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Juez inicia 'proceso sancionatorio' contra querellantes de la causa contra expresidente Flores

El juez Levis Orellana, a cargo de la investigación contra el expresidente Francisco Flores por corrupción en los millonarios donativos de Taiwán durante su gobierno, ordenó abrir un expediente sancionatorio contra tres querellantes de Fespad e ISD y pidió a la Fiscalía que los investigue por divulgar información sobre un documento que vincula a Flores con la emisión de cheques por 10 millones de dólares del gobierno de Taiwán.


Domingo, 25 de enero de 2015
Efren Lemus

Los acusadores particulares contra el expresidente Francisco Flores pasaron la tarde de este viernes al rol de acusados cuando el juez Levis Italmir Orellana inició una investigación contra tres abogados querellantes por revelar información sobre un documento que relaciona al expresidente Flores con cuatro cheques por 10 millones de dólares que recibió del gobierno de Taiwán en octubre de 2003.

“Existiendo la posibilidad de que con sendas declaraciones se haya incurrido en la infracción contenida en el Art. 132 N°1, Código Procesal Penal, específicamente por la revelación o difusión de información reservada y aseveración de hechos falsos, se iniciará el procedimiento sancionatorio en pieza separada, debiendo intimar a los querellantes para que se pronuncien sobre tales afirmaciones dentro del plazo de tres días hábiles”, reza la resolución, emitida el viernes 23 de enero.

El “procedimiento sancionatorio” ordenado por Orellana es contra Berta María De León, María Teresa Naves Medrano y René Landaverde Hernández, querellantes que representan a la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y a la Iniciativa Social para la Democracia (ISD). “Estamos siendo perseguidos por el juez y la Fiscalía por las denuncias de malas actuaciones que han realizado”, reaccionó De León.

Una de las malas actuaciones que más han denunciado los querellantes es que el fiscal general de la República, Luis Martínez, no facilitó el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que el International Bank of Miami, con sede en los Estados Unidos, remitió al Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), una dependencia del Departamento del Tesoro. Este documento es clave porque etiqueta como sospechoso el cobro de los cheques a favor del exmandatario, documento que los querellantes consideran clave para involucrar a Flores en el delito de lavado de dinero, que hasta ahora no ha sido tipificado contra el exgobernante.

La Fiscalía se contradice, pues aunque en un inicio el mismo fiscal general aseguró que tenían en su poder el ROS, ahora ha dicho al juez Orellana que nunca recibió un ROS en contra del expresidente Flores. Los fiscales Julio César Aguilar Zamora, Telma Flores de Carranza y Alessia Herrera presentaron un escrito al juzgado en el que aseguran que nunca recibieron un ROS sino “un informe de inteligencia” del organismo estatal estadounidense FinCen, en el que se detallaba la operación sospechosa del expresidente Flores. La petición de los fiscales no coincide con declaraciones públicas del fiscal Martínez, quien es un abogado cuyo pasado evidencia repetidos episodios de trabajos para el expresidente Flores.

Los fiscales, sin embargo, pidieron que ese documento se mantuviera bajo reserva bajo el argumento de que el país puede ser sancionado por la divulgación de información o se pueden afectar la cooperación de FinCen en futuras investigaciones por lavado de dinero. El 8 de enero de 2015, el juez Orellana ordenó “abstenerse de transmitir o publicar, comentar o referirse a tales documentos y agencia que lo emitió”.

Los querellantes presentaron un recurso de revocatoria con la esperanza de que el documento sea agregado como prueba, pero este viernes el juez Orellana rechazó la petición y suspendió su traducción al español. A propósito de la decisión del juez de mantener bajo reserva ese documento, Fespad e ISD publicaron esta semana un campo pagado en el que ponían en duda la independencia de la investigación en contra del expresidente Flores.

“La conducta mostrada por el Juez Primero de Instrucción ha puesto en duda si la justicia en realidad puede tocar a grupos de poder. Además de dar beneficios especiales al imputado Francisco Flores, nos preocupa que ahora los elementos de prueba que lo vinculan en los delitos de lavado de dinero y peculado, en lugar de ser fortalecidos, en una acción coordinada entre el fiscal y el juez de la causa están desapareciendo las pocas pruebas sobre el mismo”, afirman Fespad e ISD en el comunicado.

En su resolución, el juez Orellana advierte que tanto los querellantes como los representantes de Fespad e ISD, Abraham Ábrego y Ramón Villalta, respectivamente, insisten en hacer referencia al ROS y al informe de inteligencia, irrespetando la orden judicial del pasado 8 de enero. Por esa razón, dice el juez, ha certificado a la Fiscalía para que “ejercite las acciones legales que estime pertinente”.

“El informe de FinCen estaba en un sobre cerrado, nunca lo vimos. ¿Cómo podemos divulgar su contenido si nunca lo hemos visto? Queremos verlo”, dice De León. La querellante de Fespad insiste en que, en las últimas dos semanas, se han sentido perseguidos por la Fiscalía y por el juez porque en varias resoluciones se les ha advertido que pueden afrontar responsabilidades penales. “No hemos cometido ningún delito. Nos vamos a defender con las armas legales. Vamos a recurrir a organismos internacionales en derechos humanos porque estamos siendo perseguidos por las labores en el proceso”, dice.

La existencia del ROS en contra del expresidente Flores se conoció en octubre de 2013, cuando el expresidente Mauricio Funes lo denunció en su programa de radio. El fiscal reconoció que existía ese ROS y que estaba en manos de la Fiscalía. Al expresidente Flores se le investiga por recibir cuatro cheques del gobierno de Taiwán que eran para financiar proyectos sociales, pero que el exmandatario desvió para financiar la campaña electoral de Arena, en el 2003, en la cual resultó electo presidente Elías Antonio Saca.

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