En el cuadragésimo aniversario del catastrófico 11 de septiembre chileno, las políticas que Estados Unidos perseguía en ese momento pueden arrojar varias lecciones importantes para las decisiones que deberían (y las que no deberían) ser tomadas en Siria.
Terry L. Karl es profesora de Estudios Latinoamericanos y profesora de Ciencias Políticas en la universidad de Stanford, en California. Recientemente ejerció como testigo experto para el gobierno de E.U.A., en el juicio contra el ex viceministro de Seguridad Pública salvadoreño, Inocente Orlando Montano, encontrado culpable de fraude migratorio y acusado en España por los asesinatos, en 1989, de los seis sacerdotes de la UCA, una empleada doméstica y su hija.
Lección 1: Cuidado con tomar partido
Después de que el político del Partido Socialista chileno, Salvador Allende, ganó la elección presidencial de 1970, el entonces Secretario de Estado de E.U.A., Henry Kissinger, ayudó a orquestar el derrocamiento del gobierno de Allende. Pero si la elección entre aliados y enemigos es aparentemente clara para quienes deciden las políticas, las consecuencias de estas elecciones no lo son.
El régimen de Pinochet se caracterizó por sus extensas violaciones a los derechos humanos, y el general Augusto Pinochet había sido acusado de más de 300 crímenes al momento de su muerte. Estos incluyeron secuestro; asesinato; malversación de fondos públicos; tráfico de drogas ilegales y de armasñ y evasión fiscal. Menos conocido es el involucramiento del régimen de Pinochet en la producción clandestina de armas químicas y biológicas, incluyendo gas sarín, antrax y botulismo, que fueron utilizados contra sus opositores.
Vaya aliado.
Similares consecuencias han dañado la elección de “amigos” desde Pinochet. En El Salvador en los ochentas, las Fuerzas Armadas apoyadas por Estados Unidos cometieron, en palabras del ex embajador de E.U.A. en San Salvador, Edwin Corr, la “vasta mayoría” de miles de violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil. Los oficiales del ejército también cometieron secuesros para lucrarse, inventaron soldados fantasmas para embolsarse sus salarios y traficaron armas y niños.
En Afganistán hoy, el Presidente Karzai, apoderado de decenas de millones de dólares de llamado “dinero fantasma” de la CIA, preside sobre fuerzas represivas, mientras miembros de su familia amasan grandes fortunas vinculadas a la ayuda estadounidense, la corrupción y el tráfico de drogas.
En Irak, Estados Unidos ayudó a Sadam Husein durante la guerra contra Irán, incluyendo al menos 70 embarques de material para fabricar armas químicas y biológicas con las que fueron asesinados al menos 5 mil iraníes y miles de kurdos que murieron después en el ataque químico a Halabja. Cuando la administración Bush optó por un cambio de régimen contra Sadam en 2003, asistió a sus nuevos amigos chiítas estableciendo escuadrones de la muerte casi oficiales destinados a sofocar a la resultante insurgencia suní a través del terror, asesinatos y torturas.
Observadores de Siria, vayan con cuidado: “El menor de dos males” puede ser, de hecho, un mal.
Lección número 2: No hay que ventilar el fuego
La mayoría de las intervenciones militares tienden a propagar la violencia, a menos que exista el compromiso de la total derrota del enemigo, de una ocupación a largo plazo y el gasto de billones de dólares comparables al Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial. No hay que esperar pronto un compromiso de ese tipo.
La “segunda opción” preferida, una intervención militar limitada, permite que aliados indeseados expandan sus horizontes cuando los resultados de esa intervención se complican -y se complican-.
Así el General Pinochet, no satisfecho con mantenerse en sus fronteras, convirtió a Chile en el centro de inteligencia de América Latina lanzando la Operación Cóndor en 1975. Basado en información compartida y asistencia para asesinar entre los regímenes mlitares latinoamericanos que buscaban erradicar movimientos opositores, sus métodos preferidos incluían secuestros, asesinatos extrajudiciales y tortura. Los “archivos del terror” revelan de manera escalofriante la suerte de las víctimas de esta guerra sucia sudamericana: más de 50 mil latinoamericanos asesinados; 30,000 'desaparecidos' y 400,000 detenidos.
