Ciudad de Guatemala, GUATEMALA. Un altar de flores y velas blancas en forma de cruz con los nombres de las víctimas escritos en una hoja de papel, fue colocado por activistas humanitarios frente del edificio de la Corte Suprema de Justicia, en el centro de la capital, previo a la apertura del proceso judicial.
“Nos constituimos en la sala de vistas de la Corte con el objeto de iniciar el debate oral y público para juzgar a Pedro García Redondo”, de 70 años, único imputado por el caso, dijo en la apertura la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, Janeth Valdez.
Ataviado con una chaqueta azul y pantalón gris, García se sentó en el banquillo de los acusados como sospechoso de haber ordenado la quema de la embajada española el 31 de enero de 1980.
El siniestro se perpetró después de que un grupo de indígenas, campesinos y universitarios tomaran la sede diplomática para denunciar la represión en sus comunidades por parte del Ejército, en el marco de una guerra civil que vivó el país entre 1960 y 1996.
“Queremos cerrar finalmente un ciclo de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, es doloroso cargar esto”, comentó a periodistas la Premio Nobel de la Paz 1992 y líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, en el inicio del proceso, emblemático para la activista debido a que en esos hechos murió su padre, Vicente Menchú.
Menchú es la primera de 23 testigos que declararán ante el tribunal, el mismo que programó para el 5 de enero de 2015 el nuevo juicio por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt, acusado del exterminio sistemático de indígenas durante su régimen de facto (1982-83).
Los hechos
Una comisión de la verdad auspiciada por la ONU publicó en 1999 un informe sobre varios hechos ocurridos durante la guerra civil de 36 años en Guatemala y que dejó 200,000 muertos y desaparecidos; entre ellos, consignó un capítulo sobre “la ocupación de la embajada de España”.
De acuerdo con el documento, el 31 de enero de 1980, 27 personas, la mayoría indígenas y representantes de organizaciones populares del departamento de Quiché, ingresaron “de forma pacífica” en la embajada española para denunciar atrocidades cometidas por el Ejército.
Horas después de la ocupación, decenas de agentes de la desaparecida Policía Nacional y miembros de inteligencia del Ejército, “fuertemente armados, dieron inicio al asalto de la sede”, que acabó con la vida de las 37 personas.
Entre los muertos figuran el cónsul español Jaime Ruiz del Árbol, el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Cáceres, y el excanciller Adolfo Molina.
Solo dos personas sobrevivieron, un campesino que luego fue sacado de un hospital y asesinado, así como el embajador Máximo Cajal, quien falleció en abril pasado en España y dejó grabado su testimonio en un video que será utilizado en el juicio.
El gobierno español expresó en un comunicado que “confía en que pueda esclarecerse lo sucedido, condenarse a los eventuales culpables que hayan sido procesados, se dignifique la memoria de los fallecidos y se repare a las víctimas y a sus familiares”.
“Quieren crear un culpable”
De su lado Moisés Galindo, abogado de García, quien se declaró inocente ante el tribunal, dijo que en el proceso “no se está buscando al responsable (de la matanza), sino que se quiere crear un culpable”.
“Se quiere crear un culpable que justifique esta acusación del Ministerio Público (fiscalía) y que justifique también a los querellantes adhesivos y de eso no se trata un debate”, afirmó el defensor del exjefe policial.
Galindo consideró que se está procura un culpable tras la muerte del entonces presidente Romeo Lucas y del jefe de policía de la época, Germán Chupina, otros implicados por el crimen.
El exministro del Interior en ese período, Donaldo Álvarez, está prófugo de la justicia desde hace años. García dirigía un comando especial de la policía cuando ocurrieron los hechos y fue capturado el 24 de julio de 2011 por la desaparición del estudiante universitario Edgar Sáenz, en 1981, por el que fue condenado a 80 años de prisión.
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