Ciudad de Panamá, PANAMÁ. El gobierno de Panamá inició este sábado el diálogo con los indígenas que se oponen a un proyecto hidroeléctrico, financiado por bancos europeos, temporalmente detenido por incumplimientos ambientales, pero que pudiera acarrear demandas por pérdidas millonarias.
'Estamos muy contentos que se haya abierto esta oportunidad y posibilidad de diálogo', dijo la vicepresidenta y canciller panameña Isabel De Saint Malo. 'El diálogo es el único mecanismo válido y posible para asegurar el cumplimiento de los derechos de los pueblos (indígenas) así como el cumplimiento de las otras responsabilidades del Estado que tienen que ver con la seguridad jurídica', añadió De Saint Malo.
El pasado 9 de febrero el gobierno panameño ordenó la suspensión temporal de Barro Blanco, en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, por incumplimientos en los estudios de impacto ambiental.
Los indígenas de la comarca Ngöbe Buglé (oeste) se oponen a la hidroeléctrica, cuya construcción está avanzada en un 95%, porque temen la inundación y violación de sus territorios, además de la destrucción del río Tabasará (Chiriquí), donde se levanta el proyecto.
'Lo que esperamos es que se cancele el proyecto y que se respeten las leyes de la comarca (indígena)', dijo a la AFP Rolando Carpintero, alcalde del distrito indígena de Müna -donde se construye la hidroeléctrica- y uno de los miembros de la mesa del diálogo.
'Hemos sido perjudicados, no se nos ha respetado y han pasado por encima (de nosotros)', añadió Carpintero.
Varias asociaciones ecologistas firmaron un comunicado en apoyo a la cancelación de Barro Blanco porque los estudios de impacto ambiental 'no deben ser un mero trámite burocrático' sino un mecanismo que garantice el 'respeto a los objetivos de desarrollo sostenible'.
Sin embargo, la cancelación definitiva del proyecto, financiado por los bancos DEG (Alemania), FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), podría acarrear demandas millonarias contra el Estado panameño.
Las empresas que realizan el proyecto, Generadora del Itsmo, S.A (Genisa) e Hidráulica de San José, ambas panameñas, estiman que las pérdidas podrían ser superar los 130 millones de dólares.
En la reunión, celebrada en Tolé (400 km al suroeste de la capital) participaron varios ministros; el Coordinador residente de las Naciones Unidas enPanamá, Martín Santiago; y Carmen Rosa Villa, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, además de representantes de los indígenas.
Aldo López, director ejecutivo de Genisa, valoró 'los esfuerzos' del gobierno panameño 'por propiciar este acercamiento' y se mostró confiado en que el Ejecutivo 'hará lo que sea necesario para respetar y garantizar los derechos de todos por igual'.
'Vamos hacer lo que tengamos que hacer para buscar una solución', dijo la canciller De Saint Malo, quien reconoció que tanto mantener el proyecto como cancelarlo 'tiene consecuencias'.
Una vez en funcionamiento la hidroeléctrica produciría 28 megawatios.
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