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Nacionales / Impunidad y memoria histórica
Arzobispado ahora dice que Tutela Legal sí tenía razón de ser

El lunes la jerarquía católica dijo que Tutela Legal ya no tenía agenda vigente como protectora de derechos humanos, pero este miércoles el arzobispado explicó que la oficina se cerró porque quiere 'adecuar de mejor manera' su labor. Mientras tanto, a las voces de protesta a nivel internacional, se sumó la del CJA, el organismo que demandó en España a la veintena de militares acusados de asesinar a los jesuitas. El procurador de Derechos Humanos anunció que si la iglesia se opone a una inspección del archivo, la PDDH pediría que esa inspección sea ordenada por un juez.


Fecha inválida
Gabriel Labrador y Daniel Valencia Caravantes

Tres días después de cancelar la oficina de Tutela Legal del Arzobispado porque ya no tenía sentido su existencia, la jerarquía católica salvadoreña canceló una conferencia de prensa prevista para la tarde de este miércoles en la que iba a explicar la clausura del socorro jurídico creado por monseñor Óscar Romero en 1977, y en su lugar emitió un escueto comunicado en el que promete garantizar la salvaguarda del archivo histórico de la oficina y crear un nuevo organismo que retome el papel de Tutela Legal, pero adaptado a los nuevos tiempos.

El lunes, la explicación que daba un vocero de la Curia episcopal era otra. “La oficina ya no tiene razón de ser”, dijo a El Faro Rafael Urrutia, vicecanciller de la Curia. Empleados de Tutela Legal despedidos confirmaron a El Faro que esa era la explicación que habían escuchado el lunes 30 por la mañana, cuando les comunicaron la clausura del organismo creado para atender las necesidades de justicia de los pobres en El Salvador.

Urrutia dijo a este periódico, al mediodía del lunes, que eso era lo que pensaba el arzobispo José Luis Escobar Alas. Pero en un comunicado difundido la tarde de este miércoles, la jerarquía católica se contradijo pues recalcó, en al menos dos ocasiones, que incluso era necesario que el trabajo de Tutela Legal se revitalizara. “Esta arquidiócesis, con el fin de adecuar de una mejor manera sus estructuras en el área de resguardo, acompañamiento y defensa de los derechos de las víctimas en los tiempos actuales (...) disolvió la oficina de Tutela Legal del Arzobispado”, dice el comunicado hecho público este miércoles.

La aparente retractación ocurre cuando se incrementan las manifestaciones en contra de la decisión de Escobar Alas. Este miércoles también el Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA), el organismo no gubernamental que lucha por los derechos humanos y que es querellante contra los 20 militares salvadoreños acusados en España por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, condenó el cierre de Tutela Legal. 'El archivo de Tutela Legal contiene el 80 % de todos los documentos disponibles sobre denuncias de abusos de derechos humanos', hizo ver el CJA en su página en Facebook.

La principal preocupación tras el cierre de Tutela Legal ha sido el destino de los miles de archivos que contienen denuncias por las violaciones a los derechos humanos cometidas antes, durante y después de la guerra civil. Alrededor de 50 mil archivos entre testimonios escritos, audios y videos de las víctimas denunciantes. Archivos que eventualmente podrían ser utilizados para abrir causas en la justicia común. El lunes 30, el Procurador de Derechos Humanos, David Morales, se pronunció a favor del resguardo de esos documentos, y más tarde anunció que pediría una reunión con el Arzobispo José Luis Escobar Alas para tratar el tema. Por el resguardo de los archivos también clamó el presidente Mauricio Funes, quien además ofreció la colaboración del Ejecutivo para esa tarea. Tras el silencio de la curia, y un día después del comunicado del Arzobispo, el jueves 3 de octubre, David Morales anunció una medida cautelar en su contra. Morales dijo que si la iglesia se opone a una 'inspección' del archivo de la desaparecida oficina, la PDDH pediría una orden judicial de inspección. Morales, que se formó en Tutela Legal, cuando la oficina era dirigida por su histórica directora, María Julia Hernández (ya fallecida), señaló que está dispuesto a que sea la PDDH la institución garante de la custodia y resguardo de ese archivo.

El arzobispado, en su comunicado, dijo que el propósito tras el cierre de la oficina es ajustar las funciones de Tutela Legal, cuyos 12 empleados fueron despedidos sin previo aviso y sobre cuyo futuro no se pronuncia aún la Iglesia. “Prestar asistencia legal y social es una función que no puede solo enfocarse a los derechos humanos que se vieron transgredidos en aquel momento histórico (la guerra) sino adaptarse a las nuevas exigencias”, se lee también en el comunicado firmado por el arzobispo Escobar Alas y el canciller de la curia, Rogelio Esquivel.

El lunes al mediodía, cuando Urrutia ya estaba en su casa de descanso en la colonia Miramonte, este explicó que la agenda de derechos humanos ya no estaba vigente como antes. Su frase no deja lugar a dudas. “A monseñor Escobar Alas le parece que es un momento en el que están superados y que oficialmente no hay violación de derechos humanos; y que por lo tanto, la oficina de Tutela Legal, así como desapareció la madre de Tutela Legal, que era Justicia y Paz, ya no tiene sentido. Por eso decidió clausurarla”, dijo Urrutia. “Al arzobispo le parece que estamos en unas condiciones en que Tutela Legal ya no tiene el sentido de ser con el espíritu que nació”, agregó.

