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Los fantasmas del FMLN y de Arena se pasean en el primer TSE 'despartidizado'

Desde su creación por reforma constitucional a finales de 1991, el Tribunal Supremo Electoral, el árbitro en las elecciones en El Salvador, fue concebido como un organismo dirigido por políticos partidarios. Por una sentencia de inconstitucionalidad, este mes asumió el primer TSE 'despartidizado' de la historia, aunque dos exmagistrados sobrevivieron a las nuevas reglas y hallaron la manera de quedarse en los despachos.


Domingo, 17 de agosto de 2014
Gabriel Labrador

La Asamblea Legislativa cumplió la tarea impuesta por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el pasado 31 de julio nombraron magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2014-2019 a cinco abogados que carecen de militancia partidaria.  Pero una serie de decisiones menos públicas hicieron posible que dentro de las oficinas de mayor jerarquía de la institución quedaran en cargos con gran capacidad de influencia personas que estuvieron, hasta el fin de la administración anterior, en teoría representando los intereses de sus partidos en el TSE.

Dos de los nuevos magistrados del TSE, propuestos por el FMLN y Arena, tienen como asesores en su despacho a dos personas que hasta el 31 de julio se encargaban de representar los intereses de esos partidos políticos. Son los exmagistrados suplentes de FMLN, Silvia Cartagena, y de Arena, Douglas Alas, quienes tuvieron esa representación en la institución que, como tarea inmediata, tiene que organizar la elección de alcaldes y diputados que se realizará en 2015.

Alas fue magistrado desde 2009 hasta hace poco menos de tres semanas, y Cartagena fue magistrada desde 2004.

Para el nuevo presidente del Tribunal, el exdecano de la facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador Julio Olivo Granadino, fue una sorpresa encontrar que Cartagena estaba como asesora de su despacho, pues él tenía la idea de contratar nuevas personas. “Usted viene acá y piensa que puede traer un asistente acá, y otro acá, pero no... ya todo está amarrado”, dice Olivo, quien aún no tiene decidido cómo solventará su situación. Dice que todos los despachos encontraron situaciones similares. Que las contrataciones de estos asesores ya estaban hechas.

Pero la sopresa de Olivo Granadino no fue solo esa. Los exmagistrados que terminaron sus funciones el 31 de julio del FMLN y de Arena no solo nombraron estos asesores para la siguiente administración, sino que en las últimas horas que les quedaban autorizaron traslados de empleados de sus despachos a plazas institucionales, que comenzarían sus funciones el 1 de agosto. Esto es algo que según algunos magistrados incumple con un acuerdo que se tomó en 2009 -pero que es una práctica institucionalizada al menos desde 2004- por el que ningún magistrado saliente nombra nuevo personal o lo traslada a una plaza institucional.

Olivo asegura que ya pidió informes para entender qué decisiones se tomaron en los últimos días y horas de la administración anterior. Por un lado, busca obtener un diagnóstico de las plazas asignadas a cada despacho, entre ellas, las de los asesores. Y por otro lado, quiere conocer cuáles son los nombramientos y traslados de personal que se acordaron en el TSE pasado, porque eso es lo que a él le ha impedido nombrar gente de su confianza, más allá de un asesor jurídico, un secretario y un motorista.

Lo que tiene claro es que cuando se trata de plazas laborales debe trabajar con pinzas. “Meternos a un problema laboral sería desastroso y desgastante, para la gobernalidad interna sería complicado y tenemos que preparar una elección. Pero es que además es gente con sobrada experiencia en su campo de trabajo”, agrega. Y entonces vuelve a mencionar que ha pedido informes para diagnosticar el panorama que tiene a su alrededor.

El nombramiento como asesores de los magistrados a los exrepresentantes de los partidos políticos FMLN y Arena en el TSE al parecer no infringe ninguna disposición de la ley renovada con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, aunque al menos sí deja entrever el interés de los partidos de seguir de cerca los pasos de este flamante Tribunal que tiene ya encima la administración de los próximos comicios.

Silvia Idalia Cartagena y Douglas Alejandro Alas terminaron su mandato como magistrados suplentes del TSE en representación del FMLN y de Arena, respectivamente, el 31 de julio. Ahora seguirán en la institución, pero investidos hasta 2019 como asesores de cabecera del Tribunal. En otras palabras, ante cualquier necesidad de asesoría o consulta, es a ellos a quienes deberían abocarse los nuevos magistrados del TSE, que por orden de la Sala de lo Constitucional, se supone no responden a ningún mandato partidario.

El papel que tendrán Cartagena y Alas no es insignificante. El TSE está compuesto por cinco magistrados propietarios, que a su vez tienen un suplente. Tanto Cartagena como Alas están asignados específicamente a los despachos de los magistrados que fueron propuestos por los partidos donde militan. Es decir, Cartagena es asesora de la presidencia del TSE. Hasta el mes anterior, la silla más alta del Tribunal estaba en poder del dirigente efemelenista Eugenio Chicas.

