La subcomisión legislativa que evalúa a los candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas terminará este lunes la fase de entrevistas a cada uno de los 32 sobrevivientes de la lista original de 83 nombres. Hace una semana, luego de vencer el mandato de Rosalío Tóchez –el 28 de junio-, diputados de todas las bancadas empezaron a depurar aquella lista de 83 aspirantes. Tras una larga sesión, realizada a puerta cerrada, el martes 1 de julio, los diputados eliminaron los nombres de 51 candidatos, entre ellos el de Tóchez y el de Ástor Escalante, al exsuperintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, exfiscal y exviceministro de Seguridad.
Lo previsto por los diputados es entregar una lista de seis candidatos a la comisión política de la Asamblea Legislativa el mismo lunes, justo a un día de que el último magistrado concluya su gestión y la Corte de Cuentas quede sin ningún alto funcionario a cargo.
El miércoles 2 de julio, el jueves 3 y el viernes 4 de la semana pasada, la subcomisión recibió a los aspirantes para escucharles responder a estas cuatro preguntas: ¿Cuál es la base constitucional del mandato de la Corte de Cuentas? ¿Cuál es su visión sobre la institución? ¿Por qué se cree capacitado para estar en la Corte de Cuentas? ¿Cuáles serían los planes o proyectos que desarrollaría en caso de asumir el cargo de magistrado o presidente de la Corte de Cuentas? Ese es el 'examen' que los diputados hacen a quienes pretenden conducir una institución que poco puede mostrar en el combate a la corrupción. Pocos días antes de terminar su mandato, Tóchez dijo que estaba preparando el finiquito para el expresidente Mauricio Funes porque los presidentes no administran directamente los fondos públicos y por lo tanto no tiene sentido investigarlos directamente a ellos.
La Corte de Cuentas es una institución que los mismos diputados han desacreditado en los años pasados como una entidad que no garantiza a los salvadoreños el buen uso de los fondos públicos. Su función es esa, pero apenas si ha sido capaz de llevar hasta las últimas consecuencias los numerosos hallazgos de anomalías que detectan sus auditores.
Hasta 2011 estuvo presidida a lo largo de 27 años por dirigentes del Partido de Conciliación Nacional, y en 2013 la Sala de lo Constitucional anuló tres lotes de magistrados de Cuentas consecutivos por vinculaciones partidarias o porque lal Asamblea Legislativa no había acreditado la competencia y moralidad notoria de los elegidos.
La mayoría de los entrevistados de la semana pasada, entre ellos el actual magistrado Jovel Humberto Valiente, cuyo mandato acaba este 8 de julio, explicaron a los diputados que es necesario hacer reformas a la ley que rige la institución con el fin de eliminar el 'presidencialismo'. Nadie parece dudar de que en la Corte de Cuentas hay demasiado poder concentrado en la presidencia de la institución.
Los diputados de la comisión pidieron a cada candidato una declararon jurada en la que debían explicar que no tienen militancia en partido político alguno. En las entrevistas, ningún diputado intentó profundizar en este punto haciendo repreguntas ni nada.
Valiente llevó su carta a los diputados y al terminar su entrevista dio declaraciones en la prensa. Según los informes del Tribunal Supremo Electoral, a los que los diputados tuvieron acceso, el magistrado Valiente es afiliado a Gana. Al preguntarle, este respondió: “Yo di la firma para que naciera… lo mismo he trabajado en el partido Arena, también en el PCN, durante 25 años estuve en el sector empresarial...” Para fundamentar que no está particularmente vinculado a Gana, Valiente dijo que también había sido jefe de centro de votación para el PCN, Arena y Gana. “Yo tengo amigos en todos los partidos”, dijo.
Después de Valiente la Asamblea recibió para entrevista al abogado Manuel Chacón, quien ha sido asesor del despacho del general David Munguía Payés, ministro de Defensa, y fue presidente de la empresa Inversiones Energéticas (INE), subsidiaria de la autónoma CEL en la administración de Mauricio Funes.
Otro candidato al cargo de magistrado o presidente es Raúl Antonio López, exmagistrado de la Corte de Cuentas que terminó su gestión el mismo día que Tóchez.
Guillermo Gallegos, dirigente y diputado de Gana que está en la comisión legislativa que evalúa candidatos, explicó que los criterios para elegir serán los mismos que establece la sentencia de la Sala de lo Constitucional de enero de 2013, cuando hizo una primera anulación de los magistrados que habían sido nombrados en junio de 2011. “Claro que tomaremos en cuenta la independencia partidaria”, dijo a El Faro. Al preguntarle por qué no habían realizado en público la discusión que tuvieron para eliminar los 51 aspirantes de la lista original, respondió que acordaron evitar herir susceptibilidades. “Además, las hojas de vida de los finalistas y las entrevistas serán públicas”, dijo.
