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Corte devuelve a Probidad el poder que le quitó cuando investigaba a expresidente Flores

Sergio Arauz
El Faro / Publicado el 9 de Enero de 2014
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia recobró la facultad de pedir informes de las cuentas bancarias de funcionarios y exfuncionarios sobre los que haya indicios de crecimiento patrimonial injustificado. En 2005 la Corte presidida por Agustín García Calderón le quitó esa atribución cuando Probidad investigaba sobre Flores y varios exfuncionarios de su gabinete de gobierno.

La Corte Suprema de Justicia devolvió este jueves a la Sección de Probidad la facultad de pedir a los bancos información de las cuentas de funcionarios y exfuncionarios sobre los que exista indicios de enriquecimiento ilícito. La decisión fue aprobada por 11 magistrados de un total de 15 votos posibles, en momentos en que el expresidente Francisco Flores (1999-2004) es investigado por la Fiscalía General y por una comisión legislativa en relación con un millonario donativo de Taiwán que presuntamente nunca ingresó a las arcas del Estado. De esta manera quedó revocada la decisión tomada en 2005, cuando la Corte presidida por Agustín García Calderón impidió que Probidad investigara indicios de posible enriquecimiento ilícito por parte de Flores y algunos de quienes fueron miembros de su gabinete de gobierno.

Hace casi nueve años, el máximo tribunal, con el voto de 10 de los 15 magistrados, retiró a Probidad la atribución de solicitar informes bancarios sin el aval de la Corte Suprema, y en diciembre pasado un grupo de ciudadanos, entre quienes están las abogadas María Silvia Guillén y Nora Montoya, solicitaron la revocatoria.

El presidente en funciones de la Corte, Florentín Meléndez, incluyó la petición en la agenda de la sesión plenaria de este jueves, y obtuvo el aval, después de algunos argumentos en contra.

En 2005, cuando la Corte recortó las facultades de Probidad, esta oficina documentaba posibles irregularidades en la gestión del presidente Francisco Flores y algunos de sus funcionarios más importantes. El acuerdo de ese entonces decía que “las solicitudes de información que afecten el Secreto Bancario, deben acordarse por Corte Plena y comunicarse a través de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia”.

Los magistrados acordaron este jueves una redacción explícita de las facultades de la Sección de Probidad, que tiene como herramienta principal la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, una normativa con más de medio siglo de vigencia y que sus mismos operadores consideran poco útil para lograr el propósito de combatir la corrupción.

El acuerdo de este día establece que el Jefe de la Sección de Probidad tiene la facultad de requerir cualquier información a bancos, instituciones financieras, instituciones públicas o privadas, personas naturales y jurídicas con el fin de cumplir el mandato constitucional de investigar enriquecimiento ilícito.

La Corte también acordó que en caso de que los bancos incumplan parcial o totalmente esta obligación, el jefe de Probidad debe informar al pleno de la Corte Suprema de Justicia para que este tome las medidas pertinentes. 

Los magistrados que votaron por devolver dicha facultad son Florentín Meléndez, presidente en funciones; Sidney Blanco, Rodolfo González, Ovidio Bonilla, María Luz Regalado, Rosa María Fortín, Elsy Dueñas, Lolly Claros y José Roberto Argueta Manzano, además de los suplentes Juan Manuel Bolaños y Ricardo Alberto Iglesias.

Cuatro de estos magistrados, quienes en principio intentaron matizar la decisión, votaron con la condición de cambiar el concepto de "revocar" el acuerdo de 2005 por la palabra modificar. En la práctica, independientemente se hable de una revocación o de una modificación, desde este viernes 10 de enero, el jefe de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia puede pedir información de exfuncionarios y funcionarios a todos los bancos del país. 

"Se va a publicitar, se publicarán campos pagados, se le va a notificar a los bancos que la Sección de Probidad ya está facultada para pedir cualquier información financiera, de todo tipo, que puede ayudar al trabajo de dicho organismo que tiene como mandato cumplir la Ley de Enriquecimiento Ilícito", explicó el presidente en funciones, Florentín Meléndez.  

El  9 de junio de 2005, poco más de un año después de que Flores había terminado su quinquenio, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordaron acceder a una petición de dos bancos y al respaldo de un tercero en el mismo sentido. Sucedía que José Eduardo Cáceres, jefe de la Sección Probidad, había solicitado al Banco Agrícola y al Banco Salvadoreño informes sobre las cuentas de varios exfuncionarios, cuyas declaraciones patrimoniales le ameritaron "comentarios".

En la lista figuraban, entre otros, el expresidente Francisco Flores y su esposa, Lourdes de Flores; el exsecretario técnico de la presidencia y exministro de Hacienda, Juan José Daboub, y el ex ministro de Economía, Miguel Lacayo. La lista era de al menos 13 nombres, y vinieron el Banco Salvadoreño y el Banco Agrícola, y con el respaldo del Banco Cuscatlán, remitieron una carta al presidente del Órgano Judicial, Agustín García Calderón, en la que objetaban la facultad de la Sección de Probidad para pedirles informes. Los bancos argumentaron lo siguiente: "Revisando las disposiciones respectivas… no encontramos en ninguna de ellas disposición que faculten expresamente ni a la Sección de Probidad ni a la misma Corte Suprema de Justicia para solicitar información bancaria".

Este jueves, los magistrados deliberaron que esa argumentación no tenía sustento. Dicha decisión ocurre un día después de que el expresidente Flores declaró en una comisión legislativa que recibió al menos $15 millones de Taiwán y que nadie controló cómo usó el dinero.

La Fiscalía ya investiga ese caso. El 23 de agosto de 2013, la Fiscalía General de la República pidió a la sección de Probidad de la Corte Suprema  los informes sobre Flores y otros funcionarios de su gobierno. Los fiscales, en este punto, le apostaban a la estrategia de cruzar cifras e informes; es decir, averiguar si el dinero que se movió en cuentas locales y extranjeras está reflejado en los informes de Probidad o si había incrementos patrimoniales que los exfuncionarios no podían justificar.

En 2005, Probidad detalló en su informe una serie de “omisiones, inconsistencias e irregularidades” detectadas en las declaraciones patrimoniales del expresidente Flores y 12 exfuncionarios de su gabinete. Aparte de Flores, su esposa, Daboub y Lacayo, la lista incluía a la excanciller María Eugenia Brizuela; al exviceministro de Obras Públicas Carlos Mauricio Duque González; al expresidente del FSV Edgar Ramiro Mendoza Jerez; al expresidente de CEPA Ruy César Miranda González; al expresidente del INDES Enrique Molins Rubio; al exsecretario privado de la Presidencia, Aldo Vinicio Parducci Meléndez; al exvicepresidente Carlos Quintanilla Schmidt; al exdirector del ISSS Mauricio Ramos Falla; al expresidente de CEL Guillermo Alfredo Sol Bang, y al exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado, Flavio Villacorta.

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