Opinión /

La palabra del presidente a prueba


Lunes, 23 de junio de 2014
El Faro

En su discurso inaugural, el presidente Salvador Sánchez Cerén pidió una ciudadanía activa que ejerciera contraloría social y se comprometió a combatir frontalmente la corrupción. “Lo he dicho muchas veces y debo dejarlo claro: Los recursos del pueblo son sagrados y sólo se utilizarán para favorecer el desarrollo y el bienestar del mismo”, dijo.

A diferencia de algunos de sus antecesores, Sánchez Cerén llegó a la presidencia con un pasado en el que, a pesar de cuestionamientos de otro tipo, su honestidad no ha sido puesta en duda. Por eso sus palabras, aunque se digan frecuentemente por todos los políticos, incluyendo los corruptos, parecen sinceras.

Sánchez Cerén puede confirmar su hoja de vida, pasando a la historia como el presidente que combatió a la corrupción; pero para eso hacen falta más que palabras.

La semana pasada, en un acto que merecería de inmediato la interpelación de una Asamblea más digna, el presidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Tóchez Zavaleta, anunció que entregaría al expresidente Mauricio Funes su finiquito, justificando que los presidentes no manejan dinero y por tanto no tienen responsabilidad sobre el erario público.

Un contralor que no cree que hay que revisar las cuentas de una presidencia que el mismo presidente decretó en reserva, como sus viajes y los contratos de publicidad, o como los fondos que Taiwán le otorgó para ello mismo, no le sirve al Estado. Al propio expresidente Funes seguramente le interesará más que el finiquito sea consecuencia de una revisión de sus actos para despejar dudas sobre su desempeño al frente del Ejecutivo.

Tóchez Zavaleta fue propuesto para la Corte de Cuentas por el Partido Cambio Democrático y electo por los votos del FMLN y de sus aliados legislativos, Gana, PCN y PDC. Su nombramiento, casi en emergencia, se hizo después de que la Sala de lo Constitucional decretara inconstitucional, por tercera vez, el nombramiento de Gregorio Sánchez Trejo como magistrado presidente de la Corte de Cuentas, un funcionario cuya acción más memorable fue disculpar a uno de sus antecesores, Hernán Contreras, por haberse aprobado a sí mismo una indemnización por $66 mil.

La Sala decretó además nulidad en la elección de otros dos magistrados: Andrés Rovira (presidente de Gana y quien obtuvo el nombramiento mediante un pacto con el FMLN) y Javier Tránsito Bernal. Cuando fueron nombrados por la Asamblea, entre los tres sumaban más de 30 cuestionamientos y reparos en instituciones del Estado, entre ellas la Fiscalía y la misma Corte de Cuentas.

El FMLN, desde que alcanzó en 2009 el Ejecutivo, asumió el control legislativo gracias a acuerdos con otras fuerzas políticas (los derechistas Gana, PCN y PDC) semejantes a los que le permitieton a Arena, en administraciones anteriores, obtener mayoría legislativa con el compadrazgo del PCN y el PDC.

Estos pactos garantizaron, como en los tiempos de Arena, que la Corte de Cuentas sirviera para proteger a los funcionarios del Fmln o de los partidos aliados.

En los próximos días, por primera vez bajo la presidencia del profesor Salvador Sánchez Cerén, la Asamblea deberá elegir nuevos magistrados de la Corte de Cuentas. Entre los candidatos hay algunos con serios reparos en instituciones del Estado y algunos que ya han demostrado su voluntad de servir más a funcionarios o ex funcionarios específicos, o a fuerzas políticas, que al Estado.

El presidente Sánchez Cerén no puede evadir su liderazgo partidario ni justificar que no le compete al Ejecutivo nombrar a la Corte de Cuentas. La fracción Legislativa del FMLN, comandada por el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, y el liderazgo del partido, han reiterado su compromiso con las aspiraciones de la presidencia de Salvador Sánchez Cerén.

El mandatario tendrá ahora su primera oportunidad de demostrar que de verdad está dispuesto a combatir la corrupción y a consolidar la institucionalidad con la que el Estado cuenta para ello. Y que de verdad tiene suficiente poder político como para imponerse a los sectores de su partido que preferirían colocar allí a una persona dócil, que responda a los acuerdos con otras fuerzas políticas necesitadas de protección y no a las urgencias nacionales, que coinciden con los intereses manifiestos del presidente de asegurar que los fondos públicos serán utilizados para “el desarrollo y el bienestar del pueblo”.

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