Tegucigalpa, HONDURAS. Un comunicado del Congreso hondureño dio a conocer que se “aprobó este jueves una reforma a la Ley de Limitación de la Telefonía Móvil, Celular y Comunicaciones Personales (PCS), que bloquea la señal en las 24 cárceles a nivel nacional, a fin de extender la medida a los centros de internamiento de menores manejados por el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA)”.
El 11 de febrero el Congreso aprobó la legislación a pedido del presidente Juan Orlando Hernández, quien desde que asumió el poder el 27 de enero pasado, emprende una ofensiva contra la delincuencia que tiene a Honduras en primer lugar de homicidios en el mundo.
La reforma aprobada por mayoría de los 128 diputados “establece que está expresamente prohibido a los operadores de telefonía móvil celular y comunicaciones personales, brindar o prestar servicios en los espacios físicos donde funcionan los centros o granjas penales e internamiento de menores del país”, anotó el informe oficial.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, apuntó que se ha comprobado a través de la Inteligencia del Estado, que más del 95% del delito de extorsión era dirigido desde las cárceles. Añadió que incluso se ha establecido que los sicarios que utilizan tienen entre 11 y 14 años, debido a que existe una legislación especial para los menores que cometen a delitos.
Reos adultos están utilizando a esos menores que están en rehabilitación “para que sirvan de transmisores de las llamadas para la extorsión”, denunció el diputado.
Una media docena de centros de rehabilitación de menores funcionan en Honduras, la mayoría administrados por organizaciones no gubernamentales, pero el principal es 'Renaciendo', (del IHNFA) ubicado en Támara, 25 kilómetros al norte de la capital, vecino de la Penitenciaría Nacional, la cárcel más grande del país que tiene más de 3,000 internos.
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