Ciudad de Guatemala, GUATEMALA. Un año después de la histórica condena por genocidio contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, el Congreso negó que ese crimen contra la humanidad hubiera ocurrido en Guatemala durante la guerra civil, una declaración que, aunque sin efecto legal, favorece el clima de impunidad, según grupos humanitarios.
Propuesta por un congresista afín al militar retirado, la resolución no vinculante fue aprobada por 87 de los 158 diputados e insta a los poderes del Estado a propiciar la reconciliación y la paz, 17 años después del fin del conflicto armado que sufrió Guatemala durante 36 años (1960-1996).
'La legislación imperante da cuenta de que los elementos que conforman los tipos penales resulta jurídicamente inviable que se dieran en Guatemala, en cuanto a la existencia en nuestro suelo patrio de un genocidio durante el enfrentamiento armado', indica el documento parlamentario.
El pronunciamiento del Congreso desató de inmediato la polémica por el proceso abierto por ese delito contra Ríos Montt, a quien un tribunal condenó el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión por la matanza de 1,771 indígenas mayas-ixiles durante su régimen de facto (1982-1983).
La condena fue celebrada en grande por organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales. Pero 10 días después, la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial de Guatemala, anuló la sentencia alegando errores procesales y luego ordenó un nuevo juicio, que comenzará el 5 de enero de 2015.
'Es un revés total a la justicia. Para las víctimas es un golpe muy fuerte porque los representantes del pueblo están mandando un mensaje de injerencia a la independencia de los jueces', dijo a la AFP Edgar Pérez, abogado querellante de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR).
Perdón pero no olvido
El ponente de la iniciativa, el diputado derechista Luis Pérez, quien ganó una curul por el partido fundado por Ríos Montt, el Frente Republicano Guatemalteco, argumentó que es necesario trabajar por la reconciliación en el país, lo cual a su juicio no se logra con procesos abiertos de hechos que ocurrieron hace 30 años.
'El punto resolutivo lo que habla es que el juicio (contra Ríos Montt) ha abierto de nuevo las heridas, polarización y confrontación', expresó el legislador.
Según el querellante, aunque el pronunciamiento del Congreso no tiene impacto legal, este podría ser parte de 'un juego peligroso' de los congresistas para influir en el proceso judicial contra Ríos Montt, de 87 años, y beneficiarle con una amnistía para no ser juzgado.
Paralelamente al proceso para el nuevo juicio, la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente de emitir una explicación documentada de la razón por la cual se negó en 2012 a Ríos Montt una solicitud de amnistía.
'Hay un juego muy peligroso del Congreso que pareciera que va tendiente a dejar la vía libre para una eventual amnistía o una ley de punto final', comentó el abogado querellante.
Amílcar Pop, diputado de la exguerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, consideró que la decisión del Congreso 'fortalece la impunidad y la violación' de derechos humanos.
'Esto va contrario al espíritu de las naciones civilizadas que un Congreso esté promoviendo impunidad para este tipo de casos de gravísimas violaciones a los derechos humanos', expresó el querellante.
Aunque la resolución del Congreso busca pasar la página, el abogado de AJR manifestó que la reconciliación y la paz 'no se pueden dar sin el acceso a la justicia'.
'Lo que está diciendo el Congreso es que olvidemos el pasado, que nos pongamos a trabajar, que se busque la armonía, la paz y reconciliación', dijo el presidente del Congreso, Aristides Crespo, también afín al exdictador.
En medio de la maraña legal en torno al proceso judicial, Ríos Montt, de 87 años, pasa sus días en arresto domiciliario y bajo cuidados médicos.
Su régimen de facto, de marzo de 1982 a agosto de 1983, fue uno de los más sangrientos de la guerra que dejó 200.000 muertos y desaparecidos, según un informe de la ONU.
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