Opinión /

Centro América en la mira del Congreso de los Estados Unidos, otra vez


Martes, 2 de septiembre de 2014
Oscar Chacón*

Una delegación de legisladores Demócratas y Republicanos de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos de América (EUA) estuvo de visita en El Salvador, Honduras y Guatemala entre el viernes 29 de agosto y el lunes 1 de septiembre. El objetivo de su visita era entender mejor la realidad de estos tres países, a la luz del incremento abrupto a lo largo de los pasados 10 meses en el número de personas, especialmente niños, niñas y adolescentes no acompañados, arrestadas por la Patrulla Fronteriza estadounidense.

Dicho crecimiento ha sido extraordinario. De un total de 3,304 niños centroamericanos arrestados en el año fiscal 2009, el número subió a 47,906 en los primeros 10 meses del año fiscal 2014. Esto representa un incremento regional de 1450%. En principio, es muy positivo que legisladores federales de ambos partidos estén mostrando interés en América Central. Desdichadamente, cuatro días (incluyendo el tiempo de viaje) es muy poco tiempo para poder entender la realidad actual de estos países, especialmente si no se incluyen voces claves de la sociedad civil organizada o no, más allá de los representantes de gobierno y los diplomáticos estadounidenses en la región.

En el debate político que se suscitó desde principios de junio de este año, a la luz del abrupto incremento en el número de adultos y menores de edad siendo arrestados por la Patrulla Fronteriza de los EUA, han surgido dos interpretaciones básicas sobre porque está saliendo tanta gente desde los tres países del Triángulo Norte, especialmente de Honduras. Por un lado, la Administración Obama caracterizo en un primer momento el incremento en los arrestos como una crisis humanitaria vinculada a condiciones de violencia e inseguridad en la región centroamericana. La mayoría del liderazgo Republicano en el Congreso ha afirmado que se trata de personas simplemente buscando mejores condiciones de vida.

A pesar de las diferencias en la manera de caracterizar el porqué del incremento en los arrestos, ambos lados han coincidido en afirmar que todas estas personas deberían ser procesadas y deportadas lo más pronto posible, ya que afirman que la vasta mayoría de ellas no tienen bases legales para recibir protección humanitaria alguna. Desde el punto de vista jurídico en los EUA, los defensores de los derechos de los refugiados e inmigrantes afirman que el Gobierno Federal está respondiendo de una manera prejuiciada ante la posibilidad que muchas de estas personas pudieran ser beneficiarios de leyes de protección humanitaria, particularmente bajo los términos de la Ley de Reautorización de Protección a Victimas de Trata del 2008, conocida por sus siglas en inglés como la ley TVPRA.

El mayor obstáculo para saber si tanto los adultos, como los menores de edad no acompañados por un adulto que han sido arrestados recientemente podrán calificar para algún tipo de protección humanitaria es el no tener garantizado acceso a representación legal debidamente capacitada. Dado lo abrumador de los números, combinado con la manera acelerada en que estos casos están siendo procesados, es previsible que la mayoría de los adultos y niños recientemente arrestados no contaran con representación legal adecuada para defender sus casos ante las cortes migratorias.

La Administración Obama presento el pasado 8 de julio una solicitud de presupuesto suplementario ante el Congreso, valuado en $3,730 millones de dólares con el fin de contar con los recursos necesarios para manejar las implicaciones del incremento abrupto en la migración centroamericana. La mayoría de ese dinero se aplicaría al fortalecimiento del control fronterizo, como también al apoyo operacional de los centros de detención y albergues para migrantes detenidos. Otra parte se utilizaría para mejorar el sistema de procesamiento legal de casos, con la meta explicita de acelerar los procesos de deportación de los adultos y menores de edad recientemente detenidos. En cuanto a los países de origen, la solicitud de presupuesto suplementario incluyo únicamente $290 millones, sugiriendo un entendimiento superficial de los factores causantes del reciente éxito. A pesar de la naturaleza urgente de la petición antes mencionada, el Congreso Federal se fue de vacaciones de verano a principios de agosto sin aprobar ningún tipo de presupuesto suplementario.

Ante todo lo anterior, cabe preguntarnos: ¿Qué harán diferente los legisladores estadounidenses a su regreso a Washington? o ¿habrá sido esto un viaje turístico fuera de lo común? Como mínimo, los legisladores deberían jugar un rol de liderazgo en asegurar que la ley TVPRA no sea abolida o modificada de tal manera que pierda todo su sentido. Deben también hacer todo lo posible para conseguir la aprobación de recursos financieros que ayuden a mejorar los prospectos de acceso a representación legal experimentada para todas las personas que han salido recientemente de Honduras, El Salvador y Guatemala.

Además, deberían jugar un rol de liderazgo en animar al Presidente Obama a considerar otros mecanismos de protección humanitaria aplicables a personas que están huyendo de condiciones extraordinarias de violencia, más allá de procesos jurídicos individuales. El asesinato de varios menores de edad recientemente deportados a Honduras debería ser una alarma importante de los riesgos inherentes a querer deportar a personas a situaciones de violencia crónica.

Si los legisladores estadounidenses se hubieran tomado el tiempo de visitar escuelas en zonas de riesgo de violencia pandillera en cualquiera de los tres países para hablar con maestros y estudiantes acerca de sus riesgos cotidianos, o de hablar con padres de familia en los EUA cuyos hijos están viviendo el impacto de la situación de violencia e inseguridad en sus países de origen, para entender las razones detrás de la decisión de mandar a traer a sus hijos a pesar de lo extremadamente peligro que se ha vuelto la migración no autorizada, los legisladores estadounidenses habrían estado mejor preparados para regresar a los EUA y asumir un rol de liderazgo sobre las medidas inmediatas que se necesitan para darle una salida adecuada a la crisis actual.

Si la visita recién realizada es la primera de varias, quizás con más tiempo y mejor preparación, los legisladores estadounidenses pudieran jugar un rol de liderazgo en un esfuerzo aún más importante: reorientar la política exterior de los EUA hacia México, América Central y el Caribe; de manera que la región periférica a los EUA, y con la cual ya existe una relación de profunda interdependencia, pase a ser una región donde los estándares económicos, sociales y políticos de vida de sus residentes sea óptima. Una región donde la migración intra-regional suceda bajo un régimen legal realista y ordenado. Una región donde la seguridad de todos sea vigilada a razón de una mayor colaboración basada en una lógica genuina de bienestar y responsabilidad compartida. Este tipo de enfoque es uno donde hay una enorme carencia de liderazgo, pero a su vez una enorme oportunidad para forjar algo nuevo y esperanzador.

Para quienes desde los EUA aspiramos contribuir a una nueva manera de manejar las relaciones regionales con los más cercanos vecinos la crisis reciente representa una oportunidad para fortalecer las alianzas con múltiples sectores tanto en los EUA, como en la región centroamericana que nos permita educar a un número mayor de tomadores de decisiones en los EUA y en nuestros países de origen a fin de atrevernos a ir mas allá de la usual tendencia a poner curitas políticas que únicamente alivian momentáneamente los graves problemas que afectan la región geográfica en la cual vivimos. Como dice un sabio dicho, una crisis es algo terrible de desperdiciar. Asegurémonos de no desperdiciar una crisis más.

(*) Inmigrante salvadoreño en los Estados Unidos de América. Se desempeña actualmente como director ejecutivo de la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latino Americanas (NALACC), una red nacional de organizaciones de inmigrantes.

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