El jueves 3 de julio pasado, Mario Ponce, el delegado de la bancada del PCN para realizar las evaluaciones a los candidatos, comentó que Valiente había cometido un desliz, ya que entre los criterios que tomarán en cuenta para elegir está la independencia partidaria de los aspirantes. Dijo que, en efecto, lo que Valiente había dicho a El Faro eran unas declaraciones que podían hacer dudar de que tenga suficiente distancia respecto de los partidos políticos, tal como estableció la Sala de lo Constitucional que era requisito para los magistrados de Cuentas.
Para recortar la lista, la comisión legislativa utilizó un informe elaborado por la unidad técnica de la Asamblea Legislativa cuyo contenido acordaron mantener en secreto. El informe detalla antecedentes que presentaron 14 instituciones: Fiscalía General, Ministerio de Hacienda, la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, las secciones de investigación profesional y de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional Civil, la Dirección de Centros Penales, el Tribunal Supremo Electoral (para informar sobre afiliaciones partidarias o candidaturas a cargos de elección popular), el Tribunal de Ética Gubernamental, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte de Cuentas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública. La institución consultada que más señalamientos hizo fue el Ministerio de Hacienda: 33 de los 83 candidatos tenían insolvencia con el fisco en el momento en que la Asamblea pidió la información.
Entre los 83 aspirantes a magistrados de Cuentas 25 aparecen en los registros del Tribunal Supremo Electoral como candidatos a diputados y alcaldes o como afiliados a un partido político.
De esa lista hay quienes tienen incluso cuentas pendientes en la misma institución que quieren llegar a dirigir. 13 tienen señalamientos de la Corte de Cuentas.
Uno de ellos es el expresidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y exministro de Agricultura, Pablo Alcides Ochoa: nueve expedientes abiertos en la Corte de Cuentas. El exfuncionario de la administración Funes, que aspira al cargo de presidente de la Corte de Cuentas, integró “Los Amigos de Mauricio”, grupo que financió la campaña de Mauricio Funes para la elección de 2009. También es fundador de la firma Ochoa Benítez Asociados S.A. de C.V, que administró una carpeta de trámites de Latin America Spas, empresa asociada a Ada Mitchelle Guzmán y a Miguel Menéndez, 'Mecafé', amigo y financista del expresidente Funes.
El Faro preguntó al diputado Ponce si para un candidato la condición de ser un exministro recién salido del cargo, aunque no sea contraria a la ley, es inconveniente, tomando en cuenta de que podría encontrar en la institución alguna investigación sobre el gobierno pasado. “El planteamiento es atinado, pero mientras la ley no lo prohíba, no podés violentar el derecho de un ciudadano', dijo el legislador del PCN. 'Creo ese punto de vista tiene lógica y debería considerarse para una posible reforma a la ley orgánica, porque cómo es que se va a ir a fiscalizar él solo… pero por le momento la ley no lo prohíbe”.
Milena Calderón, diputada de Arena en la subcomisión, agregó que para su bancada la principal prioridad es reformar la ley de la Corte de Cuentas de tal manera que el próximo presidente de la institución no acumule todo el poder administrativo y jurisdiccional que por ahora tiene ese cargo. “Nos interesa que sea una institución colegiada”, comentó.
El Faro consultó a Jaime López, un consultor salvadoreño en el área de la lucha contra la corrupción, excoordinador de Transparencia Internacional capítulo El Salvador. Dijo que cinco de los candidatos han trabajado en la Corte de Cuentas en cargos gerenciales. 'Lo que se les puede atribuir es que han sido parte de las decisiones que han mantenido a la Corte de Cuentas en la situación de opacidad con que opera', dijo, vía correo electrónico.
Los finalistas que han trabajado en la Corte de Cuentas son: Juan de Dios Pérez de Deleón, exdirector de recursos humanos en tiempos de Hernán Contreras; José Raúl Méndez Castro, asesor de la gestión de Hernán Contreras; Alfonso Bonilla Hernández, coordinador de las direcciones de auditoría en las administraciones de Hernán Contreras y de Gregorio Sanchez Trejo; Marco Grande, coordinador jurisdiccional de la gestión de Hernán Contreras y René Ayala Mendoza, que fue primer magistrado en los años 90 en representación de Arena.
