Opinión /

Extorsiones sin controles


Lunes, 2 de septiembre de 2013
El Faro

El sistema Tigo Money fue pensado para facilitar las transferencias de las capas medias y medias bajas. Fue pensado como un negocio legítimo que generara ganancias a cambio de hacer más cómoda la vida de la gente. Pero la manera en que hace transferencias de dinero no está regulada por la legislación salvadoreña. Y pero…

Los pandilleros han encontrado en Tigo Money la tecnología perfecta para extorsionar y lavar dinero, sin controles del Estado.

Tigo Money lleva más de dos años operando en El Salvador a través de una empresa satélite de Tigo llamada Mobile Cash. Y las autoridades llevan casi el mismo tiempo recibiendo información y denuncias de que los pandilleros utilizan este sistema para extorsionar.

Pero hasta ahora el Estado ha sido incapaz de regular Tigo Money o de imponerle condiciones para controlar las transferencias o de someterla a la supervisión de las entidades estatales que autorizan y regulan el sistema financiero. Simplemente permiten que este sistema siga operando en el hueco de la legislación salvadoreña, probablemente porque los afectados no son ciudadanos que tengan un poder económico o político que permita que su problema se vuelva prioritario para las autoridades.

O porque los beneficiados son los pandilleros a los que las autoridades y mediadores que impulsaron la llamada tregua han justificado, argumentando que mientras no encuentren otra vía de subsistencia económica seguirán viviendo de las extorsiones.

Policías, fiscales, jueces y hasta el nuevo ministro de Seguridad Pública reconocen que Tigo Money ha disparado las extorsiones. ¿Por qué, entonces, le permiten seguir operando sin imponerle urgentemente controles? ¿No es la extorsión un problema prioritario para el Estado? Probablemente no, mientras las víctimas no tengan la capacidad de ejercer una presión incómoda.

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