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Corte Suprema se compromete en El Mozote a exhumar a las víctimas del ejército

Daniel Valencia Caravantes / Fotos: Fred Ramos
El Faro / Publicado el 10 de Febrero de 2014
El miércoles 29 de enero, una delegación de especialistas forenses liderada por el Instituto de Medicina Legal llegó a El Mozote para “hacerse una idea” de cómo se harían las nuevas exhumaciones que exige la sentencia condenatoria de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el órgano judicial depende de que la Fiscalía decida ordenar la apertura de nuevas investigaciones.

 

El sacerdote Rogelio Poncel (al centro) conduce a un grupo compuesto por antropólogos forenses y víctimas de la masacre hacia un sitio de exhumación en el que se encontraron alrededor de 15 personas en diciembre de 2011. Foto Fred Ramos

El sacerdote Rogelio Poncel (al centro) conduce a un grupo compuesto por antropólogos forenses y víctimas de la masacre hacia un sitio de exhumación en el que se encontraron alrededor de 15 personas en diciembre de 2011. Foto Fred Ramos

El caserío El Mozote, en Meanguera, Morazán, ya no es lo que era hace 30 años. De un cementerio colectivo y un pueblo fantasma habitado por chiriviscos, matorrales y cimientos tristes de viejas casas derribadas ora por el fuego, ora por las bombas o por el paso del tiempo, ahora es un pequeñísimo pueblito de postal, engalanado por una pequeña y estrecha calle negra y asfaltada que contrasta con todo lo rural que hay detrás de las casas diseminadas a la orilla del camino. Hoy más que nunca El Mozote se ha convertido en el destino turístico por excelencia de la “ruta de la paz”, una guía que ofrece a turistas extranjeros y nacionales un vistoso recorrido por las cuevas, los ríos, los tatúes y el resto de los puntos clave del que otrora fuera uno de los principales frentes de la guerra civil salvadoreña. No se puede subir al norte de Morazán sin pasar por El Mozote. Y eso lo saben bien quienes ahora se benefician de ese turismo. Por eso, a diferencia de cómo era hace nueve años, ahora incluso hay mujeres guías que esperan bajo un chalet, a la sombra de frondosos árboles, sentadas en coloridas bancas de hierro, para ofrecer sus servicios. Las guías son parientes o sobrevivientes de las víctimas de la masacre ocurrida aquí hace 32 años.

Frente a la plaza en la que se conmemora a las víctimas hay tres chalets en los que se venden desde refrescos, comida y pan dulce hasta recuerdos como morrales, camisas estampadas con retratos de monseñor Óscar Arnulfo Romero y artesanías. Estos puestos le han robado el protagonismo a un viejo pozo de agua que antes brillaba en el centro de la calle. Las guías, los puestos, los productos ahora siempre están ahí, en el centro del caserío, porque invariablemente algún turista se asomará para conocer qué pasó en este lugar al cual se llega después de sortear montañas, caminos pedregosos y polvorientos.

En la mañana del 29 de enero, los tres microbuses ‘Coaster’ que entraron al caserío, atiborrados de hombres y mujeres ataviados con mochilas, botellas de agua, gorros, gorras, sombreros, botas de montaña, lentes de sol, cámaras fotográficas eso parecían: una comitiva de turistas extranjeros. Sin embargo -o más bien- no lo eran. La mayoría eran antropólogos forenses provenientes desde regiones tan remotas como Bosnia. Había estadounidenses, canadienses, argentinos, guatemaltecos y salvadoreños. Lideraba la comitiva el director del Instituto de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña.

Liderado por el actual presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, Florentín Meléndez, el Órgano Judicial abrió sesiones desde el lunes 28 para que Fortín Magaña y su equipo debatiera con sus pares y abriera las posibilidades para un trabajo conjunto para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitido en diciembre de 2012. La CorteIDH condenó al Estado salvadoreño por el cometimiento, ocultación y denegación de justicia en la masacre de El Mozote y otros siete caseríos aledaños. Esa masacre, cometida por el ejército salvadoreño y ocurrida en diciembre de 1981, dejó un saldo de un millar de campesinos asesinados. La mitad de ellos niños menores de edad. Un año después de emitida la sentencia, la CSJ ha tomado por fin cartas en el asunto. Y por eso esa comitiva de antropólogos fue hasta El Mozote para conocer ese lugar en el que trabajarían y del que tanto les habían estado hablando.

