Ciudad de México, MÉXICO. Un oficial y siete soldados fueron arrestados por las autoridades castrenses el jueves por “desobediencia” e “infracción de deberes” a raíz de que una supuesta testigo de los hechos contradijo la versión oficial, según la cual las 22 personas eran miembros del crimen organizado y perecieron durante un enfrentamiento armado con los uniformados.
El periodista Pablo Ferri reveló la semana pasada en la revista Esquire que, según la testigo, 21 de los muertos –entre ellos su hija de 15 años– fueron ejecutados a sangre fría a pesar de haberse rendido y de que solo una persona murió en el enfrentamiento, ocurrido el 30 de junio en Tlatlaya, una localidad ubicada en la violenta Tierra Caliente del estado de México, a 240 kilómetros de la capital.
Otro factor que atizó las dudas sobre este caso fue que un único soldado fue herido en el tiroteo.
La Secretaría de Defensa (ministerio) no reveló los nombres de los militares detenidos ni la jerarquía del oficial. Tampoco especificó cuál fue la participación de los soldados en el caso, que también está siendo investigado por la fiscalía general. De confirmarse las acusaciones, se trataría de la peor masacre cometida por fuerzas armadas desde que Peña Nieto (PRI) asumió la presidencia en diciembre de 2012.
“Se llegará hasta las últimas consecuencias”, dijo el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio, en una comparecencia ante el Congreso mexicano en la que estimó se trata de “una acción aislada y no el comportamiento general del ejército y la Marina”.
“La masacre y el encubrimiento”
Para José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, el caso Tlatlaya incluye dos crímenes: “la masacre y el encubrimiento”. “El encubrimiento ha sido la política y la práctica que históricamente se ha adoptado en México para proteger estos hechos, para evitar que se rindan cuentas, especialmente cuando se trata de oficiales de rango superior o autoridades políticas”, dijo Vivanco a la AFP.
El activista, que aboga por una investigación a todos los altos funcionarios que pudieron haber manipulado el caso, sostiene que se corre el riesgo de que los detenidos sean “chivos expiatorios para asegurar que esta investigación no vaya más lejos”.
Por otro lado, este caso pondrá a prueba las recientes reformas en justicia penal que permite a cortes civiles procesar a militares por crímenes contra personas que no pertenecen al ejército.
“Si los militares tienen evidencia o pruebas (...) deberían inmediatamente trasladar la competencia” a la fiscalía general, estimó Juan Carlos Gutiérrez, experto en derechos humanos y democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, al explicar que por ley no se puede procesar dos veces a una persona por el mismo crimen.
Horas antes de que los arrestos se hicieran públicos, el secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, dijo que el ejército estaba comprometido a proteger los derechos humanos y que cualquier desliz se llevaría “a las instancias jurídicas correspondientes”.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, que otorgó 1.000 millones a México en ayuda para fortalecer sus fuerzas en el combate al narcotráfico, ha pedido una “revisión creíble” del caso por parte de autoridades civiles.
Sin militares, la seguridad “colapsa”
Diversas oenegés defensoras de derechos humanos han demandado a Peña Nieto retirar las tropas de las calles, pero el presidente insiste en que deben permanecer hasta que México esté seguro.
Javier Oliva, experto en seguridad de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que se trata de una “evidencia muy dramática de los riesgos que impone la sobreexposición de las fuerzas armadas mientras que las autoridades locales no toman sus responsabilidades” en la seguridad de los estados.
En los últimos ocho años, más de 80.000 personas han muerto en las disputas entre cárteles antagónicos, en los operativos federales que buscan combatirlos y en otros crímenes contra civiles.
Pero para Oliva, el gobierno no tiene más alternativa que combatir el crimen con el Ejército y la Marina Armada, ya que las autoridades locales, infiltradas en numerosos casos por la criminalidad, no han demostrado estar a la altura. “Tu retiras los militares o marinos y la seguridad pública colapsa”, dijo.
© Agence France-Presse
[Les invitamos a leer la investigación que desencadenó este escándalo, realizada por el periodista Pablo Ferri y publicada en la revista Esquire Latinoamérica > Link]
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