Si tal como dijo Urrutia ya no hay violaciones a derechos humanos, ¿cuál es el sentido de crear una nueva instancia con las mismas funciones como anunció la iglesia en su comunicado? El documento dice. “(...) se ha creado mediante decreto eclesiástico una comisión ad hoc (que) realizará un informe final en el que propondrá las reformas organizativas y estructurales por las (cuales) la Arquidiócesis creará, en un futuro, un nuevo organismo arquidiocesano, fundado en los valores de justicia y paz, que continúe garantizando la defensa de los derechos humanos de las víctimas de nuestra sociedad actual”.

Según el documento, la comisión ad hoc es temporal y también asumirá las áreas jurídicas, administrativas y financieras que tenía Tutela Legal. Además “finalizará” y “liquidará” los proyectos que estaban a cargo de ella.

Aunque existe la posibilidad de que efectivamente la cúpula de la Iglesia Católica haya decidido repotenciar la labor de protección de derechos humanos, esta visión de trabajo ya había sido aprobada para Tutela Legal hace 17 años, cuando al frente de la Iglesia estaba monseñor Fernando Sáenz Lacalle. En 1996, Sáenz Lacalle ordenó que la oficina se adaptara a los nuevos tiempos y propició que se ampliara el abanico de los derechos humanos cuya protección la oficina debía asistir. Lejos de cerrarla, Sáenz Lacalle amplió su área de trabajo incluyendo la salvaguarda de los derechos económicos, sociales y culturales. No obstante, en el comunicado, el arzobispado no aclara en detalle el significado de la actualización necesaria de las funciones de la nueva entidad.

Una tercera interrogante sale a la luz cuando en el comunicado el arzobispado explica que pese a intensa reflexión e investigación que hubo detrás del cierre de Tutela Legal, aún no está definido el final que tendrá todo lo relacionado a la oficina. “(Hubo) un amplio trabajo de investigación sobre el actual desempeño de la Oficina de Tutela Legal”, reza el comunicado de este miércoles, aunque según este mismo documento parece que la reflexión no alcanzó para evitar que los documentos y casos que llevaba Tutela Legal quedaran en el limbo pues, como se apuntó antes, será una comisión la que dictamine qué hacer con ellos.

A pesar de que Urrutia dijo el lunes que la clausura de la oficina no era una idea que había surgido de la noche a la mañana, hay algunos aspectos que apuntan en el sentido contrario. El decreto eclesiástico que disuelve oficialmente Tutela Legal tiene fecha de lunes 30 de septiembre, el mismo día en el que por la mañana fueron despedidos los 12 empleados de la oficina. Además, había religiosos de la alta jerarquía católica como Rafael Urrutia, vicecanciller de la Curia, que supieron de la decisión solo hasta el viernes 27. El arzobispado informa además en su comunicado que desde el martes 1 de octubre se creó un “Centro de documentación y archivos” para resguardar los cerca de 50,000 denuncias de violaciones a derechos humanos recopilados por esa oficina desde 1977 hasta la fecha. Lo reciente de la creación de de ese centro de documentación pone en tela de juicio lo reposado de la decisión del arzobispo.

La comisión ad hoc, que será la que al final determinará el futuro de todo el trabajo pendiente que dejó Tutela Legal, tampoco tiene fecha de creación, solo se indica que fue creada por decreto eclesiástico, lo que permite suponer que es el mismo que fue firmado por Escobar Alas hasta el 30 de septiembre. El arzobispado no explicó si esa comisión fue creada hace siete meses cuando, como explicó el exsubdirector de Tutela Legal Wilfredo Medrano, el arzobispo empezó a pedir un reporte de actividades de la oficina. O si por el contrario, es de creación reciente. El comunicado del arzobispado solo dice que la comisión ad hoc se creó para “finalizar y liquidar los proyectos que estaban a cargo de esta oficina, para que asuma las áreas jurídicas, administrativas y financieras, con un carácter provisional y transitorio”.

Por último, el lunes, cuando a Urrutia se le preguntó cómo se garantizaría el resguardo del archivo histórico de Tutela Legal, él dijo que sería la comisión ad hoc la que tendría que resolver ese escollo. “Ahí está. Eso no se pierde. La comisión tiene que velar por eso. Administrar el archivo, cuidarlo”, pero sin embargo, este miércoles anunció la creación del Centro de documentación y archivos.

Este miércoles por la mañana, el obispo auxiliar del arzobispado, Gregorio Rosa Chávez, dijo a El Faro que se sentaría postura oficial sobre el cierre de la oficina durante la tarde mediante una conferencia de prensa que él presidiría. Luego, tras una reunión que sostuvo la Curia en el arzobispado, trascendió que, por orden del arzobispo Escobar Alas, lo que se enviaría a los medios de comunicación sería un comunicado, según confirmó un asistente de la alta jerarquía de la iglesia. Escuetamente, Rosa Chávez había dicho por la mañana que el mensaje que se brindaría en la conferencia “iba en sentido positivo y de respaldo” a la decisión de Escobar Alas.

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Comunicado del arzobispado con fecha 2 de octubre 

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