"¡Acérquense! ¡Acérquense todos!", gritó el padre Rogelio Poncele a la comitiva. Poncele, un sacerdote diocesano originario de Bélgica, fue uno de los muchos sacerdotes católicos que acompañó a la guerrilla durante la guerra, con los pros y los contras que eso significaba en esos años. Él es un museo viviente, y todavía sigue liderando a una comunidad que ve en él a un guía y un representante. La comitiva que llevó la CSJ hasta El Mozote por eso lo ubicó también, para acercarse a una comunidad de víctimas que todavía clama justicia, pero que también pide seriedad. El grupo de especialistas rodeó al padre, que a sus espaldas tenía el monumento a las víctimas: un pequeño jardín con un muro de concreto sobre el cual cuelgan decenas de tablones rellenos con los nombres de las víctimas.

"En este lugar están enterradas algunas de las víctimas de una masacre que demuestra un episodio cruel de El Salvador", dijo Poncele, y luego se detuvo unos momentos para que Cristian Obreo tradujera al inglés sus dichos. Obreo es el director del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, entidad que patrocinó el encuentro de todos los especialistas.

El grupo luego se dirigió al jardín de los niños, un espacio abierto a un costado de la ermita del caserío, bajo el cual yacen los restos de 146 niños masacrados en El Mozote. Al pie de la pared del convento también hay más nombres escritos, y la edad que tenían esas personas cuando fueron asesinadas.

"Siempre me gusta iniciar por este lado: para evidenciar el grado de crueldad que tuvieron los hechores de este horrendo crimen". Y entonces el padre leyó los primeros nombres de la lista, y resultó que algunos de esos niños apenas tenían meses de haber nacido para cuando fueron asesinados.

En el jardín de los niños también habló una de las invitadas principales de la corte Suprema de Justicia. Se trata de Silvana Turno, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Ella y sus compañeros fueron los primeros en exhumar a las víctimas de El Mozote entre 1992 y 1993, a solicitud del juzgado de paz de San Francisco Gotera. Aquellas exhumaciones surgieron gracias a la presión internacional que la desaparecida oficina de Tutela Legal del Arzobispado generó en torno a la causa de El Mozote, abierta en 1990. Fue, también, la prueba irrefutable de uno de los peores crímenes contra población civil ocurridos en los tiempos modernos de América Latina.

Las exhumaciones de 1992 y 1993 contaron alrededor de 400 osamentas -“un 40 % de menores de edad", dice Silvana- recogidas en El Mozote y el resto de caseríos. En aquel tiempo, y pese a la contundencia de los hallazgos, el entonces presidente del Órgano Judicial, Mauricio Gutiérrez Castro, ordenó el cese de las exhumaciones. Luego, en 1993, tras la aprobación de una ley de amnistía, el juez de la causa también cerró el caso amparándose en esa normativa.

Con el cierre de las investigaciones, Tutela Legal del Arzobispado utilizó una “estrategia jurídica” para que el caso siguiera arrojando más pruebas. El exsubdirector de la entidad, Wilfredo Medrano, lo explicó a los visitantes que llegaron a El Mozote.

Medrano y su colega y amigo, Ovidio Jaime (expresidente de la desaparecida oficina) recién han fundado una organización no gubernamental que se llama “Tutela Legal María Julia Hernández”, en honor a la desaparecida líder y fundadora del socorro jurídico para los pobres de la iglesia católica. Medrano y Jaime son, además, los representantes legales de las víctimas de El Mozote ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Tras el cierre del caso, ocupamos la estrategia jurídica de pedir al juzgado de la localidad exhumaciones bajo el argumento de las razones humanitarias”, dijo.

Para que se entienda, las víctimas solicitaban al juzgado y a la fiscalía identificación de las osamentas porque conocían el destino final que habían tenido sus familiares y, con las exhumaciones, buscaban reencontrarse con los suyos para cerrar un duelo que había sido interrumpido.

Entre 1992 y 2013, con apoyo del EAAF y Medicina Legal, se realizaron cinco misiones de exhumaciones en el norte de Morazán. En el 2011 hubo una exhumación más, pero esta fue gracias a un hallazgo fortuito. La familia de Orlando Márquez encontró en el patio de la casa centenares de restos óseos, que invariablemente eran los restos óseos de los padres y hermanos de Orlando (6 personas). Sin embargo, el Equipo de Antropología de Medicina Legal logró contabilizar a 15 personas, y aunque pudieron ser más, los peritos concluyeron que debido al deterioro de los restos era imposible hablar de más personas.

La diferencia entre estas exhumaciones y las nuevas a programar está en el objetivo de las mismas. Las de ahora no solo servirían para que las familias puedan cerrar un duelo, sino además para develar con certeza qué ocurrió en la masacre y deducir responsabilidades para los autores de la misma. O al menos eso ha exigido con la sentencia la CorteIDH.

