Río de Janeiro, BRASIL. Los narcos no dudan en disparar contra agentes de las Unidades de Policía Pacificadoras (UPP), creadas desde 2008 para imponer la ley en favelas que durante décadas fueron controladas por traficantes o milicianos. Entre los últimos episodios: el 2 de febrero, una policía de 28 años, Alda Castilhos, murió tras recibir un balazo en la espalda.
El domingo 16 de febrero, el pánico se desató en la Rocinha, la mayor favela de Río de Janeiro situada en la zona más rica de la ciudad, cerca del mar, cuando los traficantes dispararon contra los policías. Dos comandantes de las UPP resultaron heridas, incluida la mayor Pricilla de Oliveira, que coordina actualmente las nuevas unidades policiales pacificadoras.
El ministro del Interior del estado de Río, José Mariano Beltrame, lanzó una contraofensiva en el terreno y aseguró que “no retrocederá” en el proceso de pacificación de cara al Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos de Río en 2016: “Nunca tuvimos la impresión de que los feudos que controlaron las favelas durante más de 30 años renunciarían fácilmente. Pero debemos recordar que en el pasado sus acciones criminales eran cotidianas”.
Los traficantes resisten porque la pacificación les hace perder dinero, estimó, pero “sus ataques refuerzan nuestra determinación a llevar la paz a la región”. A día de hoy, 36 unidades de este cuerpo policial con más de 9,000 policías vigilan 252 favelas donde viven 1.5 millones de personas.
En seis años, los homicidios han caído un 65% en las favelas “pacificadas” y 48% en la ciudad.
Para algunos expertos, este recrudecimiento de ataques está en parte ligada al “escándalo Amarildo”. Casado y padre de seis hijos, el albañil Amarildo de Souza, de 47 años, desapareció el 14 de julio de 2013 en La Rocinha, tras haber sido detenido y conducido a la comisaría por policías de la UPP que buscaban información sobre el tráfico de droga en el barrio.
“La implicación de policías (en su desaparición) puso fin a la credibilidad del proyecto UPP. Lo que pasó el domingo en la Rocinha es una demostración de fuerza de los criminales”, afirmó Paulo Storani, antropólogo y experto en seguridad pública. “Los traficantes no son idiotas. Con el caso Amarildo percibieron un momento de fragilidad de la pacificación”, sostuvo el experto en violencia José Augusto Rodrigues, de la Universidad Estatal de Río (UERJ).
“Chantaje”
“Como no pueden reconquistar los territorios perdidos, vuelven a hacer lo que habían hecho en 2010, crean un clima de inestabilidad, de inseguridad. Chantajean –¡Si continúan, sembramos el terror!– con el gobierno para forzarlo a desacelerar la pacificación”, precisó Rodrigues.
El influyente semanario Epoca avanza incluso la tesis del complot político, en una investigación exclusiva titulada El sabotaje contra las UPP. Epoca acusa a un exgobernador de Río, de nuevo candidato a este puesto en las elecciones de octubre, “de llevar a cabo amenazas, espionaje e inventar historias para desacreditar la política de pacificación”.
El político es acusado de actuar con su exjefe de la policía civil, supuestamente cercano a las milicias de extrema derecha que controlan ciertas favelas que no están en manos de narcos. Este policía fue condenado a 28 años de cárcel en 2010 por haber protegido a la mafia de las máquinas tragaperras, pero sigue en libertad a la espera de su condena definitiva.
El ministro del Interior del estado de Río rechazó comentar estas informaciones mientras que el experto de la Universidad Estatal de Río (UERJ) considera la investigación de Epoca “bien documentada y muy plausible”.
Además, el actual gobernador de Río, Sergio Cabral, “perdió el apoyo popular desde la Copa Confederaciones y la revuelta social (en junio). Se tornó muy frágil y esta fragilidad agrava la situación”, consideró.
Pese a todo estimó que el proceso de las UPP es “irreversible”. “Nadie tiene los medios políticos para acabar con ella, toda la población la apoya”, aseveró.
© Agence France-Presse
