Washington, ESTADOS UNIDOS. Detrás de la guerra contra el grupo Estado Islámico, el programa nuclear de Teherán es el siguiente asunto de política exterior en la orden del día del futuro Congreso, cuando las negociaciones con las potencias del P5+1 deberían, en teoría, culminar el 24 de noviembre.
Barack Obama pudo hasta ahora operar como quiso. Gracias a sus aliados demócratas en el Senado, logró detener proyectos de nuevas sanciones propuestas por legisladores que no confían en la buena fe de los iraníes. Un Senado controlado por republicanos no tendrá la misma deferencia si el presidente estadounidense aceptara prolongar las negociaciones más allá de noviembre.
“Es difícil imaginar que una extensión (de las negociaciones) pueda ser aceptada por el Congreso sin que haya consecuencias para Irán”, opinó a la AFP un alto colaborador republicano en el Congreso. “Existe un consenso fuerte en Washington, según el cual Irán no está bajo suficiente presión”.
Según este responsable, los legisladores de los dos partidos hablan activamente tras bastidores para empezar a actuar una vez que el nuevo Congreso tome sus funciones en enero.
“Si los republicanos controlan el Senado mientras son prolongadas las negociaciones sin resultados concretos, pienso que los republicanos actuarán, de una forma u otra”, adelanta el experto Mark Dubowitz, partidario de mayores sanciones y con influencia en el Congreso.
Un texto preparado por el presidente demócrata de la comisión de Asuntos Exteriores, Robert Menendez, y el republicano Mark Kirk podía servir como base, según él: implica la imposición de sanciones “automáticas” contra Irán en una fecha determinada en caso de fracasar las negociaciones, a fin de impedir que Teherán postergue indefinidamente una resolución.
“Van a pegar gritos”
Sin embargo pocos creen que Barack Obama pida el aval del Congreso. “No va a permitir que un grupo de senadores y representantes le arruinen su cita con la Historia”, estima Mark Dubowitz, lo que podría provocar choques en el Congreso apenas se inaugure.
“Los legisladores van a pegar gritos, seguro, y lo más probable es que intenten aprobar un endurecimiento de las sanciones y oponerse al gobierno”, afirma el profesor de relaciones internacionales Gordon Adams, de la American University, que trabajó en la Casa Blanca cuando Bill Clinton era presidente (1993-2001). “Pero seguirá habiendo un problema. El presidente va a interponer su veto”, señala.
Al final, según Gordon Adams, “el Senado no determina la política, sino que supervisa y critica”.
De la misma forma, los republicanos usarán el Senado como plataforma para criticar la estrategia del gobierno contra los yihadistas del EI en Irak y en Siria, aunque coincidan en el objetivo final, según William McCants, de la Brookings Institution.
“Van a cuestionar lo que hizo el gobierno para armar a los rebeldes y expresar su escepticismo ante las aseveraciones del gobierno de que fue muy agresivo a la hora de crear una fuerza de oposición creíble contra Asad”, explicó a la AFP.
Los legisladores dieron como plazo al ejecutivo estadounidense hasta el 11 de diciembre para presentar una estrategia convincente; es la fecha en la que expira la autorización parlamentaria del plan de entrenamiento de los rebeldes sirios moderados, aprobado en septiembre.
Según Bob Corker, llamado a asumir la presidencia de la comisión de Asuntos Exteriores, “no hay estrategia” en Siria.
Pero tanto los republicanos como los demócratas no se muestran siempre unidos, y un debate sobre una autorización parlamentaria de uso de la fuerza no se dará antes de enero, según el presidente de la Cámara, John Boehner. ¿De qué serviría?
“El Congreso no quiere obligar al gobierno a ser más agresivo”, estima Gordon Adams. El debate sobre el uso de la fuerza “será organizado con la finalidad de dejar de manifiesto la incompetencia del gobierno”.
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