El Estado nos pertenece a todos. El uso personal y el abuso de los recursos del Estado no puede verse desde las pasiones partidarias o las preferencias ideológicas: es un atentado a las necesidades de los segmentos de la población más débiles y debe ser combatido con las instituciones del Estado diseñadas para ello.
Lamentablemente, la corrupción en El Salvador parece medirse por la identificación de los involucrados con fuerzas políticas y desde allí se defiende o se ataca la actuación y la probidad de funcionarios.
Las instituciones que tienen el mandato de investigar las actuaciones de los funcionarios públicos: la Corte de Cuentas, la Sección de Probidad y el Tribunal de Ética, están entre las más disfuncionales del Estado, las más negligentes y las menos eficientes. Y hay razones para ello. Quienes ostentan el poder suelen colar mediante pactos, en esas instituciones, a personas cuya función es protegerlos, garantizarles finiquitos exprés y bloquear cualquier investigación.
Así es como las irregularidades del ex presidente Francisco Flores en el manejo de fondos de cooperación taiwanesa no fueron detectados por ninguna de esas instituciones, sino por una estadounidense que le turnó la información a la fiscalía en el marco de otra investigación. Así es como se cerraron las denuncias de corrupción contra el gobierno del expresidente Saca mediante un finiquito y la negligencia de las autoridades.
En anteriores casos, la corrupción ha sido detectada desde el periodismo o las organizaciones de la sociedad civil y rara vez desde las oficinas que los contribuyentes pagan justamente para que detecten actos de esta naturaleza.
La administración que finaliza su mandato el próximo primero de junio entró hace cinco años prometiendo profundos cambios en ese sentido, pero no los llevó a cabo. A pesar de que el propio presidente Mauricio Funes declaró poco después de tomar posesión que el Ejecutivo estaba penetrado por el crimen organizado, no hubo tampoco durante su gobierno, y durante las erráticas administraciones en la Corte de Cuentas de Gregorio Sánchez Trejo y Rosalío Tóchez, un solo caso que permitiera pensar que por fin la contraloría había cambiado de rumbo y podía de verdad vigilar el comportamiento de los funcionarios públicos.
Durante el presente gobierno, El Faro ha publicado varios reportajes que dan cuenta de irregulares contrataciones de servicios a empresas cercanas al presidente: primero Polistepeque, de los brasileños que llevaron la campaña electoral; después COSASE, del empresario más influyente de la presente administración; después incluso extraños contratos de publicidad entregados al yerno de Mecafé y ahora una serie de nombramientos del presidente a familiares y empleados del mismo empresario que deberían automáticamente generar una investigación de las autoridades. Además existen propiedades de más de un millón de dólares, adquiridas por empresas aparentemente sin recursos y sin oficinas, vinculadas a funcionarios y personas cercanas al presidente que exigen una investigación de las autoridades competentes. Estas personas han recibido beneficios directos, e irregulares, de parte de Funes, incluyendo un pasaporte diplomático a una veinteañera cuyo estatus no está contemplado en la ley como merecedora de ese documento oficial.
Todo lo anterior debería dar pie a investigaciones serias emprendidas por la fiscalía y desde luego por las tres instituciones referidas antes. La Corte de Cuentas, a diferencia de lo sucedido antes con el expresidente Saca, difícilmente podrá esta vez otorgar sin un escándalo público un finiquito exprés al presidente Funes sin antes agotar todas las vías de investigación sobre el uso de los fondos públicos en este gobierno, particularmente dado que el mismo mandatario ha negado toda información sobre los gastos de Casa Presidencial y sobre sus viajes.
Funes demostró ser capaz de adquirir todos los defectos que él y su partido denunciaban de las administraciones anteriores, en manos de Arena. Abusó del poder mediante oscuros pactos con otras fuerzas políticas de la misma manera que lo hicieron sus antecesores y cerró las puertas de la información tal como lo hicieron también las anteriores. Utilizó las instituciones y los recursos del Estado para atropellar a la oposición, tal como lo sufrió el FMLN en los años de Arena; y, finalmente, cabe preguntarse si no se benefició personalmente de ello.
La respuesta la deben dar las mismas instituciones que fueron incapaces de detectar irregularidades en los gobiernos de Antonio Elías Saca y de Francisco Flores. Instituciones que han sido manejadas de la misma manera que en los viejos tiempos. Poco se puede esperar de ellas.
El gobierno entrante ha expresado ya su voluntad política de sentarse con todos los sectores y alcanzar grandes acuerdos nacionales. Si de verdad ha aprendido las lecciones de los anteriores ejercicios, debería aprovechar estos espacios para comprometerse y comprometer a todos con la consolidación y la independencia de las instituciones que ejercen contraloría. Es la única manera de combatir la impunidad y de consolidar la democracia. Y de hacer que los ciudadanos recuperen la confianza en el sistema político y la ilusión de que un mejor país es de verdad posible.
