El amedrentamiento policial del que fue objeto uno de los periodistas de nuestra redacción el pasado miércoles 16 de julio, es un grave atentado al ejercicio periodístico. El que dos agentes de la División Antinarcóticos amenacen a un reportero para que les revele sus fuentes y le cuestionen, a punta de fusiles, sobre reportajes publicados en El Faro, es una amenaza al trabajo colectivo de este medio de comunicación.
Demandamos de las autoridades explicaciones sobre lo sucedido y esperamos que nos informen quién o quiénes dieron la orden para tal procedimiento, contrario a la esencia misma de la vida democrática.
No solo nos preocupa la seguridad de nuestros periodistas o las garantías para el libre ejercicio de nuestro oficio, sino también, y sobre todo, percatarnos de que persisten los seguimientos policiales a nuestra actividad para determinar con quién o quiénes hablamos, poniendo a nuestras fuentes en riesgo.
Este tipo de seguimiento contra nuestros periodistas, que constatamos y denunciamos públicamente durante la administración del general Francisco Salinas en la Policía Nacional Civil, tras nuestras publicaciones sobre narcotráfico y sobre la tregua entre las pandillas, parecía haber terminado con su salida de la institución. Vemos con preocupación que, apenas mes y medio después de la toma de posesión de las nuevas autoridades, se registre este hecho aún más grave, que no tiene precedentes en nuestra redacción.
Esperamos de esta administración que dé muestras contundentes de que este tipo de hechos no son parte de su política de seguridad pública, y que brinden garantías de que estos hechos no serán tolerados a agentes de seguridad del Estado.
La Presidencia de la República nos ha garantizado que ha ordenado ya una investigación. Esperamos que el resultado de esa investigación se haga de dominio público y que se siente un precedente para que esto no vuelva a suceder.
