La orden de captura contra el ex presidente Francisco Flores lleva varios meses (y años) de retraso. Todo el país supo que algo irregular había en el manejo de fondos de Taiwán desde el momento en que el propio ex presidente confesó en la Comisión Especial de la Asamblea que no había registrado el ingreso de varios millones y que había dispuesto discrecionalmente de ellos.
La presentación del caso ante los tribunales y la orden de detención llegan apenas tres semanas antes de que prescriba el caso. Pasaron casi diez años, pues, sin que nadie investigara a fondo ni las cuentas de gobierno ni las propiedades personales de Flores. Así que, aunque hoy celebremos un paso muy importante contra la corrupción y la impunidad, es necesario también determinar cómo ejerce el Estado la contraloría sobre sus funcionarios.
La Corte de Cuentas, metida en aquellos años en un contubernio entre el PCN, el PDC y Arena, sirvió más como tapadera y nido de corrupción que como ente contralor. Hoy la Corte de Cuentas ha cambiado de manos, como el gobierno y como la Asamblea. Sus magistrados obedecen a la nueva alianza de fuerzas: FMLN-Gana-PCN. El mal no ha sido remediado.
La Sección de Probidad, que fue amarrada por la Corte Suprema tras una solicitud expresa de banqueros y exfuncionarios del gobierno de Flores poco después de su salida, tampoco pudo después ejercer su labor de revisión de las cuentas bancarias de funcionarios, determinantes para detectar enriquecimientos ilícitos. Y finalmente la Fiscalía, que ahora ha actuado sometida a una tremenda e inevitable presión generalizada para procesar al expresidente antes de que prescribiera el delito. Pero esta fiscalía, como las anteriores, aun no ha sido capaz de demostrar su independencia de algunos poderes políticos y sigue apuntando y engavetando a discreción.
El proceso y la subsecuente orden de captura contra el expresidente Flores, sobre todo a la luz de su propia confesión, es un acto que nos hace mirar con optimismo la posibilidad de que verdaderamente se esté avanzando contra la corrupción. Es un buen principio, pero es un acto aislado. La débil institucionalidad, incapaz de detectar los casos de corrupción a tiempo, aun no ha sido fortalecida. Y quienes deben hacerlo, gobernantes y legisladores, no han mostrado ninguna disposición de resolver el problema estructural. Aún falta mucho camino por recorrer.
El caso demuestra que en El Salvador los presidentes tienen la capacidad de disponer por cuenta propia de cuantiosos recursos sin que nadie les controle. En el caso que nos ocupa, fue la solicitud de información sobre las cuentas del expresidente en el extranjero lo que abrió las sospechas que finalmente fueron confirmadas por el propio expresidente.
El camino para detectar el caso de corrupción ha sido absolutamente irregular; si ha sido posible abrir un proceso contra el expresidente ha sido por casualidad, no porque las instituciones estén funcionando. El caso de hecho demuestra cuánto hay que hacer aún para consolidar la rendición de cuentas en el Estado; para evitar que más funcionarios impunes se sienten tranquilos a esperar una década para conservar lo robado a los salvadoreños.
La corrupción, particularmente en un país pobre como El Salvador, es un crimen mayúsculo. No hay manera de justificar que individuos se beneficien personalmente del Estado en un país en el que el Estado es incapaz siquiera de satisfacer las necesidades mínimas de la mayoría de la población.