Olivo fue la carta que propuso el FMLN en las negociaciones dentro de la Asamblea Legislativa. Cartagena es militante del FMLN, exdiputada suplente en la Asamblea Legislativa por Cuscatlán entre 2000 y 2006. En 2004, fue nombrada magistrada suplente por el FMLN en el TSE, cargo que desempeñó hasta el 31 de julio pasado. Es decir, tuvo el cargo durante dos períodos consecutivos.

Douglas Alejandro Alas trabaja ahora para el magistrado que propuso el partido Arena, Fernando Argüello Téllez, quien ya en el quinquenio anterior fungió como magistrado propietario del TSE pero propuesto por la Corte Suprema. Alas es un técnico industrial, y milita en Arena desde 1992, cuando ingresó a la juventud de dicho partido. Llegó a ser diputado entre 2000 y 2009 por el departamento de Chalatenango, donde antes fue director departamental de Arena. También fue concejal de la alcaldía de la cabecera chalateca. Fue nombrado magistrado suplente por Arena en el TSE en 2009 hasta el 31 de julio pasado.

Probablemente ni Cartagena ni Alas serían hoy asesores de los jueces electorales si la Sala de lo Constitucional no hubiera impuesto nuevas reglas para elegir a los magistrados que, entre otras cosas, implicaron la destitución de Eugenio Chicas, miembro de la Comisión Política del FMLN, como presidente del TSE. La Sala, sin embargo, dijo que Chicas podía terminar su quinquenio.

El nombramiento de Chicas comenzó a tambalear desde enero de 2013, cuando la Sala determinó que hay instituciones del gobierno que por sus atribuciones de control estatal no pueden estar conformados por personas militantes de un partido porque eso los ata a la obediencia a sus estatutos, a sus organizaciones, a los intereses de sus partidos, en detrimento del interés general de toda la sociedad.

La Sala admitió una demanda contra la elección de Chicas como magistrado presidente en abril de 2014 y mes y medio después resolvió que el funcionario debía dejar el cargo el 31 de julio, fecha que coincidía con el fin de su mandato. La Sala estableció que a futuro ningún presidente del TSE ni ningún otro magistrado debían estar vinculado a un partido político.

Cartagena y Alas son parte de los 500 empleados que tiene el TSE, pero su peso es distinto puesto que son parte del selecto equipo personal con el que cada magistrado enfrenta las tareas diarias. En el TSE hay empleados de dos tipos, los que tienen plaza institucional y los que pertenecen a un despacho magisterial, que es en el rubro donde se ubican los asesores. El magistrado Argüello Téllez asegura que además de Alas, tiene seis empleados más, mientras que la magistrada propuesta por la alianza Movimiento Unidad, la abogada y exjueza Guadalupe Medina, dice que su equipo lo conforman siete personas. 

El presidente Olivo dice que no conoce el dato de cuántos componen su equipo con el que lleva trabajando ya dos semanas pero el acta 92 del organismo del 5 de enero de 2011 da cuenta de que el despacho del entonces presidente Eugenio Chicas tenía 20 empleados, y según corroboró la semana pasada El Faro, algunos de ellos todavía se encuentran ahí.

Consultado sobre su asesora, Olivo explicó que él no sabe quién hizo la contratación de Cartagena como asesora, y señala que ella y otros empleados ya tenían un cargo en su despacho cuando él tomó posesión el 1 de agosto, lo que le impidió hacer sus propios nombramientos. “El problema es que antes que tuviéramos posesión, la misma noche que estábamos siendo juramentados (31 de julio) estaban haciendo nombramientos y traslados de personal, entonces, en ese marco puede darse la situación que usted me menciona”, respondió Olivo. 

El Faro también le preguntó cuándo está fechado el contrato con Cartagena. “Sobre esa pregunta... no conozco exactamente la gente que trabajaba antes, porque soy nuevo, ni la gente que viene después.”

El Faro llamó por teléfono a Cartagena la tarde del viernes. La exmagistrada respondió pero pidió que se le volviera a llamar dentro de una hora, al cabo de la cual ya no respondió. Tampoco contestó más tarde ni el día sábado.

En el caso de Douglas Alas, el magistrado Argüello dice haberlo contratado específicamente para temas de índole administrativa, es decir, las decisiones que no tienen que ver con la vida de los partidos políticos, sino del funcionamiento interno del Tribunal. “La experiencia de cinco años que él ha tenido lo hace un profesional valioso. El acuerdo con él es que solo verá el área administrativa que es donde a mí me falta práctica”, dice Argüello Téllez.

