplentes no gozan de fuero. En el caso de Menjívar, sin embargo, es necesario el desafuero, algo que, por el momento, no parece estar entre las prioridades de los diputados.
El Faro llamó al celular del diputado Menjívar, pero no atendió la llamada. También se le intentó contactar por medio de la Unidad de Comunicaciones de Gana, pero la solicitud aún no tiene respuesta.
Dos candidatos relacionados con el tráfico de personas
Las fiestas patronales del cantón San Francisco Apanta, en Santa Rosa Guachipilín, Santa Ana, se celebran en enero. En el año 2005, como parte de las fiestas patronales, dos hombres llegaron hasta ese cantón a montar una de las actividades más vistosas de la fiesta: una exhibición de caballos de alta escuela y un jaripeo.
La diversión con los equinos no era lo único que buscaban aquellos dos hombres en el cantón San Francisco Apanta. Tres testigos dijeron a la Fiscalía que, al mismo tiempo de la exhibición de los caballos, ellos buscaban personas interesadas en viajar ilegalmente hacia los Estados Unidos. Esos dos hombres fueron identificados por las autoridades como Ovidio Cerón Moreno y Reynaldo Antonio López Cardoza.
Una semana después del jaripeo, Cerón Moreno regresó al cantón y ofreció a tres víctimas conseguirles visas falsas mexicanas por un precio de 6 mil 500 dólares. Las víctimas pagaron, pero no pudieron viajar porque las autoridades descubrieron que las visas eran falsas. Entonces, en el año 2005, Cerón y Cardoza fueron capturados y acusados de tráfico ilegal de personas. El caso contra Cardoza, ahora candidato a ser reelegido diputado por el departamento de Chalatenango, fue cerrado definitivamente en el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador.
“Nunca se pudo comprobar nada”, dice el diputado Cardoza. Y con ese argumento el diputado concluye que no hay razones para cuestionar su candidatura bajo la bandera del Partido Concertación Nacional.
Además del diputado Cardoza, hay otro candidato que competirá en las elecciones del próximo domingo y que también tiene el antecedente de haber sido procesada por tráfico de personas. Esa persona es Irma Michelle Martha Ninette Sol Schweikert, alcaldesa en funciones y candidata a alcaldesa de Nuevo Cuscatlán, por el partido FMLN.
Sol Schweikert fue capturada la mañana del 21 de enero de 2003, luego que según la acusación de la Fiscalía, dos policías detectaron inconsistencias en los documentos que presentó cuando se hacía pasar por tía de dos menores de edad que viajaban rumbo a Miami, Estados Unidos. Al final del proceso judicial, la ahora candidata a alcaldesa de Nuevo Cuscatlán fue exonerada definitivamente porque la Fiscalía no realizó las diligencias necesarias. El caso fue cerrado oficialmente por el Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa.
