Donetsk, UCRANIA. Un voluntario separatista apodado “Zolotoi”, con un gorro de béisbol en la cabeza y una kalashnikov al hombro, está encargado de tranquilizarlas y de asegurarles que los nuevos amos de Donetsk ordenaron que todos sean bien tratados.
Una mujer de unos 50 años se acerca, acompañada por su hija adolescente, hacia la barrera de bloques de cemento y bolsas de arena.
—Buen día. Mis dos hijos fueron arrestados. Vinieron a buscar nuestras pertenencias con un automóvil lleno, y seguramente fueron confundidos con saqueadores. Pero nosotros podemos probar que todo era nuestro. Quisiera explicar y lograr que los pongan en libertad.
—¿Su apellido?
—Rubinsky.
El hombre busca con el dedo en una lista de unos cien nombres escritos a mano que saca de una carpeta verde y pasa la página.
—No los encuentro. No están aquí. Pero usted sabe, hay varios servicios de seguridad.
—Alguien nos llamó ayer. Nos dijo que era un malentendido, pero no nos indicó dónde estaban. ¿Qué podemos hacer?
—Anote su número. Si están en la próxima lista, yo la llamaré.
Antes de que otra mujer se acerque, Zolotoi señala a la agencia AFP que las autoridades separatistas “hacen todo lo posible para restablecer el orden, pero es difícil de organizar”.
“Hay diferentes servicios. Por ejemplo, si alguien es sorprendido mirando con gemelos, es arrestado y se abre una investigación para estar seguros de que no se trata de un espía”, añade.
Pena de muerte o trabajos forzados
Las familias expresan la angustia que sienten al ser enviadas de un servicio al otro, de una administración a una comisaría donde no se sabe a quién hay que rendir cuentas a un cuartel ocupado por fuerzas mal identificadas o a oficinas custodiadas por hombres armados, a veces encapuchados. “Yo consultó por lo menos 15 listas”, solloza una madre.
La autoproclamada “República Popular de Donetsk” (DPR) indicó que el 17 de agosto adoptó un “código penal” que prevé fundamentalmente la pena de muerte para algunos crímenes, incluyendo el saqueo, la traición y el espionaje. También se aplican castigos más livianos, como trabajos forzados que consisten en cavar trincheras o llenar bolsas de arena.
En julio, Amnistía Internacional indicó en un informe que “cientos de personas fueron secuestradas durante los tres últimos meses” en el este de Ucrania.
En el sitio internet de la alcaldía, que administra desde Kiev, donde se refugió después de negarse a jurar obediencia a los rebeldes prorrusos, Oleksander Lukyachenko hace tener al día una lista de un centenar de habitantes de la ciudad declarados desaparecidos después de haber sido arrestados o secuestrados por hombres armados difícilmente identificables. Los anuncios, con fotos, precisan el lugar, la fecha y las circunstancias de las desapariciones.
El “primer ministro” de la DPR, Alexander Zajarchenko, asegura a la AFP que “desde la adopción de nuestro código penal, todos los civiles son transferidos bajo la responsabilidad del ministerio de Relaciones Interiores (de la DPR) encargado de investigar, de liberarlos o de condenarlos a penas de trabajos forzados de 10 a 30 días”.
“Ahora, todo se resuelve en forma civilizada”, aseguró.
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