Alas explica que aún no ha firmado contrato pero cree que su nombramiento está a un paso de formalizarse y que está solo pendiente que los magistrados lo aprueben. “Estamos en el entendido de que sí voy a colaborar, y también estamos de acuerdo en las limitaciones que voy a tener. Entro a colaborar en el área administrativa y mi compromiso es ese”, dice Alas. Asegura que como militante de Arena hará de lado cualquier participación de tipo partidaria en el TSE.

El exmagistrado sostiene que nadie en Arena influyó a Téllez para que lo nombrara como su asesor. “Absolutamente, el partido no tuvo nada que ver en este nombramiento. Aparte de la amistad, nos conocimos con Fernando en el último quinquenio trabajando en el TSE”, dice Alas.

Pero hay algo que pone en duda la pretendida limitación de funciones que Alas tendrá. Un viejo debate en el TSE es que los magistrados separen sus funciones administrativas de las meramente jurisdiccionales, para lo cual habría que reformar el Código Electoral. Hoy en día, un mismo magistrado decide a qué empresa se otorga el contrato de publicidad del TSE pero también sanciona al partido político que incumpla la ley electoral. Separar ambas funciones hasta ahora ha sido imposible y un asesor en teoría tiene la potestad para conocer ambas funciones.

Al final, toda la responsabilidad recae en el magistrado y no hay manera de responsabilizar a los asesores de las decisiones que el funcionario adopte, explica el magistrado de la Sala de lo Constitucional Sidney Blanco, uno de los cuatro que firmó la sentencia de inconstitucionalidad de junio que prohíbe las vinculaciones partidarias para los jueces del TSE. “Me parece que la Sala no tendría el alcance de incidir en quiénes deben ser los asesores de los funcionarios. Es un tema novedoso porque lo que hemos abordado es al funcionario, al que firma, al que da la cara por la institución, nunca hemos enjuiciado al que está detrás, al asesor, y la influencia que pueda ejercer sobre el funcionario”, asegura.

Rodolfo González, otro de los cuatro jueces constitucionalistas que emitieron la sentencia en junio, sostiene que formalmente los magistrados actuales del TSE son personas sin vinculación partidaria. “¿Que los que sí tienen vinculación partidaria están de asesores? Mire, son el tipo de cosas que hace nuestra clase política a las cuales nos tienen ya malamente acostumbrados, pero se lo digo así, allá ellos si se dejan”, dice González, quien agrega que la sentencia de junio tampoco tiene alcances sobre asesores.

El magistrado González recordó el caso del expresidente de la CSJ Salomón Padilla de quien, según cuenta, se rumoraba que el verdadero presidente era Orestes Ortez, hijo del exdiputado del FMLN y actual ministro de Agricultura Orestes Ortez.

La sentencia que emitieron en junio, a juicio del magistrado Blanco, puede derivar en nuevas sentencias pero no necesariamente relacionadas con el tema de asesores. “(Podría) provocar presentación de nuevas demandas sobre si solo se circunscribe a los titulares o si la desvinculación partidaria incluye o defiende a otros tipos de funcionarios, por ejemplo, los miembros de las juntas receptoras de votos”, dice Blanco.

Los magistrados Argüello Téllez y Medina confirman que el último TSE, además de nombrar los asesores, trasladó personal de los despachos a plazas institucionales, algo que no es ilegal pero según ellos tampoco ético. Argüello asegura que al llegar a su nuevo despacho encontró que tres o cuatro empleados del exmagistrado Walter Araujo -nombrado en 2009 por Arena, partido al que renunció en 2013- habían sido trasladados a plazas institucionales. “Yo no puedo juzgar de antemano, sino ver capacidades, pues, eso es lo que me corresponde”, asegura Argüello Téllez.

Medina es un poco más crítica y aunque no conoce el detalle de los traslados y los nombramientos, sabe que existieron y reclama que con ellos se incumplió un viejo acuerdo que se tomó al inicio de la administración 2009-2014. “(Los nombramientos) son responsabilidad de cada funcionario. Cuando iniciamos nuestra labor acá fuimos bien claros al igual que el organismo del 2004-2009, a que el personal de despacho o de confianza duraba en el cargo lo que duraba el magistrado. Son acuerdos que siempre se respetaron: en mi caso, el personal estaba sabedor de que el contrato terminaba el 31 de julio, que era cuando terminaba mi período como magistrada suplente”, explica Medina.

En pocas palabras, el TSE no debió permitir que algunos empleados se quedaron en sus puestos o que fueran trasladados a otro cargo. “Me parece falta de ética y falta de responsabilidad porque cada quien tiene que traer su personal de confianza, personal técnico y responsable con el cual trabajar”, dice la jueza electoral.

Argüello Téllez asegura que, de no haber sido reelegido como magistrado, habría terminado los contratos de todos sus empleados. “Me comentan que hace 10 años se encontraron con que el personal de despacho íntegro estaba ahí pero mi impresión personal era que al salir yo, dejaría la mesa limpia para que mi sucesor pudiera hacer las contrataciones respectivas porque son de confianza”.

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