Buenos Aires, ARGENTINA. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue acusada este viernes de encubrir a exgobernantes iraníes sospechosos del atentado antisemita de 1994, medida que avala la denuncia del fiscal Alberto Nisman, muerto en enero en misteriosas circunstancias, informó la Fiscalía.
Kirchner, que cumplirá 62 años el próximo jueves, podría ser citada a dar una declaración indagatoria, presencial o por escrito si el juez que lleva este caso, Daniel Rafecas, así lo decide. Pero para sentarla en el banquillo debería antes ser destituida con mayoría de dos tercios de legisladores presentes en ambas cámaras del Congreso, hoy controlado por el oficialismo. Kirchner, en el poder desde 2007, es la segunda persona en la presidencia del país que esimputada por esta causa. El expresidente Carlos Menem (1989-1999) también fue acusado del mismo delito de encubrimiento.
El fiscal Gerardo Pollicita aceptó los argumentos de Nisman y acusó a Kirchner y al canciller Héctor Timerman, entre otros allegados al gobierno, de 'los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público', según el texto difundido.
Sin reaccionar sobre el tema, la presidenta Kirchner partió a su residencia familiar en la provincia patagónica de Santa Cruz, para pasar el fin de semana largo por los feriados de lunes y martes de Carnaval, informaron fuentes oficiales.
El analista de opinión pública, Matías Carugati, de la consultora Management & Fit, indicó a la AFP que aunque es grave 'en términos políticos e institucionales' esta imputación no era 'algo sorpresivo'. Según el politólogo Rosendo Fraga, 'en términos inmediatos la imputación de la Presidenta no genera efectos concretos' y destacó la importancia de que se retome la denuncia de Nisman, que había pasado a un segundo plano por la investigación de su muerte.
El gobierno aseguró que la acusación es un intento de 'golpismo judicial' y que una marcha de silencio convocada por fiscales y apoyada por la oposición para el próximo miércoles, cuando se cumple un mes de la muerte de Nisman, se trata de un intento de 'desestabilización del sistema democrático'. La denuncia 'carece de todo sustento jurídico por inexistencia de delito', señalaron el jefe de gabinete, Jorge Capitanich y el secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández.
El caso se remonta a julio de 1994 cuando desconocidos volaron con explosivos la mutual judeo-argentina AMIA con saldo de 85 muertos y 300 heridos, el atentado más grave en la historia argentina que lleva más de 20 años en la impunidad.
En reemplazo del extinto Nisman, la Procuración (fiscalía general) designó el viernes a un grupo de tres fiscales y un coordinador para seguir avanzando en la investigación.
Kirchner apoyó en 2005 la acusación contra el gobierno de Irán, y en 2013 firmó un acuerdo de entendimiento con Teherán para poder indagar a los imputados, entre ellos el expresidente iraní Ali Rafsanjani.
Pero Nisman y la dirigencia de la colectividad judía argentina rechazaron el acuerdo por considerar que los iraníes no son confiables y que usarían el pacto para librarse de culpas. Según Nisman, Kirchner intentaba encubrir a los iraníes a cambio de recibir petróleo, aunque el crudo de Teherán es inútil técnicamente para ser procesado en Argentina.
También dijo que Kirchner pidió levantar las alertas rojas con pedidos de captura internacional de los iraníes, pero Interpol lo desmintió. 'Es una estrategia de golpismo judicial activo que busca estrépito social', dijo Capitanich.
La movilización está convocada por un grupo de fiscales, cuestionados por el gobierno, y candidatos presidenciales opositores para las elecciones generales de octubre.
'En el mundo la puja es entre la democracia y grupos oscuros vinculados a poderes económicos. (El presidente de Estados Unidos) Barack Obama enfrenta una embestida de la derecha republicana más recalcitrante. En Brasil, Dilma Rousseff sufre un ataque con pedidos de juicio político', dijo Capitanich. 'Somos conscientes de que (la marcha) es un hecho político, pero no partidario', afirmó al canal TN uno de los fiscales convocantes, Carlos Rívolo.
El 14 de enero Nisman acusó a Kirchner de encubrir a los iraníes. El 18 de enero apareció muerto en su apartamento con un disparo en la cabeza y en su mano derecha una pistola pedida a un colaborador. Un día después debía explicar ante comisiones del Congreso por qué acusaba a la mandataria.
El caso está en manos de la fiscal Viviana Fein quien lo caratuló 'muerte dudosa, es decir suicidio, o suicidio inducido u homidicio'. El rechazo a la denuncia de Nisman-Pollicita fue presentado por la Procuración del Tesoro (fiscalía de Estado) al señalar que 'ninguna actuación de las autoridades del Gobierno tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes'.
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