Opinión /

¿Quién paga la reforma fiscal?


Miércoles, 11 de junio de 2014
Mauricio Silva

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, está proponiendo una reforma fiscal que consiste no solo de más impuestos, sino también de una ley de responsabilidad fiscal. Empezar un gobierno con más impuestos no es lo más popular, entonces ¿Por qué lo hace el gobierno de Sánchez Cerén? ¿Quiénes van a pagar esos nuevos impuestos? ¿Por qué tanta bulla al respecto? ¿Qué es eso de la ley de responsabilidad fiscal?

Los impuestos sirven para pagar las necesidades colectivas de un país. El Salvador, a pesar de sus grandes necesidades, ha tenido históricamente una de las tasas de impuestos más bajas de América. La administración de Funes subió en dos ocasiones los impuestos, pero aun así permanecemos debajo del promedio para América Latina. Somos de los muy pocos países en el continente que no tiene impuesto a la propiedad, y tenemos muchas excepciones al impuesto sobre la renta. Todo esto produce una carga tributaria injusta en la cual los que más tienen pagan proporcionalmente mucho menos que los que tienen menos.

Sin embargo, los gobiernos de Arena, menos al final del gobierno de Saca, se las arreglaron para irla pasando, ¿Cómo lo hacían? Primero, ajustaban los gastos sociales a los ingresos: si no había plata se gastaba menos en lo social; pero el gobierno de Funes hizo explícitos varios programas sociales - como por ejemplo Ciudad Mujer, los paquetes educativos, servicios de salud básicos - los cuales el Ejecutivo considera prioritarios y en estas dos últimas administraciones se defienden como un derecho, no algo secundario que se da por rebalse; esto justifica la necesidad de gastar más para pagar una deuda social que se acumuló por décadas.

Segundo, en las últimas décadas la economía mundial iba bien y al crecer la economía crecían los impuestos, pero en el 2008/2009 se da la gran crisis financiera internacional, la economía entra en recesión y caen los impuestos. Ello es la razón principal por la que Saca deja el mayor déficit presupuestario en las últimas décadas. Para compensar en parte lo anterior, y en la expectativa de volver a un mayor crecimiento económico, se suben los impuestos en la administración de Funes y ahora se propone esta nueva reforma fiscal. La economía ha empezado a crecer pero moderadamente. Existe una tendencia positiva hacia el alza, pero mientras las cosas mejoran, se debe buscar mayores ingresos.

Tercero, algunos gobiernos de Arena subieron impuestos y tomaron otras medidas económicas para balancear más las cuentas fiscales, siendo las principales aumentar el IVA y dolarizar. Ellas tuvieron efectos positivos inmediatos en las cuentas fiscales, pero afectando principalmente a los sectores populares y con otros efectos económicos que ahora estamos pagando.

No queriendo seguir ese esquema, Hacienda ha propuesto tres nuevos impuestos. Uno a las propiedades que una persona tenga cuando el valor de las mismas exceda los $ 350,000. En este caso es claro quién paga: los que tengan inmuebles con valores mayores de esa cantidad. El segundo es un impuesto a los dueños de periódicos impresos, no a los periódicos. Esas personas no pagan impuestos sobre los ingresos provenientes de sus periódicos, una excepción rara, pero con claras implicaciones políticas. También en este caso es claro quién pagará ese impuesto: ese pequeño grupo de propietarios de periódicos.

El tercer impuesto es un 0.25% a las transacciones financieras mayores de $750, o sea de 0.25 centavos por cada $ 100 dólares. Éste sí lo pagará una base mayor pero en montos pequeños para aquellos que no manejan grandes sumas; por ejemplo por cada $1,000 se pagarán $2.50. Los pobres que no usan, o raramente usan el sistema financiero para transacciones mayores de $750, no pagarán este impuesto. Sin embargo, sí tiene efecto importante – además de incrementar los ingresos fiscales – para controlar las operaciones que se hacen fuera del sistema; los informales grandes que usan la banca pagarán impuestos; algunas operaciones ilícitas, que ingresan fondos al sistema financiero, se podrán seguir más fácilmente.

Los objetivos de la ley de responsabilidad fiscal son ordenar el manejo de las finanzas públicas poniendo topes a lo que el estado puede gastar y deber. Es una ley que los que se oponen a los impuestos, entre otros, siempre han demandado. Es reglamentar los principios básicos que el actual, y futuros ministros de hacienda, deberán seguir en el manejo de las finanzas públicas y facilitar el poner tope a las presiones políticas que siempre han existido y existirán sobre el tesoro público.

Los impuestos existentes los pagan en buena proporción las mayorías de clase media y pobres, sin embargo, estas reformas propuestas se basan en un principio de mayor equidad. Buena parte de estos impuestos – como el de las propiedades suntuarias y el de los propietarios de periódicos - se hace difícil pasárselos a los consumidores. Entonces, con esas justificaciones, y siendo ese pequeño grupo de ciudadanos los principales afectados por la reforma, ¿por qué tanta bulla? La respuesta es obvia. Esos a los que afecta la reforma tienen poder y pueden montar esa bulla. Pero también puede haber una razón adicional, una más peligrosa. Está puede ser la prueba que los políticos estén ocupando para medir al FMLN y su nuevo gobierno. Si el FMLN acepta las reglas usuales, las que siempre se han ocupado para lograr votos, se pasa la reforma, si no, no. Ante ello solo le queda al Frente seguir en el diálogo, en la lucha, y por esos medios dejar cada vez más claras las malas intenciones que puedan existir. Debe también el gobierno recordar que los impuestos se llaman así porque unanimidad no se logra y hay que imponerlos.

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