Que Estados Unidos proveyera asistencia estratégica organizacional, financiera y técnica a la Operación Cóndor es incuestionable. A pesar de este apoyo, la red terrorista Cóndor al final alcanzó el corazón geográfico del gobierno estadounidense con el aentado de 1976 en Washington, que terminó con la vida del ex canciller chileno Orlando Letelier y su asistente, Roni Moffitt. Traspasando una “línea roja” previamente considerada sacrosanta, estos asesinatos de la Operación Cóndor pueden ser los primeros atribuibles a un ataque terrorista extranjero en suelo estadounidense.
La lección para Siria es evidente: Lo que inició como una revuelta interna en Siria se ha convertido ya en una catastrófica guerra civil asistida -aún antes de una abierta intervención militar- con la CIA entrenando rebeldes sirios en Jordania, y tanto Israel como Arabia Saudí llamando con urgencia a bombardeos estadounidenses a los que Rusia e Irán se oponen. Si Estados Unidos escala militarmente su involucramiento, el beneficiario a mediano plazo será seguramente la fuerza combatiente más efectiva contra el régimen de Assad: el Frente Habhat al-Nusra, vinculado a Al Qaeda. En resumen, ventilar este fuego podría resultar tanto en un golpe dentro de Estados Unidos como en una guerra regional que haría parecer menor el terror de la Operación Cóndor.
Lección 3: Promueve Derechos Humanos, No Intervenciones Militares
El arresto sin precedentes del General Augusto Pinochet en 1998, ordenado por un juez español por “crímenes contra la humanidad” cometidos en Chile, se convirtió en un parteaguas. Como resultado, algunos criminales de guerra han sido procesados alrededor del mundo. Adentro de Estados Unidos, juicios civiles, penales y migratorios han logrado establecer alguna responsabilidad por crímenes contra la humanidad cometidos en otros países, mucho después de los hechos y aun ante la existencia de leyes de amnistía.
Pero el establecimiento jurídico de estas responsabilidades no es simplemente el resultado de las acciones de un juez heroico. Es la culminación del asombroso crecimiento de un movimiento trasnacional de derechos humanos, originalmente compuesto por activistas chilenos y políticos democráticos vinculados a defensores de derechos humanos alrededor del mundo, que crearon suficiente presión para cambiar las políticas de gobiernos y tribunales recalcitrantes. (La membresía de Amnistía Internacional, por ejemplo, aumentó de apenas tres mil miembros a 50 mil en los dos años posteriores al golpe chileno. Hoy Amnistía Internacional cuenta al menos con tres millones de miembros en 150 países). Este movimiento ha establecido perdurables patrones de cooperación para lidiar con la represión y está estableciendo influyentes nueva normas de derechos humanos.
La lección aquí es que la política de Estados Unidos hacia Siria no debería ser vista como decidir entre una acción militar o ninguna acción. El uso de armas químicas y biológicas ha sido un crimen de guerra desde 1925, y el Presidente Obama tiene razón en argumentar que aquellos que las utilizan deben ser responsabilizados por sus actos. Pero el gobierno de Estados Unidos no es un promotor creíble de estas protecciones a los derechos humanos, dado el record de sus propios aliados en la reiterada utilización de armas de destrucción masiva con el conocimiento y encubrimiento de oficiales estadounidenses. Por tanto, como dijo el presidente Obama el martes pasado, la política estadounidense debería dirigirse a lograr una acción multilateral, especialmente con Rusia, para confinar la expansión de un conflicto regional, apoyar información creíble y fáctica de Naciones Unidas o de otros equipos investigadores, y detener el uso de estas armas.
Cuarenta años después del golpe, la lección medular de Chile para Estados Unidos es que las protecciones de los derechos humanos deben agregarse a su conjunto de políticas. La administración Obama debería comprometerse, en los términos más fuertes posibles y en alianza con otros poderes mundiales, a trabajar con defensores de derechos humanos para encontrar y llevar a juicio a aquellos que ordenaron e implementaron el uso de armas de destrucción masiva.
Esto no terminará con la violencia en Oriente Medio. Pero una acción gubernamental concertada, cando se combina con presión de movimientos transnacionales de derechos humanos, podría asegurar que la penalización de crímenes contra la humanidad en Siria no tome ni por cerca todo el tiempo que tomó en Chile.
