Buenos Aires, ARGENTINA. A la causa contra Amado Boudou, primer vicepresidente en la historia argentina en ser procesado en ejercicio de sus funciones, se suma el caso del empresario Lázaro Báez, señalado por la prensa crítica al gobierno como supuesto testaferro del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) en la compra de tierras y en emprendimientos inmobiliarios en la Patagonia. Báez es investigado en Suiza por el origen de depósitos millonarios en cuentas bancarias de ese país.
Aunque se trata de dos hechos de alto perfil, “no es la corrupción el tema que acorrala a la presidenta sino la economía”, dijo Roberto Starke, director general de Infomedia Consulting, coincidiendo con otros analistas consultados por la AFP.
La acusación contra Boudou por cohecho, cuando era ministro de Economía en 2010, se conoció en medio de la incertidumbre que vive Argentina al borde de un default a raíz de un fallo en Estados Unidos a favor de fondos especulativos. El caso del vicepresidente es inédito pero, según el sociólogo y consultor Jorge Giaccobe, “no afecta la imagen de Cristina Kirchner”.
La presidenta “no va a estar mucho más bajo que lo que está, con una imagen positiva por debajo de los 25 puntos y negativa por arriba de 45 puntos”, dijo Giaccobe.
Los analistas coinciden en que la preocupación por la corrupción crece entre la ciudadanía con los problemas económicos. Según Starke, “la preocupación por la corrupción es un catalizador de otros temas, aumenta cuando crece la crisis económica: es una constante en Argentina”.
“No veo para nada una crisis de gobernabilidad”, afirmó el consultor político Ricardo Rouvier, aunque “algún costo el gobierno va a pagar pero sin crisis de institucionalidad”.
Dos escándalos de alto vuelo
Boudou fue encausado el viernes pasado por la supuesta compra –a través de una empresa fantasma y de un testaferro– de la firma que tiene el monopolio de la impresión del papel moneda. El vicepresidente rechazó las acusaciones, que atribuye a una persecución política, y evitó, gracias a que la mayoría oficialista en el Congreso, un juicio político pedido por parlamentarios opositores para destituirlo.
La presidenta está particularmente afectada por el caso Boudou, ya que fue ella quien eligió a su compañero de fórmula para las elecciones de 2011, cuando se impuso con el 54% de los votos.
El otro caso en el tapete tiene como protagonista al empresario Lázaro Báez, oriundo de la patagónica provincia de Santa Cruz, bastión político del matrimonio Kirchner.
A fines de mayo, Suiza pidió asistencia a la justicia argentina para obtener información sobre el presunto “origen corrupto” de $22 millones hallados en cuentas de Báez y familiares en bancos de Ginebra, en el marco de una investigación penal por lavado de dinero abierta en abril de 2013.
Para los analistas, el caso de Báez “no tiene la envergadura política” del de Boudou, dijo Starke. “Báez puede haber tenido algún vínculo o haber incurrido en tráfico de influencias pero esas son especulaciones, y él pertenece al ámbito de lo privado”, señaló.
Traspié político
Cristina Kirchner, de 61 años, ha omitido cualquier pronunciamiento directo sobre estos temas, que, sumados al litigio con los fondos especulativos en Estados Unidos, han minado su gestión a un año y medio de terminar su mandato.
“Boudou está herido, su carrera política está muy limitada aunque sea sobreseído”, advirtió Starke. “Pero si la presidenta le suelta la mano puede tener consecuencias impensadas y una fuga de poder interno. Sería un traspié político para ella porque lo eligió y lo protegió”, agregó el analista.
Según Giaccobe, este escándalo “no perjudica al gobierno dentro de la esfera nacional”.
La corrupción aparece como un mal endémico en Argentina, muy denunciado por un sector de la oposición pero que nadie parece resolver. “El discurso de los candidatos con posibilidades ciertas de ganar las presidenciales de 2015 no es de anticorrupción, no les interesa. La corrupción es el tema pendiente para solucionar en Argentina”, afirmó Giacobbe.
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