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DICOM se resiste a morir

La empresa que tiene en su poder una base de datos crediticios de más de 2 millones de salvadoreños se resiste a entregarla, tal y como se lo ordenó la Superintendencia del Sistema Financiero. El  lunes 3 de noviembre DICOM debía entregar la base de datos, pero no lo hizo. 


Lunes, 10 de noviembre de 2014
Jimmy Alvarado

Los restos de un rótulo publicitario de un banco era utilizado en la comunidad Las Victorias de Soyapango como material de construcción para una pared de una champa de láminas. Foto Archivo/Mauro Arias
Los restos de un rótulo publicitario de un banco era utilizado en la comunidad Las Victorias de Soyapango como material de construcción para una pared de una champa de láminas. Foto Archivo/Mauro Arias

Equifax Centroamérica S.A DE C.V,  mejor conocida como DICOM, se niega a entregar una base de datos de más de 2 millones de salvadoreños que, entre otras cosas, contiene el record crediticios de esas personas y su información de identidad personal. La empresa debía entregar esa base el pasado 3 de noviembre a la Superintendencia del Sistema Financiero, pero ningún representante de la empresa -a la que le fue denegada la autorización para continuar operando en El Salvador- se hizo presente.

La Intendenta de Bancos y Cooperativos y Otras Entidades Financieras, Silvia Arias, visitó el 3 de noviembre las oficinas de DICOM para intentar cumplir con lo que establece el artículo 17 literal I de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas (LRSIHCP): “Cuando una agencia de información de datos por cualquier razón termine sus operaciones en el país, deberá entregar su base de datos a la Superintendencia del Sistema Financiero'. Ese lunes no lo logró. DICOM perdió el permiso para operar en el país el pasado 28 de Octubre, fecha en el que le fue revocada la renovación de operaciones por parte de la Superintendencia.

Según un comunicado de la Superintendencia, Equifax -desde su sede en Estados Unidos- envió una carta informando que no hará entrega de su base de datos debido a que se encuentra tramitando procesos judiciales para revertir la sentencia de la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional falló el 21 de octubre a favor de amparar a Boris Solórzano de  la Asociación Salvadoreña para la Protección de Datos e Internet –INDATA- quien había demandado a DICOM por vulnerar los derechos de los salvadoreños. Solórzano - en la demanda - afirmaba que las acciones de DICOM violaban el derecho a la protección de datos personales o derecho a la autodeterminación informativa de los titulares de los datos.

La semana pasada, en conferencia de prensa, la Superintendenta Arias dijo que se tomarán las acciones legales para que esta empresa cumpla con la ley. 'Equifax está incumpliendo la ley y será la Fiscalía General de la República la que debe establecer responsabilidades', dijo.

El primer golpe a DICOM lo dio la Sala de lo Constitucional, que consideró válidos los argumentos del demandante, quien solicitaba que la información personal, creciticia, mercantil de los salvadoreños fuera protegida y que -DICOM- no la divulgara o comercializara, sin el consentimiento personal de los ciudadanos. La Superintentencia corroboró que DICOM utilizaba la información en su poder sin consentimiento de las personas registradas en esa base de datos. Solórzano estuvo en el programa de El Faro Radio el 24 de octubre donde explicó la demanda que realizó en contra de DICOM. 

—¿Cuál es el impacto real de estas organizaciones que compran y venden estas bases de datos?- preguntó El Faro a Solórzano.

—Generar perfiles públicos de cada persona es un peligro y una invasión a la privacidad. Es un tema de seguridad cibernética. Con tus datos personales si alguien los compra pueden sacar un DUI falso, sacar un crédito y luego puedes aparecer en la lista de DICOM como moroso y nunca has solicitado un crédito. Vas a pasar años sin que se resuelva tu situación. Ahora están vendiendo tus datos personales y con tus datos una persona se lucra, a partir de ese momento eso se llama enriquecimiento ilícito. Además, Equifax no está autorizada para ser agencia: no puede recopilar la información, tratarla informáticamente,  resguardarla, protegerla y luego comercializarla. Ha estado actuando de una forma irregular o ilegal. 

Equifax Centroamérica SA. DE C.V operaba en El Salvador desde 1996 como una agencia que realizaba actividades de acceso, recopilación, comercialización y transmisión de datos personales. En el 2002 fue demandada por Solórzano, pero debido a que no había una ley que regulara el resguardo y la protección de datos  personales el caso no prosperó.

Hasta julio del 2011 se aprobó una Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas (LRSIHCP), la cual regulaba a este tipo de agencias o burós de crédito para que se adecuaran a las normas de la Superintendencia del Sistema Financiero. El artículo 19 de dicha ley contempla que ninguna empresa puede ejercer la actividad de agencia de información de datos sin haber obtenido previamente la autorización  de la Superintendencia del Sistema Financiero. 

El 28 de octubre de 2014-solo 7 días después de que la Sala de lo Constitucional amparara a Solórzano- la Superintendencia acordó no aprobar la autorización de DICOM para operar como agencia en El Salvador. No podrá continuar prestando servicios de información sobre el historial crediticio de las personas. 

El 28 de octubre pasado, el superintendente Ricardo Perdomo dijo que desde julio de 2011 las empresas tenían un plazo de 6 meses para adecuar su funcionamiento a la ley. Equifax no cumplió con lo dictado por el artículo 19 y -mientras hacía el trámite de inscripción- continúo funcionando aún sin contar con la autorización. 'Las empresas solicitarán en el 2012 que la Superintendencia iniciara sus trámites de solicitud, pero -hasta la fecha- Equifax no ha cumplido con los requisitos para que la Superintendencia la pueda autorizar y cumpla con su registro correspondiente', dijo Perdomo.

La auditoría del 26 al 28 de octubre de 2014, realizada por la Superintendencia, encontró que, posterior al amparo del la Sala de lo Constitucional del 21 de octubre de 2014, DICOM continuó violando la ley y los derechos de los ciudadanos. Esta empresa siguió permitiendo que empresas consultaran su base de datos, la cual contiene información obtenida sin el consentimiento de los ciudadanos.  

El superindente manifestó que DICOM violó la sentencia de la Sala de lo Constitucional; no cumplió ni tomó las medidas para corregir lo que le ordenaba el amparo. 'Después de la inspección, constatamos que se realizaron 267 mil, 567 consultas de parte de  233 empresas que solicitaron este servicio. Las consultas no tenían el respaldo de la autorización individual de las personas', aseguró Perdomo. 

Este es el segundo caso de una agencia de información involucrada en el comercio irregular de datos personales de salvadoreños. En marzo de 2011, la Sala de lo Constitucional falló en contra de Infornet, otra empresa que vendía datos de los ciudadanos sin su respectiva autorización. Infornet había recopilado la información de cuatro millones de salvadoreños. 

La semana pasada también se supo el caso de una empresa que está operando en el mismo ramo que DICOM. Uno de sus directivos es el ministro de turismo, José Napoleón Duarte, quien le confirmó a la Radio 102 nueve que sí es fundador de la empresa de Información de Historial Crediticio, INFORED. Según dijo, su empresa tiene 14 años de operar en el país y comenzó a trabajar para pequeñas cooperativas de ahorro y préstamos.

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