Río de Janeiro, BRASIL. El griterío de los vendedores de bebidas, el traqueteo de las carretillas, las motos y los automóviles no logran silenciar el constante martilleo en los tablones de madera. En muchos de ellos los improvisados carpinteros escribieron sus nombres. Las rectas calles recién trazadas para permitir la circulación alivian un poco la sensación de caos.
Algunos de los nuevos ocupantes vivían antes en la calle. Pero la mayoría pagaba en otras favelas de la zona un alquiler que consideraban abusivo y asfixiaba sus economías, en un contexto de alza de precios generalizada previo al Mundial de fútbol, que comienza en dos meses.
Raffael, de 23 años, llegó al lugar el pasado lunes, con su esposa y su hijo de un año, y solo piensa en quedarse. “La idea es vivir aquí porque no puedo afrontar tanto gasto”, afirma el joven, que no quiere revelar su apellido, mientras da de comer a su hijo.
Muchos otros, sin embargo, reconocen haber llegado al asentamiento como medida de presión para que el gobierno les ayude a financiar su hogar. En la puerta de entrada al recinto, una pancarta que reza 'Queremos vivienda' lo prueba.
Joao Mauricio, de 38 años, uno de los nuevos habitantes de esta favela, estima en alrededor de 800 reales ($349) el costo total de su barraca.
En busca de una solución pacífica
La nueva comunidad, que surgió hace una semana en el barrio Engenho Novo, en la zona norte de Río de Janeiro, ha sido bautizada por sus vecinos y constructores como favela de Telerj, por el antiguo nombre del edificio que ocupa.
La empresa telefónica Oi, propietaria del lugar, solicitó a la justicia recuperar el bien. La policía militar espera que se le dé la orden de desalojo para activar un batallón de choque. No obstante, la alcaldía prevé reunirse esta semana con algunos habitantes para encontrar una solución pacífica. Aún así, se respira una tensión constante por el temor a una intervención policial.
Una de las habitantes que busca ayuda gubernamental es Janaina, de 26 años, para quien “vivir en casa de los otros es horrible”. Janaina carece de empleo y tiene tres hijos, cuyo padre está en la cárcel.
Pero también a quienes no tienen hijos les cuesta mantenerse. Es el caso de Andressa, de 17 años, que cobra 550 reales por mes ($250) por su trabajo en una hamburguesería del centro de la ciudad, menos el descuento para el transporte. Como muchos otros, Andreassa pagaba hasta ahora 400 reales ($180) por un pequeño apartamento individual en otra favela. El sueldo mínimo en Brasil es de 720 reales mensuales ($325).
La eterna espera
La mayoría asegura no haber recibido una respuesta positiva de parte de 'Mi casa mi vida', el gran programa nacional de viviendas sociales creado por el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y ampliado por la actual mandataria Dilma Rousseff. Pocos esperan vivir mejor en un lugar donde todavía no cuentan con servicios básicos como agua corriente, electricidad o saneamiento.
Más de dos millones de personas –un tercio de la población de Río de Janeiro– se concentran en las aproximadamente 700 favelas de la ciudad. Algo menos de un tercio de esas comunidades –casi 200– han sido “pacificadas”, o sea, ocupadas por los agentes del Estado para expulsar al poder paralelo ejercido por narcotraficantes o milicias parapoliciales.
Las 38 comisarías instaladas hasta el momento en estas favelas desde 2008, conocidas como Unidades de Policía Pacificadora (UPP), forman parte de la estrategia de las autoridades para mejorar la seguridad de zonas estratégicas de cara al Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos de 2016.
“Con la UPP, los precios se dispararon”, grita un joven, mientras clava las tablas de madera a pilares del mismo material. “No queremos que la policía entre golpeándonos, sino que la alcaldía llegue ofreciendo una solución”, reclama.
© Agence France-Presse
