Santiago, CHILE. Tras un juicio que duró seis años, se espera que la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) se pronuncie el 27 de enero sobre el conflicto territorial marítimo que opone a Chile y Perú en el océano Pacífico. Perú presentó una demanda ante la CIJ en enero de 2008 reclamando la soberanía sobre una porción marítima de cerca de 95,000 kilómetros cuadrados ricos en recursos pesqueros, que se halla bajo el control de Chile.
Según Lima, estas fronteras marítimas nunca fueron delimitadas, mientras que para Santiago, los límites actuales fueron fijados por dos tratados en 1952 y 1954.
Estas fronteras son herencia de la Guerra del Pacífico (1879-1883), también llamada Guerra del Salitre, en la que Chile triunfó, Perú perdió una cuarta parte de su territorio y Bolivia su acceso al mar.
De hecho, el Estado boliviano también presentó, en abril del año pasado, una demanda en La Haya para que la CIJ “declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo rápido y eficaz que otorgue (a Bolivia) un acceso plenamente soberano al océano Pacífico”. Este país andino y amazónico perdió su salida al mar hace más de 130 años, al quedar despojado de 120,000 kilómetros cuadrados que comprendían una franja de 400 kilómetros de costa.
En su historia reciente, este aislamiento implicó pérdidas enormes a Bolivia, hoy uno de los países más pobres de Sudamérica. Por ello recuperar el acceso al mar se ha convertido desde hace casi un siglo en una apuesta clave, parte de la Constitución, y una reivindicación recurrente del presidente izquierdista Evo Morales.
El mandatario boliviano declaró que su iniciativa había sido motivada por una década de intentos de diálogo infructuoso.
En marzo de 2013, su par chileno, Sebastián Piñera, recordó que su país defendería “con toda la fuerza de la unidad nacional, la historia y la verdad, su territorio, su mar, su cielo y también su soberanía”.
Nicaragua contra Costa Rica y Colombia
La CIJ, la más alta instancia judicial de Naciones Unidas, no dispone de medios coercitivos para hacer aplicar las decisiones, pero éstas son generalmente respetadas debido al acuerdo previo de las partes.
Para el experto en derecho internacional Olivier Ribbelink, del instituto Asser en La Haya, “hay que relacionar los numerosos procesos latinoamericanos ante la CIJ con el hecho de que (estos países) la ven como una herramienta que funciona para resolver los conflictos”.
“Es un tema de prestigio para muchos de estos países”, añade en una entrevista con la AFP.
Además de los expedientes espinosos que involucran a Chile, Perú y Bolivia, los magistrados de la CIJ deberán seguir intentando solucionar el pleito que opone a Colombia y Nicaragua sobre una zona marítima de 70,000 kilómetros cuadrados.
A fines de noviembre, Nicaragua se presentó nuevamente ante la CIJ para denunciar el no respeto de un fallo de 2012 que delimitaba sus fronteras con Colombia, en un caso que empaña las relaciones bilaterales.
La decisión de la corte devolvió entonces a Nicaragua el control de dicha extensión, antes bajo el control de Colombia. Según Bogotá, la decisión no es aplicable debido a la falta de garantías para los habitantes de las islas colombianas que forman el archipiélago de San Andrés, rodeado por aguas ahora atribuidas a Nicaragua.
Después del fallo, las autoridades colombianas también denunciaron el pacto de Bogotá, un tratado que data de 1948 y que prevé el reconocimiento de la autoridad de la CIJ para los contenciosos fronterizos.
Nicaragua, además, mantiene un diferendo con Costa Rica por un islote de tres kilómetros cuadrados en la desembocadura del río San Juan. Llamada Isla Portillos por Costa Rica y Harbour Head por Nicaragua, esta isla había sido ocupada por el ejército nicaragüense en 2010, lo que llevó a San José a llevar el caso ante la CIJ, que lo sigue estudiando.
Por otro lado, estos dos países de Centroamérica mantienen una disputa ante la CIJ sobre la soberanía de la región de Guanacaste, ubicada en el norte de Costa Rica.
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