Medrano, a los invitados de la Corte Suprema de Justicia, ese fue el reclamo que les planteó al pie del jardín de los niños.

“Damos gracias por este paso, pero nos hubiera gustado que fuera mejor coordinado. Aquí hace falta la presencia de la Fiscalía y de la rama jurisdiccional del órgano judicial, es decir, el juez de San Francisco Gotera, para que podamos decir que estamos iniciando el proceso cumplimiento de la sentencia”, dijo Medrano.

Y tiene razón. La ley penal salvadoreña, aunque señala que es Medicina Legal la única autorizada para practicar exhumaciones, esto solo puede hacerlo previa autorización y dirección funcional de la Fiscalía General de la República.

“Nosotros no hemos venido para dar falsas esperanzas o para decir cosas que no son”, respondió el director de Medicina Legal. “Este es un encuentro entre colegas especialistas cuyo objetivo es medir las capacidades reales que tendríamos, en un eventual escenario de trabajo en conjunto. Es también una presentación ante los familiares de las víctimas y una muestra de buena voluntad con la cual la Corte Suprema de Justicia, como cabeza del órgano judicial, está comprometida a cumplir con la parte de la sentencia que le compete, que es hacer un riguroso trabajo científico para dar certeza jurídica de las dimensiones de esta masacre, así como de resarcimiento a las víctimas y sus familiares”, dijo.

Hace cuatro meses, el fiscal general Luis Martínez designó a un vocero para sentar postura sobre el papel de la FGR ante la sentencia de la CorteIDH. Contrario a las administraciones anteriores, la fiscalía de Luis Martínez dijo estar lista para realizar nuevas investigaciones en torno a los crímenes de la guerra, a los que califica como crímenes de lesa humanidad.

A la fecha, sin embargo, entre Fiscalía y Órgano Judicial todavía no hay coordinaciones para arrancar con el cumplimiento de la sentencia. Según Fortín Magaña, él y el presidente de la CSJ, Florentín Meléndez, recibieron una llamada del fiscal general el martes 28, en las que él les comunicaba su preocupación por lo que parecía una investigación liderada por la CSJ sin la presencia de la Fiscalía.

“Y se le explicó al fiscal general que somos respetuosos y que lo único que estamos haciendo es prepararnos para atender la parte que nos compete, y que esta visita de campo era solo una aproximación para hacernos una idea del trabajo que se nos viene”, dice Fortín.

A la fecha, la Fiscalía no ha informado cuándo abrirá nuevas investigaciones para esta masacre. El Faro pidió una reacción a través de la oficina de prensa de la Fiscalía pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

En El Mozote, mientras tanto, los especialistas forenses sí se llevaron una idea clara de lo que se les viene encima. Dorila Márquez, que para la masacre era apenas una jovencita, se los dejó claro. Ella salió de El Mozote días antes de la masacre, y los condujo hasta el patio terroso de la que alguna vez fue su casa, en donde se quedaron sus padres.

"Cuando pude por fin entrar de nuevo, luego de que la guerrillera recuperara el control del caserío… porque la guerrilla hizo que el ejército se saliera, un par de meses después de la masacre… Entonces agarré valor y vine hasta aquí, y recuerdo que encontré ahí una tumba… Los guerrilleros fueron quienes anduvieron enterrando los cuerpos que pudieron…. Entonces estaba alto, no como ahora que está plano… Ahí creo que están mis papás y mis familiares. Y por supuesto que quiero encontrarlos y confirmar que ahí están. Pero no crean, eso es duro. Cuando uno piensa en eso es duro, porque aunque sé que eso me dará alguna alegría, yo sé que será difícil…".

*Nota de la redacción: Como pasos previos para el cumplimiento de la sentencia de la CorteIDH, la Corte Suprema de Justicia ya ha contratado a tres antropólogos forenses de origen canadiense para que apoyen al Equipo de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal (que contaba con tan solo dos peritos y dos técnicos auxiliares). Además, ha firmado un convenio con una universidad canadiense para otorgar pasantías a estudiantes de la carrera de antropología forense, actualmente inexistente en El Salvador. Las misiones de pasantes de Canadá apoyarían en las eventuales exhumaciones en El Mozote y sitios aledaños.

Cristian Obreo, director del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad de Berkley (al centro, camisa amarilla) escucha, junto a antropólogos forenses de Guatemala y Canadá, el relato de una de las víctimas de la masacre de 1981. Fo

Cristian Obreo, director del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad de Berkley (al centro, camisa amarilla) escucha, junto a antropólogos forenses de Guatemala y Canadá, el relato de una de las víctimas de la masacre de 1981. Fo

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