Después de las agresivas campañas electorales y de la cerradísima elección, que exacerbaron la polarización y los discursos del miedo, parece haberse abierto una etapa mucho más tolerante que facilitará, de mantenerse, la llegada al poder del nuevo presidente.
Salvador Sánchez Cerén ha demostrado en muy pocos días virtudes que parecían ausentes de la escena política: madurez, prudencia, humildad, disposición al diálogo y un espíritu conciliador que le ha hecho buscar activamente encuentros con quienes están al otro lado del espectro político y económico. En otras palabras, parece haber entendido que la mitad del electorado rechaza su proyecto y que necesita tender puentes para obtener gobernabilidad.
Sus primeros encuentros con la empresa privada y con la oposición política abren la posibilidad de que El Salvador pase a una etapa en la que la política establezca agendas para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños y no para la destrucción de quienes se encuentran al otro extremo del mapa político. Ojalá.
Las circunstancias actuales, con un Estado muy debilitado financieramente y con enormes desafíos económicos y de seguridad por delante, un presidente austero, tolerante, respetuoso y que ejerza su autoridad con humildad será un cambio bienvenido.
Pero para construir el ambiente que permita iniciar la verdadera búsqueda de soluciones a nuestros grandes problemas se necesita que las contrapartes respondan con la misma actitud. Tanto Arena como la empresa privada. Y también que la actitud de Sánchez Cerén se imponga sobre la de aquellos miembros de su propio partido, el Fmln, que parecen hoy más preocupados por mantener los privilegios del poder que por utilizarlo en función de la construcción de un mejor país.
Las reuniones deberían dar lugar a acuerdos mínimos, que incluyan las garantías que el presidente electo ya ha dado sobre respeto a la Constitución, a la libertad de expresión y la democracia. Pero también que incluyan mecanismos para la construcción de una sociedad más igualitaria a través de la mejor distribución de la riqueza; la producción de mayor riqueza, de atención a los más necesitados y la creación de un presupuesto que priorice la inversión social. Es decir, que los sacrificados, esta vez, no sean las clases medias y bajas.
Y hay otro asunto que, de llegar a acuerdos, podría ser fundamental para la transformación del país: el compromiso para nombrar a personas honorables, independientes y valientes en todas las oficinas dedicadas a la contraloría; y el de no proteger a ningún funcionario o ex funcionario que haya cometido delitos de corrupción. Independientemente de su cargo.
