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Sala de lo Constitucional aclara fallo en contra de DICOM

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional aclararon que no les compete detener el cierre de la Sociedad Equifax Centroamérica S.A DE C.V (DICOM) en El Salvador, debido a que la medida no forma parte del amparo que ordenaron el 21 de octubre de 2014. Será la Fiscalía General de la República la responsable de determinar si la empresa debe entregar al Estado sus bases de datos. 


Lunes, 17 de noviembre de 2014
Jimmy Alvarado

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, declararon -el 10 de noviembre de 2014-  no admitir la petición de detener el proceso de cierre de la sociedad Equifax Centroamérica S.A DE C.V (DICOM) argumentando que el trámite de cierre no forma parte del proceso de amparo -que ordenaron los magistrados el 21 de octubre de 2014- y que la medida fue adoptada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en un proceso aparte.

Los representantes legales de DICOM, Henry Salvador Orellana Sánchez y Carlos Adalberto Amaya Rosa, habían solicitado a los magistrados que detuvieran el proceso de cierre de DICOM -iniciado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)- y que los magistrados aclararan si estaban obligados a hacer entrega de la base de datos de dicha empresa.

La Sala de lo Constitucional aclaró que en el amparo inicial ordenaban que se llevaran a cabo las diligencias necesarias para que DICOM depurara de su base de datos la información que había sido obtenida sin el consentimiento de los ciudadanos. La empresa debía contar con la documentación que acreditara dicho consentimiento. Además, se establecía que DICOM debía abstenerse de transferir la información de su base de datos sin antes comprobar que los dueños de esa información -los ciudadanos- estaban de acuerdo.

Los magistrados comisionaron a la Superintendencia del Sistema Financiero para que supervisara que DICOM cumpliera con el contenido de la sentencia. 'No ha sido con base en la sentencia emitida en este amparo que el mencionado órgano director de la SSF decidió denegar a la sociedad Equifax Centroamérica, S.A. de C.V., la autorización para operar como agencia de información, ya que en la referida resolución no se ordenó tal consecuencia'.

En la resolución de aclaración sobre el derecho a la protección de datos personales, los magistrados afirmaron que - en el amparo- no efectuaron un análisis sobre si Equifax Centroamérica S.A. DE C.V cumplía o no los requisitos y las disposiciones legales para operar como agencia. 'Ese no fue el objeto de la controversia -que los demandantes- plantearon a este Tribunal', aseveraron en la resolución del 10 de noviembre de 2014.

El 28 de octubre de 2014, el superitendente Ricardo Perdomo anunció que no se le extendería la autorización a DICOM para operar como agencia que presta servicios de información personal y crediticia a las empresas, debido a que no había apegado su funcionamiento a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas (LRSIHCP), que fue aprobada en el 2011. Además, admitió que DICOM operaba desde 2011 sin contar con la autorización de la SSF, a pesar de que el artículo 19, literal F, lo prohibe.

El anuncio de la Superintendencia -que implica el cierre de operaciones de DICOM- fue realizado solo 7 días después de que la Sala de lo Constitucional fallara a favor de amparar a a Boris Solórzano de la Asociación Salvadoreña para la Protección de Datos e Internet –INDATA- quien había demandado a DICOM por vulnerar los derechos de los salvadoreños.

Durante la auditoría de verificación del cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, la SSF constató -según las declaraciones del superintendente Perdomo- que DICOM había incumplido con el contenido del amparo. La empresa se debía abstener de utilizar y transferir la información sobre la cual no contaba con el consentimiento de sus titulares. DICOM permitió -del 26 al 28 de octubre de 2014- que 233 empresas realizaran 267 mil, 567 consultas de información, a pesar de no contar con las autorizaciones de los ciudadanos.

Además, el 3 de noviembre de 2014, DICOM se negó a hacer entrega de su base de datos a la Intendenta de Bancos y Cooperativos y Otras Entidades Financieras, Silvia Arias. El proceso de entrega forma parte de los procedimientos que establece el artículo 17 de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas (LRSIHCP), literal I: 'Cuando una agencia de información de datos por cualquier razón termine sus operaciones en el país, deberá entregar su base de datos a la Superintendencia del Sistema Financiero'. Arias manifestó que notificaría a la Fiscalía General de la República, y aseveró que sería esta institución la que debía establecer responsabilidades.

Tras el anuncio del cierre de DICOM, la Superintendencia del Sistema Financiero se apresuró a autorizar a tres empresas para operar como agencias y burós de crédito. Estas son TransUnion El Salvador, Infored y la Asociación Protectora de Créditos de El Salvador. Según el oficial de información de la SSF, las tres empresas operaron  de julio de 2011 a noviembre de 2014 - al igual que Equifax - mientras tramitaban su autorización.

La  Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas (LRSIHCP) que se aprobó en el 2011  les daba solo seis meses para seguir funcionando a las agencias y burós de crédito mientras adecuaban su funcionamiento a la ley y tramitaban la autorización con la Superintendencia del Sistema Financiero. Fue hasta noviembre de 2014 que la Superintendencia actuó. 

Una de las empresas que fue autorizada el 3 de noviembre de 2014 -INFORED- fue fundada por el actual ministro de turismo, José Napoleón Duarte, quien afirmó a la Radio 102 nueve que su empresa tiene 14 años de brindar servicios en el país y comenzó a trabajar para pequeñas cooperativas de ahorro y préstamos.

Además, la oficina de información de la Superintendencia  del Sistema Financiero dio a conocer que el 7 de noviembre de 2014 fueron autorizadas para operar -como agencias y burós de crédito- Transunion El Salvador, S.A. de C.V. y  la Asociación Protectora de Créditos de El Salvador, PROCREDITO. Estas son las únicas tres empresas que se quedarían operando con la salidad de Equifax Centroamérica S.A DE C.V  (DICOM).

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